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Buenos Aires/AFP
Fuerte rechazo de organismos de derechos humanos provocó el miércoles un fallo de la Corte Suprema de Argentina, que por primera vez benefició con una reducción de la pena a un exrepresor culpable de crímenes durante la última dictadura (1976-1983).
El máximo tribunal del país otorgó al agente paramilitar Luis Muiña el beneficio llamado «dos por uno» en un caso de lesa humanidad, lo que permite computar por un día de prisión preventiva dos de encarcelamiento efectivo.
«Los genocidas son genocidas y tienen que ser condenados con todo el peso de la ley», dijo en rueda de prensa Estela de Carlotto, presidenta de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.
Junto a activistas del grupo Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Carlotto prometió que «agotarán todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantizar la impunidad sea abandonado».
«El fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores. De aplicar este nuevo criterio, los apropiadores podrían tener penas de 3 años de prisión», apuntó la presidenta de Abuelas.
El beneficio otorgado a Muiña fue derogado en 2001, no obstante la defensa reclamó su aplicación.
Muiña fue sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por torturas, secuestros y otros crímenes de lesa humanidad. Pero en razón del beneficio debía quedar en libertad en noviembre de 2016.
El cálculo de pena fue anulado en 2014 por la Cámara de Casación Penal y el caso llegó a la Corte Suprema que este miércoles le dio la razón a la defensa en virtud del principio de aplicar la ley penal más benigna para el condenado.
No al 2×1
Desde el partido Frente Renovador, peronismo de centroderecha liderado por el excandidato a la presidencia Sergio Massa, consideró que el fallo es un «pésimo mensaje para la sociedad».
«Rechazamos el 2×1 en todos los casos y fundamentalmente en los de lesa humanidad», dijo en un comunicado este partido, cercano al gobierno de Mauricio Macri al inicio de su gestión en diciembre de 2015.
El frente agregó que «es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa».
Antes, Carlotto acusó al gobierno de Macri de estar «detrás del fallo».
«No hay independencia de la Corte. Es una estafa a la moral de la sociedad», dijo Carlotto. El fallo fue aprobado por tres miembros del tribunal y rechazado por otros dos, entre ellos el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti.
Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir la identidad de 122 nietos e hijos de prisioneros políticos, apropiados por el régimen en acciones represivas y dados en custodia a familias sustitutas, incluso de militares que mataron a sus padres.
La entidad humanitaria anticipó que hará presentaciones ante organismos internacionales para revertir el dictamen de la Corte. La decisión se aplica por el momento a un solo caso, sin indicios de que favorezca a otros responsables.
Casi 700 militares y policías han recibido condenas por crímenes gravísimos desde que se derogaron en 2003 las leyes de amnistía. Unas 30.000 personas resultaron desaparecidas durante la dictadura, según organismos de derechos humanos.
Macri ha dicho en público que no puede confirmar esa cifra de víctimas. Los organismos humanitarios lo acusan de «negacionismo».
El secretario de Derechos Humanos del gobierno, Claudio Avruj, dijo estar de acuerdo «si el fallo está ajustado a la ley». «Yo acato lo que dijo la Corte», argumentó.
El abogado especialista en Derechos Humanos, Marcelo Parrilli, dijo que el dictamen «busca suavizar las penas y abre la posibilidad de una amnistía. Es inconstitucional y va en contra de todos los tratados internacionales».
«El ‘dos por uno’ no se puede aplicar porque está derogado por la ley vigente y no es válido en delitos de lesa humanidad», dijo Parrilli.
