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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República acusó formalmente ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador a ocho miembros de tres sindicatos del órgano Judicial por los delitos de desórdenes públicos y ejercicio violento del derecho.
Los acusados son: Roswal Gregorio Solórzano Hernández, quien también es acusado por apología del delito; Roxana Estela Gómez De Joma, Domingo De Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar.
Las investigaciones -detalló la Fiscalía- establecen que los imputados supuestamente coordinaron el cierre de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en San Salvador, el Centro Integrado de Derecho Privado Social, el Centro Judicial Isidro Menéndez y de otras sedes y dependencias judiciales a nivel nacional.
Los dirigentes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), el Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS), y el Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio (SEJES 30 DE JUNIO) habrían impedido el ingreso de otros trabajadores y usuarios del sistema de justicia en al menos cuatro ocasiones en los meses de marzo y junio, establece la FGR. El primer cierre se suscitó el 19 de marzo.
El 10 de junio, el secretario general de SITTOJ, Roswal Solórzano, fue captado en video llamando a una “insurrección popular” y a “ajustar cuentas con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional”, razón por la que es acusado también por apología del delito.
Otros dos cierres de sedes judiciales ocurridos el 25 y 29 de junio fueron parte de los hechos judicializados. La fiscalía sostiene que se entorpeció el acceso a la justicia impidiendo con los cierres la celebración de audiencias y otras diligencias.
En redes sociales, las organizaciones sindicales aseguraron que las acusaciones son parte de una campaña de persecución en contra de los dirigentes por su trabajo sindical.
