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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La junta directiva del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), tomó un acuerdo sobre una política para seguir canalizando sus inversiones de tesorería hacia los “bonos verdes” y otras inversiones ambientales, sociales y de gobernanza, que se suma a la estrategia de “inversiones socialmente responsables” que tiene establecido el FIDA. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es una institución financiera internacional y un organismo especializado de las Naciones Unidas, creada en 1978 e integrada por 173 países miembros.
La decisión del FIDA se tomó partiendo de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que anunciaron su lucha contra la pobreza rural al fortalecer sus “inversiones éticas”. El Pacto Mundial es un llamado a las empresas a incorporar 10 principios universales relacionados con los derechos humanos, trabajo, medio ambiente y la lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones.
Fue para finales de septiembre del año pasado que el FIDA tuvo inversiones en instrumentos financieros por 1,350 millones de dólares, financiamiento que se compone de las reposiciones (contribuciones de los Estados miembro), de fondos tomados en préstamo y de los reembolsos de préstamos, que se utilizan para asignarlos a los países en desarrollo en el marco del “Programa Ordinario de Préstamos y Donaciones del FDA”.
“El FIDA siempre ha sido un inversionista responsable, y los derechos humanos y los principios ambientales, sociales y contra la corrupción siempre han sido un aspecto fundamental de su ADN. La histórica decisión de hoy es una iniciativa ambiciosa para seguir haciendo realidad nuestros principios”, dijo Álvaro Lario, vicepresidente adjunto, Oficial Principal de Finanzas y Contralor Jefe del FIDA.
Frente a estos retos, el FIDA se comprometió a aumentar proactivamente sus inversiones en los bonos verdes y otros valores vinculados a temas ambientales, sociales y gobernanza, que incluirá los bonos supranacionales, soberanos, organizacionales e institucionales, así como títulos respaldados por activos en el mercado de bonos de impacto, que por ahora las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola han sido escasas.
“Aumentar nuestras inversiones en los bonos ambientales, sociales y de gobernanza no solo es otra prueba de nuestro compromiso con el fortalecimiento de las normas en esos ámbitos, sino también una estrategia de largo plazo para fortalecer la cartera del Fondo y armonizarla con las prácticas sostenibles de los mercados financieros”, indicó Lario.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola tiene como principales objetivos de inversión: la preservación del valor de los activos invertidos y asegurar que haya recursos disponibles cuando se necesiten para financiar sus operaciones en los países en desarrollo, que señalan como dos parámetros que junto a un marco fortalecido que les brindan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza le permite al FIDA la optimización con prudencia los rendimientos de sus inversiones.
En cuanto a la Declaración sobre la Política de Inversiones, el FIDA establece expresamente que se excluirá sistemáticamente de sus inversiones los valores emitidos por entidades relacionadas con productos o servicios poco éticos, como son las armas, municiones, las extracción y generación de energía a partir del carbón, el tabaco, el alcohol y el juego entre otros rubros.
El FIDA desde mucho tiempo atrás, viene cumpliendo los diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidades, y, por tanto, consideran que no han realizado inversiones de ese tipo en el pasado. Y consideraron importante, además, la publicación de la lista de industrias excluidas que vendrá a fortalecer la transparencia y consolidar aún más su compromiso con los Objetivos Ambientales, Sociales y de Gobernanza.
Con estas medidas el FIDA se une a otros organismos pioneros de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones financieras internacionales que publican listas similares con la intención que las inversiones cumplan irrestrictamente con las responsabilidades fundamentales en ámbitos de los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y las normas contra la corrupción.
