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Sí, Genaro Ramírez y otros empresarios del transporte capturados la semana pasada deben estar presos, pero no por lo sucedido en Los Chorros, sino por haber violentado la Constitución al liderar la reelección del ahora presidente inconstitucional Nayib Bukele. En todo caso, quien debería estar preso por lo sucedido en Los Chorros, específicamente, es el ministro de Obras Pública y su equipo de trabajo, por negligentes e incompetentes.
Regresando a lo anterior, la Constitución de la República prohíbe la reelección inmediata o continua en seis de sus artículos. En el 75, que debió aplicarse a Genaro Ramírez y compañía, dice: “Pierden los derechos de ciudadano: 4º.- Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección”.
Genaro Ramírez, acompañado de otro grupo de empresarios del transporte colectivo expresó en septiembre de 2022 «Pedimos (al presidente) que haga una valoración exhaustiva a fin de que busque la reelección presidencial (…) reiteramos al señor presidente con toda la honorabilidad de este sector, le pedimos con mucha sinceridad y con mucha franqueza: busque la reelección por cualquier medio».
En aquel momento debieron ser investigados y procesados por ese grave delito de violentar la Constitución.
La captura de Ramírez y trece empresarios más la semana pasada por supuestamente haberse negado a ser parte del servicio del transporte público es ilegal, fue un acto de prepotencia presidencial.
Las capturas de los empresarios fueron ordenadas por Nayib Bukele, mediante un post publicado en X el lunes 5 de mayo, luego de causar un caos en el transporte colectivo. Algunos transportistas se presentaron a dar el servicio, otros guardaron sus unidades, mientras que otros cobraron el pasaje como tradicionalmente lo hacen.
La noche del domingo 4 de mayo, Nayib Bukele anunció que todo el transporte público, a escala nacional, sería gratis del 5 al 11 de mayo “por los inconvenientes ocasionados por los deslizamientos de tierra en la carretera Los Chorros”.
“Muchos empresarios del transporte público no salieron a brindar el servicio que les corresponde, a pesar de que el Gobierno está cubriendo el 100% del ingreso que normalmente perciben por día”, comentó Bukele. Y agregó: “Esta acción constituye un claro sabotaje al país, y como siempre, el más afectado es el pueblo. La Policía Nacional Civil deberá proceder con la captura de los propietarios de las rutas involucradas”, ordenó Bukele.
Tras las capturas de los empresarios, el gobierno anunció que los capturados serán acusados de los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión y peculado. Para especialistas, como el Juez de Sentencia, Juan Antonio Durán, la captura de los empresarios es ilegal, lo que busca el gobierno de Bukele es sembrar miedo, además de una cortina de humo debido a una serie de sucesos que manchan la imagen del inconstitucional presidente.
Y es que la imagen de Bukele se ha visto envuelto en sonados casos como la droga encontrada en Panamá, que iba en un contenedor de café de marca salvadoreña para Bélgica, luego, la entrevista difundida por el periódico digital El Faro, con dos líderes de la pandilla 18 Revolucionarios, quienes confirma las negociaciones con las pandillas, no solo para que Bukele ganara la alcaldía de San Salvador, sino la presidencia en 2019. Además del fracaso de los trabajos de Los Chorros por un mal diseño de la obra, de acuerdo a expertos en el tema. Estudios anteriores de expertos internacionales recomendaron no ampliar la carretera en ese tramo por la vulnerabilidad que presenta la montaña, justamente en los taludes intervenidos por la ampliación.
El juez Durán aseguró que los empresarios capturados no han cometido delito, pues no hubo ningún decreto o ley para declarar la gratuidad del transporte, lo único que existió fue una orden en la red social «X», antes Twitter.
“El tema del transporte público es una cortina de humo, quieren regalar el trabajo de los demás, la estrategia de poner el transporte gratis no tiene nada que ver con solucionar el tema de Los Chorros, no tiene que ver una cosa con la otra”, dijo el juez Durán.
El artículo 9 de la Constitución establece “Nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en los demás señalados por la ley”.
Es decir, Bukele no debió declarar el transporte gratis de la noche a la mañana, sin antes haber llamado a los transportistas para discutir las condiciones del transporte “gratuito”, y no ordenando unilateralmente y a través de X.
Quienes sí deben estar presos, o al menos procesados, son el ministro de Obras Públicas y su equipo más cercano. La negligencia con la que han actuado ha puesto en peligro a miles de salvadoreños, ya que no solo han cambiado el diseño original de la construcción del viaducto, sino que han ignorado todos los estudios y la historia misma de la construcción de ese tramo de la carretera Panamericana.
