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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) hicieron un llamado a los funcionarios públicos de la Asamblea Legislativa y concejos municipales que se instalen el 1 de mayo, a generar medidas orientadas a garantizar los derechos de la clase trabajadora del sector privado, publico, municipal e independiente.
Patricia Vásquez -representante de la MPJL- señaló que tanto la nueva legislatura como los gobiernos locales tienen la obligación y la oportunidad de actuar conforme a derecho, cumplir con su mandato constitucional, respetar los derechos laborales, no fallarle a la clase trabajadora, ni atentar contra la estabilidad laboral.
“No pueden seguir los despidos de los trabajadores del sector público y privado, bajo un parámetro personal o subjetivo de parte de los empresarios o funcionariado del Gobierno central o municipal. Es grave decir que hasta el momento hay más de 8,000 personas del sector público despedido; es decir, condenar a 8,000 familias salvadoreñas a una vida infrahumana”, lamentó Vásquez.
Asimismo, dijo que la Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado más de una vez, dándole la razón a los trabajadores, y exigiendo a los empleadores que se abstengan de transgredir el artículo 219 de la Constitución de la República, el cual otorga el derecho fundamental de la Estabilidad Laboral.
Además, en reiteradas ocasiones la Sala ha exhortado a los empleadores públicos que eviten maniobras de estar firmando contratos individuales de trabajo a plazo, ya que si las labores son carácter permanente, tiene la obligación de hacer el correspondiente nombramiento o acto administrativo y brindar los derechos de la Carrera Administrativa.
Para la MPJL los niveles de desempleo en el país son alarmantes, el 2021 inició con 79 mil empleos menos que impactaron negativamente a muchas familias, a esa situación se suman las condiciones en las que se desarrolla el trabajo por cuenta propia, sin acceso a seguridad social y previsional.
El 70 % de la población en edad de trabajar recurre al sector informal de la economía para obtener sus ingresos, este problema ha aumentado en los últimos años y no puede continuar sin que las autoridades brinden alternativas al respecto para mejorar la economía familiar de los salvadoreños.
Una de las propuestas para recuperar los empleos perdidos es que el gobierno retome las políticas encaminadas a dar, a fin que la población desempleada pueda generar ingresos a sus hogares.
“Las pensiones es un problema que se acarrea desde 1998 y simplemente se le ha estado dando soluciones a medias, que en nada beneficia a los trabajadores, por el contrario, han sido perjudicados; basta ya al negocio de las AFP y de manosear el dinero que únicamente debe servir para la seguridad social”, afirmó la representante de la MPJL.
Externó que los trabajadores exigen la creación de un Instituto Autónomo de Previsión Social, partiendo de los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, libertad, transparencia, eficiencia y eficacia; además, que incluya a la población trabajadora por cuenta propia.
De acuerdo al mandato constitucional, el salario debe estar en correspondencia al costo de la vida, por lo cual, es necesario un incremento el salario mínimo, que actualmente es de $304.00 para el comercio y servicios, y $200.00 en el beneficio del algodón; mientras la canasta básica ronda los $400.824.
“Todos los precios de los productos y servicios que deben consumir las personas trabajadoras tienen una tendencia al alza, sin embargo, el salario se ha estancado desde hace más de tres años. Solicitamos a la nueva Asamblea Legislativa que emita un recomendable, a las entidades pertinentes para que se incremente el salario mínimo”, reiteró.
Sonia Mestanza, de la MPJL, exhortó a los empleadores tanto del sector público, municipal y privado, respetar la Estabilidad Laboral otorgado por la Constitución de la República en el artículo 219 y se abstengan de despedir a las personas trabajadoras.
Pidió a la nueva Asamblea Legislativa la inmediata solución a la problemática de pensiones, creando una institucionalidad publica que atienda a los principios de universalidad, solidaridad, transparencia, eficiencia y eficacia; así como emitir recomendables al órgano Ejecutivo para que cumpla con la ley y se incremente el salario mínimo.
“Demandamos al Ministerio de Trabajo que haga cumplir la legislación laboral y de respuesta efectiva a las demandas de las personas trabajadoras, y se abstenga de dilatar los procesos burocráticos haciendo un manejo malicioso de la Ley de Procedimientos Administrativos. A la PDDH y PGR, a mantenerse vigilantes y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral”, reiteró Mestanza.
La MPJL invitó a la clase trabajadora a marchar este 1 de mayo, exigir el respeto de los derechos laborales y conmemorar a los mártires de Chicago de 1886, construyendo una agenda mínima de reivindicación de los intereses de la clase trabajadora.
