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La Casa Presidencial en San José, permanece acordonada por órdenes de la Fiscalía General de la República de Costa Rica. [Fotp Ezequiel Becerra / AFP]

Fiscalía allana presidencia de Costa Rica

San José / AFP

La fiscalía de Costa Rica allanó el viernes la Casa Presidencial y un ministerio como parte de una investigación sobre una unidad gubernamental de análisis de datos, ante sospechas de que el órgano violó la privacidad de las personas.

La Fiscalía General de la República realizó 10 allanamientos en la presidencia, el Ministerio de Planificación y cuatro residencias particulares, indicó la dependencia en un comunicado.

Señaló que se investigan a ocho personas en el caso, incluido el presidente Carlos Alvarado -quien no se encontraba en Casa Presidencial al momento del allanamiento-, el ministro de la Presidencia Victor Morales, y los tres integrantes de la UPAD.

La investigación busca pruebas de posibles delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

«Nos encontramos de puertas abiertas a todos los requerimientos judiciales por parte de la fiscalía», dijo la ministra de Comunicación, Nancy Marín, en un video distribuido por la presidencia.

Agregó que el ministro Morales se puso a disposición de las autoridades judiciales para entregar la información y el equipo requeridos.

El caso estalló el 21 de febrero con la publicación del decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que despertó fuertes críticas por la posibilidad de que accediera a información considerada confidencial.

El mismo día en que fue publicado en la Gaceta Oficial, Alvarado derogó el decreto, y dos días después ordenó suspender su actividad.

El gobierno argumentó que la unidad fue creada para recopilar información que permitiera orientar políticas públicas.

«Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto», señaló la fiscalía.

La revelación de la existencia de la UPAD desató un revuelo político en Costa Rica, que llevó a la Asamblea Legislativa (parlamento) a abrir una investigación, al igual que la Defensoría de los Habitantes.

Alvarado admitió que «se cometieron errores» con la creación de la UPAD y dijo que colaboraría con las investigaciones para probar que no hubo vulneración de la privacidad.

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