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Redacción Nacionales
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La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) emitió su segundo informe sobre la persecución judicial por parte del Gobierno salvadoreño en contra de la presidenta de la FDIM, Lorena Peña, en el que destacan que se ha iniciado una campaña de difamaciones en su contra.
Es de recordar que la Cámara de lo Civil de la Tercera Sección del Centro ha iniciado un proceso judicial en contra de Lorena Peña Mendoza, “con infundadas acusaciones de enriquecimiento ilícito”. Esta acusación “se ha acompañado de campañas en redes sociales y en periódicos afines al Gobierno, en los que se le difama y acusa” a la exfuncionaria.
La federación contextualizó que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, a su vez ha reiniciado su campaña de acusaciones en contra de Peña, en este caso acusándole de aprobar fondos para organizaciones no gubernamentales que posteriormente serían desviados.
“De igual forma han acrecentado los ataques personales y misóginos, a fin de crear un ambiente de opinión favorable al linchamiento mediático”, dijo la federación, con anexos de notas periodísticas donde se señalan algunas acciones del oficialismo.
“Nuestra compañera Lorena Peña ha aclarado en diferentes medios que este es un proceso de persecución política usando el sistema judicial, lawfare (guerra judicial), y ha ratificado su voluntad de encarar el proceso y exigir que se juzgue independiente y apegada a la ley, situación muy improbable dado que el sistema judicial está cooptado por el gobierno de Bukele. Sin embargo, respaldamos su decisión de enfrentar y desenmascarar al sistema judicial salvadoreño”, señaló la FDIM.
Justamente, la ex presidente de la Asamblea Legislativa y ex dirigente histórica del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Lorena Peña, denunció que el gobierno pretende dejar en la calle o meter presos a quienes son críticos, haciendo uso del aparato estatal para perseguir y difamarlos mediante calumnias y acusaciones infundadas.
“Este gobierno en su intento de eternizarse en el poder, hace una persecución de los dirigentes políticos o activistas sociales que sean opositores al régimen, ha sido con periodistas, movimientos populares, exdirigentes no solo del FMLN, sino de la oposición en general”, recalcó Peña.
La Cámara de lo Civil ha puesto un nuevo plazo de 20 días hábiles, que vencen el 28 de abril, para que Lorena Peña presente documentación adicional de descargo. “A pesar de que todas las observaciones carecen de fundamento, la defensa legal está acopiando (reunir) más documentación y testigos para presentar”.
A partir del mes de mayo puede iniciarse en cualquier momento las audiencias, y “preocupa que estas coinciden con el proceso electoral, que ya ha comenzado, y en el que el gobierno pretende debilitar a los partidos opositores con juicios y capturas arbitrarias”, alertó la federación.
Lo anterior, debido a que la campaña pública de los voceros del gobierno ha continuado con su campaña de difamación, y debido a la existencia de más de un año de régimen de excepción en el que se han derogado los mínimos derechos para el acceso a una verdadera justicia.
La FDIM demanda el cese de tal persecución y se respete la integridad física y moral de la presidenta de su federación, Lorena Peña Mendoza, conocida durante la guerra civil como la comandante Rebeca Palacios.
