Foro público refleja crítica situación económica y agroalimentaria en el salvador

Por: Luis Rafael Moreira Flores

En el marco del Foro Público de la Realidad Económica de El Salvador, un espacio plural donde se reunieron especialistas académicos, defensores de derechos de los consumidores y liderazgos de base territorial, se presentó un riguroso análisis sobre la coyuntura estructural, macroeconómica, microeconómica y socioambiental que atraviesa el país. Durante la jornada, los participantes examinaron las deficiencias del modelo económico, el impacto directo de la inflación en la mesa de los salvadoreños y las resistencias comunitarias frente al abandono del sector agrícola y el comercio por cuenta propia.

Diagnóstico de una crisis estructural

La jornada dio inicio con la ponencia magistral «Rasgos Económicos y Perspectivas», a cargo del economista Roberto Góchez Sevilla, docente e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

En su intervención, Góchez Sevilla realizó una crítica al mercado capitalista y al modelo neoliberal implementado en las últimas décadas. Señaló que la lógica de acumulación vigente ha actuado como generadora de desigualdades profundas mediante la concentración de la riqueza y la exclusión social, produciendo inestabilidad económica (crisis recurrentes, desempleo, derroche de recursos) y una acelerada degradación del medio ambiente.

Al analizar los indicadores nacionales, el académico destacó que El Salvador experimenta una dinámica de bajo crecimiento económico persistente, mostrando ritmos inferiores, incluso, a los registrados antes de la guerra civil. Esta ralentización viene acompañada de una precarización sistemática del mercado laboral: el sistema productivo es incapaz de generar suficientes empleos de calidad, el trabajo formal se mantiene estancado y los salarios reales sufren pérdidas constantes o permanecen sin incrementos sustanciales que permitan mantener el nivel de vida.

En el plano del comercio exterior, Góchez expuso el fracaso de las estrategias de fomento a las exportaciones. Las cifras muestran un déficit comercial estructural y creciente, donde las importaciones superan de forma abrumadora a la producción nacional, profundizando la desarticulación entre el sector agrícola e industrial. Asimismo, enfatizó la debilidad financiera del sector público, caracterizado por ingresos fiscales insuficientes y niveles de endeudamiento insostenibles.

Como conclusión, el especialista advirtió que la actual gestión gubernamental mantiene en esencia el esquema neoliberal, el cual opera como una «camisa de fuerza» que bloquea la implementación de estrategias alternativas de desarrollo o políticas sociales redistributivas efectivas. En ese sentido, señaló que la combinación de deuda pública y los compromisos normativos de la dolarización representan una amenaza latente para la estabilidad económica.

 

Canasta básica, salarios e inseguridad alimentaria

Posteriormente, Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), presentó un detallado informe sobre el impacto del costo de la vida y el deterioro del poder adquisitivo en la población.

Pérez reveló que El Salvador posee la Canasta Básica Alimentaria (CBA) más reducida e incompleta de Centroamérica, compuesta por tan solo 22 alimentos, en claro contraste con países como Guatemala (66) o Panamá (59). Además, expuso la brecha nutricional entre el área urbana y rural: mientras en el campo la dieta duplica el consumo de tortillas, se eliminan por completo productos como el pan francés y las verduras, reduciendo drásticamente la ingesta de carnes, frutas y leche.

Entre 2025 y 2026, los costos de los alimentos de primera necesidad han registrado aumentos considerables. Se destacaron alzas en la carne (+42.8%), el pollo entrepierna (+40.6%, pasando de $1.28 a $1.80 por libra) y el huevo (+26.7%). A esta presión sobre la mesa familiar se suma el incremento generalizado superior al 20% en los precios de los combustibles (diésel y gasolinas regular y especial) registrado entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Respecto al mercado de trabajo, los datos presentados por el CDC demuestran que los salarios no logran cubrir las necesidades básicas:

• Sector Comercio: La cobertura del salario neto frente al costo de vida cayó del 80.65% en 2021 al 70.10% en 2026, duplicando la brecha de incumplimiento (+103%), la cual se sitúa en $156.26.
• Sector Agropecuario: La cobertura disminuyó del 75.15% al 65.60%, registrando una brecha negativa de $128.27 (+78%).

Aunque los datos oficiales de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) ubican la pobreza total monetaria en un 22.50% para 2025 (7.30% extrema y 15.20% relativa) tras el pico de 27.90% en 2023, Pérez remarcó las alertas emitidas por FEWS NET y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), las cuales advierten sobre un escenario crítico y persistente de inseguridad alimentaria para El Salvador durante 2026.

Según el CDC, un 52% de la población está en inseguridad alimentaria.

 

La realidad microeconómica desde la base

El bloque final del foro dio voz al liderazgo sectorial, permitiendo contrastar los datos estadísticos con los testimonios de quienes enfrentan cotidianamente la crisis en los territorios urbanos y rurales.

Carmen Torres, en representación del sector por cuenta propia: Reflexionó sobre la vulnerabilidad y el abandono institucional que sufre el sector informal. Torres visibilizó la dura realidad de las madres jefas de hogar que deben costear vivienda alquilada y trabajar por el sustento familiar, enfrentando actualmente la pérdida de espacios adecuados y seguros para la venta de sus productos.

Gilberto Orellana, de las comunidades organizadas de Chalatenango: Hizo referencia a las condiciones de precariedad laboral en el área rural y la paulatina degradación de la vida comunitaria. Asimismo, denunció las irregularidades y el despojo que están sufriendo diversas cooperativas agrícolas en la zona norte del país.

Silverio Morales, de los Pueblos Indígenas de Nahuizalco: Señaló con preocupación el éxodo de jóvenes indígenas que migran hacia las zonas urbanas en busca de oportunidades inexistentes. Morales denunció las transformaciones ambientales adversas y las dinámicas de despojo de tierras ancestrales que amenazan la identidad y supervivencia de sus comunidades.

Soberanía alimentaria y crisis agrícola: El caso de Cabañas y Santa Marta

Cerrando la perspectiva microeconómica y territorial, Peter Natarén abordó la gravedad del declive agrícola en el departamento de Cabañas. Con base en datos del Banco Central de Reserva (BCR), se confirmó que Cabañas perdió un 29% de su área agrícola entre 2007 y 2025.

Este deterioro responde a factores históricos como la dolarización (2001), la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. (2006), la emigración masiva de jóvenes (2003-2024) y el consecuente envejecimiento de la fuerza laboral agrícola.

En términos de costos, se expuso que en la comunidad Santa Marta, producir una sola manzana de maíz requiere una inversión estimada de $1,340 USD para 2026 ($665 en insumos químicos y fertilizantes y $675 en mano de obra), volviendo inviable la agricultura de subsistencia. A esto se suman las pérdidas ocasionadas por el fenómeno de El Niño, estimadas por la gremial CAMPO en 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol.

Natarén concluyó señalando el peligro que representa la alta dependencia externa: en 2025, el 76.1% del maíz importado provino de EE.UU. ($242.2 millones), alcanzando en 2026 cifras récord de importación ($144.26 millones en el primer semestre). Ante este escenario, el liderazgo territorial reafirmó que la lucha contra el hambre y la vulnerabilidad exige rescatar la producción local y la agroecología, bajo la premisa comunitaria de que «la revolución empieza en la tierra».