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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
“…..La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta constitución”
(Articulo 85 CN)
Asistimos, como país, a un momento particularmente peligroso de nuestra historia, en la medida que con la elección presidencial y legislativa del 4 de febrero pasado se configura la existencia de un régimen político distinto al establecido en nuestra Carta Magna.
Además, la forma en que arribamos al mismo, tiene los elementos suficientes para ser calificado de fraude estructural.
El diccionario define el fraude como una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete; como un conjunto de acciones intencionalmente destinadas a proporcionar al autor un beneficio ilícito o a negar un derecho a la víctima.
Esto ha pasado ya.
Movidos por el afán de perpetuarse en el poder, el grupo gobernante registra en los años anteriores acciones y decisiones, que facilitan ese objetivo a la fuerza política detrás del gobierno.
En primer lugar, llevar a las fuerzas armadas y a la policía a actuar fuera de sus mandatos legales y constitucionales de apoliticidad, fueron convertidos en soporte punitivo del gobierno y mostraron su rostro desde las medidas de contención durante la pandemia y en el golpe a la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero del 2020.
El ataque político a la Sala de lo Constitucional y su inconstitucional remoción el 1 de mayo de 2021, la imposición de otra y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia afines, así como la destitución del Fiscal General de la República, fueron el anuncio de que quienes nos gobiernan estaban dispuestos a todo.
Y la configuración del nuevo sistema electoral aprobado, cuando era prohibido realizar modificaciones a las reglas electorales, constituyó el anuncio del rumbo que tomaría el país.
Suprimir municipios, reducir diputaciones y cambiar la regla de asignación de escaños, la normativa difusa del voto del exterior que llevó a cargar los dados en la ejecución del mismo a manos del órgano ejecutivo, por medio de su servicio exterior y por el partido oficial, suplantando funciones propias del Tribunal Electoral, pusieron el remache a la mutación del sistema electoral.
El viraje de un sistema que el artículo 85 de la Constitución define como “gobierno republicano, democrático y representativo”, a uno que el propio presidente y candidato calificó el 4 de febrero, como el único en el mundo “de partido único por vía democrática”.
Ya el 3 de septiembre la Sala impuesta interpretó la Constitución de modo interesado, para servir a la perpetuidad en el gobierno al presidente electo en 2019, a pesar de las prohibiciones expresas que, bien leídas y releídas por el salvadoreño poeta en la escuela Concha Viuda de Escalón y por lo cual le llevaron a la cárcel.
El presidente y su grupo gobernante ha utilizado fondos y medios públicos para alimentar su popularidad, y la fuerza brutal para acallar cualquier opinión critica, se convirtió, pues, en un presidente con respaldo social suficiente para tener votos al postularse y un presidente temido por su capacidad de destrozar a opositores, como se evidencia en la persecución política a ex gobernantes, a periodistas y a organizaciones sociales y no gubernamentales.
Esto es el trasfondo de lo ocurrido el 4 de febrero, con integración de juntas receptoras de votos con personas afines a su partido, dejando de lado a otros designados por sorteo o negando credenciales a los propuestos por partidos políticos de oposición.
Este es el trasfondo de la divulgación de encuestas, rompiendo el silencio electoral, de la votación presencial en 81 sedes del exterior con documentos no vigentes y de un mes de voto remoto sin control ni vigilancia, como lo manda el artículo 77 de la Carta Magna.
Este es el trasfondo del bloqueo al escrutinio preliminar, del que tendrían que surgir actas en manos de los partidos participantes, y que no existieron ni oportunidad de tener actas ni de que se conocieran mediante la transmisión de resultados por el TSE.
Es difícil creer que fue obra de descuido o accidente, lo ocurrido tiene los visos de ser un desorden manipulado desde fuera del TSE, como lo es aún el doble escrutinio que se realiza sin las garantías de actas, de vigilancia con medios para interponer sus demandas y bajo intimidación de la barra de activistas del partido oficial, de la misma fiscalía y del acoso policial.
Con la manipulación estructural y el respaldo social, este fraude era innecesario; pero tiene la utilidad de mostrar al país y al mundo la entronización de un régimen diferente al que manda la Constitución de la República que seguramente será transformada para adaptarla a sus intereses.
