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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Héctor Carrillo, Director de Acceso a la Justicia, de FESPAD, señaló que las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y, de la Ley de la Carrera Judicial, que serían entregadas a la Corte Suprema de Justicia, busca directamente “construir institucionalidad” y así generar la certeza jurídica que demanda un Estado de Derecho.
“Proponemos reformar la Ley de la Carrera Judicial, para incorporar las causales para destituir a una magistrada o magistrado, de tal forma que sean elementos objetivos por los cuales se inicia un proceso”, explicó.
“Y también estamos proponiendo modificar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para establecer cuáles serán los requerimientos para establecer en cual de esas causales que estarían contempladas en la Ley de la Carrera Judicial, han ocurrido o no”, agregó Carrillo.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó públicamente las propuestas para “Regular las Causales y el Debido Proceso para la Destitución de Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, partiendo del respeto al marco constitucional.
“Este procedimiento -según nuestra propuesta- al modificar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, el proceso puede ser iniciado por la Fiscalía General de la República o la ciudadanía”, acotó.
“El órgano Legislativo deberá respetar el derecho de defensa, realizar una investigación y determinar por una mayoría calificada, si existen o no elementos para destituir a una magistrada o magistrado”, observó Carrillo.
Sobre el fortalecimiento de la participación ciudadana, el director de Acceso a la Justicia manifestó que al incorporar la “denuncia ciudadana”, permitirá a la población querellar (apertura de un procedimiento), y le dará la seguridad que los funcionarios judiciales pueden ejercer la función que manda la Carta Magna.
David Ortiz, abogado de FESPAD, amplió sobre el artículo 55 de la Carrera Judicial, y las reformas que irían en dos sentidos: aplicar las causales que ya contempla esa normativa a los magistrados, porque actualmente están diseñadas solo para aplicarlas a las judicaturas.
Además, se agregan las tres causales: ejercer el cargo sin cumplir el proceso de selección establecido en la Constitución y en la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, la segunda prevalecerse del cargo para favorecer a familiares o amigos en licitaciones o empleados públicos, y, tercero, comportamiento público o privado que comprometa gravemente su independencia e imparcialidad judicial.
“Sobre el proceso de destitución de magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia (reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa) el artículo 142-A incorpora que puede ser cualquier ciudadano a título personal o en representación de una organización no gubernamental que puede presentar la denuncia”, afirmó.
“Al tener conocimiento de la existencia de una causal para destituir a cualquier magistrado o magistrada, esta denuncia será presentada ante la Fiscalía General de la República, la que deberá iniciar de oficio el proceso de destitución al tener conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de las causales”, dijo Ortiz.
Sobre la obligación del Fiscal General de promover el proceso, la reforma estipula que el tutelar del ente fiscal debe promover el proceso de destitución ante la Asamblea Legislativa, luego de una investigación previa sobre los actos denunciados, y tendrá de plazo máximo 30 días hábiles, contados a partir de la denuncia o desde el momento en que tenga conocimiento de esta petición.
“Presentada la petición de destitución ante la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva tendrá un plazo de 15 días para incluirlo como punto de agenda para la discusión y toma de acuerdo sobre la misma. Y la Asamblea no podrá admitir o archivar la petición según esté o no sustentada a petición de la Fiscalía General de la República”, indicó Ortiz.
Al admitir la Asamblea Legislativa, la solicitud de destitución, se requerirá de 56 votos para entregar información cada 7 días de anticipación, y luego nombrar la comisión especial de investigación del caso denunciado contra algún magistrado o magistrada.
“La Asamblea Legislativa elegirá de su seno a un fiscal, quien después de juramentado participará en todo el proceso de destitución.
Y el denunciado será notificado del inicio del proceso y podrá defenderse personalmente o nombrar un defensor para que lo represente. Todos los actos donde se garantice la defensa técnica y el debido proceso”, manifestó.
En cuanto al trabajo de la Comisión Especial de Investigación, procederá a recibir todas las pruebas a favor y en contra de la persona denunciada. Las audiencias serán públicas por regla general y solo se podrá reservar la información relacionada con el derecho a la intimidad del denunciado.
“La Comisión Especial de Investigación basará su decisión en toda la prueba que recabe, teniendo que relacionar los elementos vertidos en el dictamen. En el marco de la investigación podrá recurrir al auxilio de cualesquiera de las instituciones del Gobierno, que estarán en la obligación de colaborar”, reiteró.
“El dictamen de la Comisión Especial de la Investigación será conocido por la Asamblea en sesión especialmente convocada para ello. Una vez leído, el fiscal dispondrá de un plazo de una hora para exponer sus argumentos. Posteriormente, el denunciado y su defensor tendrán derecho a un período igual para exponer sus argumentos y finalizado los alegatos se someterá a votación del pleno que podrá aprobar el dictamen de la comisión con el voto de 56 diputados”, reafirmó. Héctor Carrillo afirmó que están abiertos a recibir otras propuestas u opiniones de personas u organizaciones sociales, partidos políticos o periodistas, para fortalecer el documento de las reformas.
“Queremos el apoyo de todos los grupos parlamentarios al presentar esta propuesta y claro, por qué no si Nuevas Ideas tiene la mayoría parlamentaria, la reflexión sobre esto es por lo sucedido el 1o de mayo, pero la lección principal es cuidar la institucionalidad del país”, agregó.
“Esto es importante porque la institucionalidad es evitar estar sujetos a los vaivenes de los contextos y darle una estabilidad al país, en ese sentido al determinar estas causales y establecer un proceso es bueno para toda la sociedad y también para todos los que están en el órgano Judicial. Esperamos que después de enviar la propuesta algún grupo parlamentario tenga la apertura de darnos respaldo y queremos insistir en la construcción de la institucionalidad”, puntualizó.
