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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se pronunció ante la iniciativa impulsada por la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP), para promover en los gobiernos de la región la no ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El convenio en cuestión trata sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral, FESPAD denuncia que el acuerdo de no ratificar dicho convenio, promovido por FEDEPRICAP, entidad que aglutina a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), tiene por objetivo “no perjudicar la generación de empleos”.
FESPAD calificó como “absurdo” el argumento para no refrendar el Convenio 190 de la OIT, y recordó cómo la ANEP había denunciado durante más de cinco años al Estado salvadoreño por el incumplimiento de Convenio 144, referente a la consulta tripartita y que se ha resuelto con la reactivación del Consejo Superior del Trabajo, anunciada recientemente por el ministro de Trabajo Rolando Castro.
La organización afirmó en un comunicado difundido ayer, que negarse a la ratificación del convenio de la OIT, que procura la eliminación de la violencia y el acoso laboral, es “negar la existencia del problema, negar su erradicación e incluso encubrirlo”.
Asimismo, FESPAD manifestó no extrañarse de la posición que asuma el presidente de la ANEP Luis Cardenal, en materia de derechos laborales; pero, consideró que esta no debería ser replicada por el titular del ministerio de Trabajo y Previsión Social, ni por el Ejecutivo.
Lo anterior en alusión a la abstención de la representación del Estado salvadoreño ante la OIT durante la votación del mencionado convenio, en la cumbre del organismo celebrada en junio de este año en Ginebra, Suiza.
“Para el Estado, el trabajo es una función social y debe gozar de su protección, así lo manda la Constitución de la República. Negar desde el gobierno la ratificación del Convenio 190 es incumplir su obligación, pero también constituiría un hito negativo en la imagen que El Salvador tiene ante instancias internacionales respecto a los derechos laborales”, finalizó la Fundación en su manifiesto.
