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Samuel Amaya
@SamuelAmaya
El fiscal general de la República, Raúl Melara presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para combatir el tráfico ilícito de personas, tras considerar que se necesitan medidas más duras contra este delito y una legislación más especializada y eficaz en lo que respecta a este tema.
El proyecto presentado busca promover la protección de los derechos de personas que han sido objeto del tráfico ilegal de personas, por medio de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y Familia como uno de los ejes centrales.
Melara expresó que hay muchas personas que de manera inescrupulosa están traficando con el dolor de la gente, “se están lucrando de estas personas que de alguna manera buscan migrar hacia otras tierras y es por eso que es importante tener un cuerpo normativo que pueda atacar y penalizar al crimen organizado nacional a internacional”.
Esta ley busca penas que seas más duras para las personas que burlen la ley al traficar personas hacia los Estados Unidos o cualquier país vecino. El fiscal añadió que, con este instrumento legal, se buscará generar las condiciones de coordinación entre los distintos países, así como también poder velar por las familias y aquellos migrantes que son engañados y que se juega con sus vidas para poder llegar a otros países.
Esta nueva reforma, tiene como base tres puntos básicos. En primer lugar, la penalización de los delitos de tráfico de personas, en este apartado se aumenta a doce años dicha pena, además de nuevas modalidades y todo aquello que a la FGR le permita ser más efectivo al combatir el tráfico de personas. En segundo lugar, la coordinación a nivel internacional para tener una mejor eficacia en este tema. La tercera se centra en la atención al migrante y a la familia de estos; resguardando sus derechos fundamentales.
Además, la FGR dijo que la pena es igual a todo aquel que incurrirá por sí mismo o por medio de otra u otras personas, con el propósito de evadir controles migratorios del país u otros países en la que se transporte, traslade, albergue o guíe personas nacionales con el propósito de evadir controles migratorios del país u otros países.
Esta propuesta entregada por el fiscal general, cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) será una herramienta de combate efectivo y prevención ante el tráfico ilícito de personas; promoverá y facilitará la cooperación nacional e internacional para la eficaz detección y persecución integral del delito de tráfico ilegal de personas.
