FEASIES y el precio invisible del textil en Centroamérica

Por: Luis Rafael Moreira Flores

El cierre rápido de una fábrica textil no se reduce al fin de una operación comercial ni a la interrupción de un flujo de exportación; para miles de operarias de la confección representa la fractura repentina de sus proyectos de vida. Esta realidad estructural quedó al descubierto durante la presentación de la investigación “Costuras rotas: el precio invisible de los cierres en la maquila textil centroamericana”, un informe impulsado por la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), con el respaldo institucional de Sindicalistas Sin Fronteras (ISCOD-UGT), la Generalitat Valenciana y Cooperació Valenciana, en el marco del programa regional Maquilando con Derechos.

 

Diagnóstico estructural y desprotección normativa

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Marta Zaldaña, quien contextualizó el estudio como una herramienta de denuncia y análisis frente a una problemática recurrente en la región. La exposición técnica fue asumida por las investigadoras Silvia Margarita Rubio y Amanda Libertad Castro.

En la primera intervención, Rubio desglosó el impacto de los cierres a partir de cuatro casos emblemáticos en El Salvador: Style Avenue S.A. de C.V., APS El Salvador S.A. de C.V., Impression Apparel Group S.A. de C.V. y Confecciones El Pedregal (HanesBrands). A través de este balance se evidenció que la maquila regional no opera aislada, sino inserta en Cadenas Globales de Suministro coordinadas por firmas transnacionales que imponen los ritmos de producción y comercialización.

La investigación detalla cómo las recomposiciones del comercio internacional —impulsadas por tensiones arancelarias globales— han provocado un desplazamiento geográfico perjudicial para la región del RD-CAFTA. Mientras el sudeste asiático elevó su cuota de mercado en EE. UU. del 13.3 % en 1992 al 26.2 % en 2024, la participación centroamericana cayó del 13.0 % en los años noventa a solo un 7.3 % en 2024. En El Salvador, esta contracción significó la pérdida de miles de empleos, bajando de 79,797 puestos en 2018 a 71,603 en 2023. La fuerza laboral que absorbe este declive es mayoritariamente femenina (56.0 %).

Posteriormente, Amanda Libertad Castro presentó el análisis sobre las violaciones legales y las severas afectaciones psicosociales. El estudio sistematiza una tipología de abusos recurrentes: cierres abruptos sin aviso previo, simulaciones de quiebra con vaciamiento de activos, deslocalizaciones encubiertas y liquidaciones incompletas que omiten indemnizaciones, vacaciones y cotizaciones a la seguridad social.

Aunque la Constitución salvadoreña (Art. 36) consagra la indemnización como un derecho social irrenunciable y el Código de Trabajo (Art. 58) dicta el pago de 30 días de salario por año laborado, la práctica empresarial evade la norma. Muchas firmas han utilizado esquemas ambiguos como el “anticipo de indemnización” para menguar los pasivos pendientes al momento del abandono. Ante la insolvencia declarada y la falta de bienes embargables, las instituciones locales —como el Ministerio de Trabajo o la Procuraduría General de la República— quedan limitadas para ejecutar los cobros. La investigación demostró que los pagos totales o parciales logrados en casos como Style Avenue o El Pedregal no provinieron de la vía judicial ordinaria, sino de la presión reputacional transnacional y mecanismos de debida diligencia impulsados por FEASIES ante instancias como la Fair Labor Association (FLA) y el Worker Rights Consortium (WRC).

 

El perfil de la vulnerabilidad y el impacto humano

El documento revela que las secuelas del desempleo en la maquila golpean con especial dureza a un perfil sociodemográfico específico: el 83.3 % de las personas despedidas son mujeres, en su mayoría mayores de 40 años y con baja escolaridad (el 83.3 % no superó el noveno grado). El 100 % de ellas tiene hijas o hijos a su cargo (con un promedio de 2.4 dependientes) y el 52.4 % asume el hogar sin pareja, siendo el único sostén económico.

La interrupción repentina de ingresos genera crisis inmediatas. El 75 % de las mujeres enfrentó graves dificultades para saldar servicios básicos (agua y luz) y el 69.4 % tuvo restringir su alimentación. A esto se suma la pérdida inmediata de la cobertura de salud pública (19.4 %), dejando sin tratamiento a trabajadoras con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Un mes después de los despidos, apenas el 8.3 % logró colocarse en el sector formal; el resto cayó en el subempleo informal o el trabajo doméstico no remunerado.

En el plano psicosomático, las sobrevivientes de estos cierres experimentaron cuadros severos de insomnio (52.8 %), migrañas (38.9 %) y trastornos digestivos (25.0 %), acompañados de depresión, ansiedad y duelo por la quiebra de sus proyectos de vida.

 

Voz y resistencia en el panel fórum

El segundo bloque de la jornada dio paso al testimonio directo. Bajo la facilitación de Marta Zaldaña —quien delineó la estructura de los capitales extranjeros detrás de las plantas—, lideresas sindicales expusieron las vivencias operativas tras las frías cifras de la investigación.

Maira Escobar, integrante del sindicato SITRAIMES, recordó el impacto del cese de labores en Confecciones El Pedregal: “Había una incertidumbre de saber quién era despedido primero. De más de 700 trabajadores despedidos, ahí había personas mayores, con enfermedades, personas que no sabían qué hacer”. Su testimonio reflejó la angustia colectiva ante la falta de criterios transparentes en las liquidaciones masivas.

Por su parte, Irma Meztizo, del sindicato SITEX, rememoró el cierre de la planta APS El Salvador, donde las operarias tuvieron que acampar y custodiar las instalaciones durante cuatro meses para evitar el saqueo de la maquinaria: “Fuimos despedidas de la noche a la mañana, no sabíamos qué hacer. Solo la organización nos valió para superar la presión y cerrar la fábrica. Esa lucha nos valió para que se nos reconociera”.

Dilma García, representante en Impression Apparel Group, enfatizó la importancia del acompañamiento colectivo frente al desamparo: “Un mes antes dijeron que iban a cerrar, pero nosotros informábamos de todo; como sindicalistas no nos sentíamos solos. Fue algo bien duro, ya que somos el sostén de la casa”.

Finalmente, Elbia Zelaya, trabajadora de Style Avenue, expuso el drama de la discriminación por edad que enfrentan las obreras maduras al intentar reinsertarse en el mercado laboral: “Esta fue mi segunda experiencia de cierre de fábricas. La primera vez era joven y era fácil conseguir trabajo; esta segunda vez fue difícil. La edad me afecta para conseguir un trabajo de lo que yo conozco, solo de limpieza puedo conseguir”.

 

Conclusiones y propuestas de cambio

El evento concluyó con un llamado urgente a transformar el modelo normativo e institucional. Las ponentes y la investigación coincidieron en que los cierres de maquilas no son hechos aislados, sino fallas estructurales que externalizan el riesgo empresarial hacia las operarias y el Estado.

Entre las recomendaciones principales dirigidas a los tomadores de decisión destacan:

1. Creación de un Fondo de Garantía Laboral: Un mecanismo estatal financiado por las empresas de zonas francas para saldar sueldos y prestaciones retenidas de forma inmediata ante un abandono patronal.
2. Alertas tempranas y fiscalización real: Obligar a las empresas a notificar reducciones de producción con 15 días de anticipación y tipificar de forma expedita los delitos de vaciamiento patrimonial y retención indebida de cuotas previsionales.
3. Reformas a la conciliación laboral: Prohibir la firma de renuncias forzadas y sancionar la incomparecencia patronal en las audiencias del Ministerio de Trabajo.
4. Fortalecimiento del sindicalismo transnacional y feminista: Mantener la articulación entre organizaciones de base, redes de apoyo psicosocial y organismos internacionales para fiscalizar las compras de las marcas globales.

El informe “Costuras rotas” ratifica que la única barrera real frente a la desprotección patronal ha sido la resistencia organizada de las trabajadoras, quienes exigen que el desarrollo textil no siga cimentándose sobre la vulneración de sus derechos fundamentales.