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Pora Leonel Herrera*
Los líderes comunitarios y defensores ambientales de Santa Marta y ADES siguen encarcelados en condiciones que son desconocidas, pues su defensor legal no los ve desde el 7 de marzo, hace más de dos meses, y sus familiares desde el 19 de enero, hace cuatro meses.
A pesar de que un juzgado de vigilancia penitenciaria de San Salvador y otro de Santa Tecla han emitido autorizaciones para que su abogado los pueda ver, la Dirección de Centros Penales, que tiene por norma incumplir resoluciones judiciales, se niega a permitir el acceso.
La única información oficial sobre ellos proviene de unos informes de peritajes del Instituto de Medicina Legal del 18 de abril, hace más de un mes, que ordenan a las autoridades penitenciarias dar tratamientos médicos a todos los detenidos.
Y ahora sucede algo que llama gravemente la atención: uno de ellos, el abogado de ADES, Saúl Rivas Ortega, ha sido enviado al penal de Izalco, donde varios reos han muerto durante el régimen de excepción, asesinados por pandilleros o a consecuencia de palizas dadas por custodios y policías.
Tal como advierte el abogado Denis Muñoz, resulta extraño que Rivas Ortega, quien padece diabetes y otras enfermedades crónicas, sea sacado del centro médico penitenciario de Quezaltepeque y llevado al penal de Izalco que recluye principalmente a pandilleros. Esta cárcel es la más peligrosa: más del 60% de los asesinatos de reos en el régimen de excepción se ha cometido ahí.
(https://twitter.com/ades_sm/status/1659304031490015235?cxt=HHwWhoCwtbWOhIcuAAAA)
Detrás de tan irresponsable decisión podría estar el macabro objetivo de que uno de los ambientalistas detenidos sea asesinado. ¿Por qué otra razón las autoridades penitenciarias lo enviarían a una cárcel que es un “matadero” en vez de una más segura donde su integridad, su salud y su vida estén resguardadas?
El hecho es grave, muy grave, gravísimo. Nayib Bukele debe reflexionar y evitar que su gobierno se manche las manos con sangre de ambientalistas que son héroes nacionales porque ayudaron a salvar al agua, el medioambiente y la vida de los mortales daños de la minería metálica. El presidente debe ordenar a su director de Centros Penales y a su ministro de Seguridad que no permitan esa barbarie.
Ayer el gobierno de Bukele dio una buena señal: revirtió la abusiva e ilegal detención de Manuel Gámez Morales, hijo de la lideresa ambiental Vidalina Morales. Después de una fuerte presión ciudadana en redes sociales y gestiones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Policía liberó al joven inocente detenido arbitrariamente bajo el régimen de excepción con la acusación falsa de colaborar con pandillas.
(https://twitter.com/ades_sm/status/1659366538443476994?cxt=HHwWhMC-webEoIcuAAAA)
Ojalá el sentido de legalidad, responsabilidad, sensatez y humanidad se impusieran, y así también se revirtiera la detención de los líderes ambientalistas para que continúen el proceso judicial en libertad, como propone la defensa legal y lo ha pedido también Naciones Unidas a través de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, quien esta semana expresó públicamente su preocupación y pidió la libertad de los activistas ambientales.
(https://twitter.com/MaryLawlorhrds/status/1658490975009017856)
La lección confirmada por la pronta liberación de Manuel Gámez Morales es que solo una fuerte presión pública puede obligar al régimen de Bukele a rectificar. En tal sentido, los líderes ambientalistas criminalizados, enjuiciados y encarcelados injustamente sólo podrán ser liberados si la presión nacional e internacional sigue creciendo hasta que el costo político sea insostenible para los captores.
*Periodista y activista social.
