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Yanuario Gómez
@diariocolatino
Representantes de organizaciones sociales que conforman el Foro del Agua acudieron a la Asamblea Legislativa para denunciar intenciones de privatización del servicios de agua, salud, educación y centros penales, promovida por las reformas a la Ley de Asocios Público Privados.
Según los manifestantes, las modificaciones a la ley responden a presiones por parte del gobierno estadounidense y locales, usando medios de comunicación de derecha para presionar que se incorporen los servicios antes mencionados, ya que son los únicos que no fueron alcanzados por los procesos de privatización impulsados en los años 90.
“Venimos a la Asamblea a presentar una carta a la subcomisión que estudia la Ley de Asocios Público-Privados porque consideramos que ese paquete de reformas que se está proponiendo, lo que busca es generar condiciones para privatizar los servicios públicos de agua potable, salud, educación y centros penales”, dijo Carlos Flores, miembro del Foro del Agua.
Para las organizaciones civiles, si bien las reformas no involucran privatización del servicio en si, el hecho que la empresa privada pueda intervenir en la construcción de infraestructuras relacionadas a la prestación, diseño, financiamiento, operación y mantenimiento de estos, abre la puerta para que en un futuro se considere un involucramiento total de los privados.
“Eventualmente podemos tener proyectos como la planta de Las Pavas que pueden ser manejados mediante Asocios Público Privados porque ese es almacenamiento de agua, los empresarios privados no quieren enfrentar los problemas de prestar el servicio, sino solo participar de las ganancias que se generan, al igual sucede con los servicios de salud, educación y centros penales”, indicó Flores.
El dirigente, además, agregó que es por ello que las organizaciones pertenecientes al Foro del Agua manifiestan su rechazo a este proceso que viene construyendo la Asamblea Legislativa como una propuesta de FOMILENIO II, proyecto que desde su gestión en 2013 exigió que se aprobara la Ley, luego al percatarse de que no incluía los servicios de agua, salud, educación y centros penitenciarios han estado condicionando los desembolsos de este beneficio económico para el país a que se incluyan como reformas.
Los manifestantes concluyeron pidiendo a quienes administran el proyecto FOMILENIO, la no ingerencia en decisiones ya tomadas por el pueblo y los diputados al aprobar la Ley, excluyendo estos servicios por ser un derecho humano de la población, además de pedir al gobierno estar alerta, ya que estos proyectos de asocio han sido causantes de endeudamiento en otros países, ya que los únicos que perciben ganancias son las empresas.
