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Gobierno argentino denuncia «vil» acusación de fiscal contra Kirchner en causa AMIA

Buenos Aires/AFP

El gobierno argentino rechazó la que llamó «vil» denuncia de un fiscal que pidió indagar a la presidenta Cristina Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, por supuestamente diseñar un plan para encubrir a Irán en la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.

«Luego de años de contar con el respaldo político del (expresidente) Néstor Kirchner y la actual presidenta, el fiscal acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista», señaló una declaración titulada «AMIA: Una vez más sin justicia y sin verdad» que leyó Timerman en la Casa Rosada (gobierno).

Alberto Nisman, fiscal especial para investigar el atentado que dejó 85 muertos y 300 heridos en Buenos Aires en 1994, presentó el miércoles una denuncia de 300 páginas y pidió indagar a Kirchner y Timerman, entre otros.

Además, dictó un embargo preventivo sobre sus bienes por 200 millones de pesos (23 millones de dólares).

Según el fiscal, el gobierno de la presidenta Kirchner ideó un «sofisticado plan delictivo» destinado a favorecer a Irán y desvincular definitivamente a los sospechosos que son buscados por la Justicia argentina.

La denuncia de Nisman se enmarca en una serie de enfrentamientos entre altos funcionarios del gobierno y parte del poder judicial.

En Argentina, los fueros protegen a un funcionario o legislador de ser  detenidos pero sí pueden ser indagados, procesados y juzgados.

«En vez de investigar a los sospechosos, (Nisman) se dedicó clandestinamente a investigar a la presidenta», acusó el canciller, y enmarcó la denuncia en «temporales intereses electorales».

Nisman había sido designado en 2004 por Néstor Kirchner como fiscal especial para la causa AMIA, luego de que el año anterior un juicio fuera anulado por irregularidades en la investigación.

Sorpresa del juez

El juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, negó este jueves haber ordenado las escuchas telefónicas sobre las que se basa la denuncia de Nisman y la vinculó a supuestos contactos del fiscal con la Secretaría de Inteligencia, que viene de ser descabezada por la mandataria.

«Yo no he intervenido, yo no autoricé esas escuchas. Las escuchas no son una prueba en sí y menos éstas que fueron hechas sin ningún tipo de control», dijo el juez al canal de noticias CN23.

Canicoba Corral se manifestó «muy sorprendido» porque «hay cosas raras, pareciera que el fiscal ha abierto una investigación independiente».

Nisman presentó la denuncia al considerar que en 2011 se empezó a «negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía».

Según la denuncia del fiscal enviada al juzgado federal del magistrado Ariel Lijo, el gobierno de la presidenta Kirchner ideó un «sofisticado plan delictivo» destinado a favorecer a Irán y desvincular definitivamente a los sospechosos que son buscados por la Justicia argentina.

Lijo, quien está también a cargo de una investigación contra el vicepresidente Amado Boudou, está de vacaciones y la jueza que lo reemplaza dijo que esperará su regreso.

El fiscal calificó de «maniobra» la estrategia del Gobierno que llevó a que se firmara en 2013 un Memorando de Entendimiento con Teherán con la participación de Timerman, del diputado Andrés Larroque y del dirigente comunal Luis D’Elía, ambos oficialistas.

El gobierno de Kirchner ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque.

Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.

La dirigencia de la comunidad judía argentina, la mayor de América Latina con 300.000 integrantes, que se opuso drásticamente al Memorandum con Irán, convocó a una reunión de urgencia para este jueves tras reunirse con Nisman.

Organizaciones de familiares de víctimas dijeron «no creerle nada» al fiscal y repudiaron «el uso político» de la causa AMIA a 20 años del atentado.

«Si el dictamen es verdad, es terrible y si es mentira es terrible también», afirmó la agrupación Memoria Activa.

Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de «encubrimiento agravado» de la llamada «conexión local».

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