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Alessia Genoves
colaboradora
David Munguía Payés, ex-ministro de Justicia y Seguridad Pública, acusado de malversación de fondos públicos por un monto de $4 millones 638 mil dólares, según la Fiscalía General de la República (FGR) irá juicio, así fue determinado, tras la finaliación de la Audiencia de Sentencia contra el exfuncionario.
Los supuesto hechos de corrupción habrían tenido lugar en los años 2009 al 2018. El resultado de este proceso se dará a conocer el 24 de mayo.
Malversación de fondos públicos
Según la FGR, “Munguía Payés utilizó fondos del Estado para comprar bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo” durante su gestión como Ministro de Defensa Nacional entre 2009 y 2018, movilizando un total de “$4 millones 638 mil 164 dólares, para beneficio personal”. Esta cifra corresponde a “el monto estimado en la malversación de recursos del Estado, durante la representación de Munguía Payés en el Ministerio de la Defensa Nacional, incluyendo su segundo período, en el gobierno del expresidente Sánchez Cerén”, según consta en el expediente tramitado en el Juzgado de Extinción de Dominio.
Los primeros exámenes de auditorías realizados en 2014 por la Corte de Cuentas de la República (CCR) “resolvieron que no habría encontrado ‘condiciones reportables para reflejar en el presente informe’”. Sin embargo, en períodos subsiguientes, se habrían identificado “irregularidades en $55 mil 935 en cupones de combustibles que no fueron contabilizados oportunamente; y otros $14 mil 500 dólares no fueron contabilizados oportunamente, de material quirúrgico, urológico, etc.”.
Enriquecimiento ilícito y actos arbitrarios
Además de la malversación de fondos, Munguía Payés también enfrenta cargos por supuesto “enriquecimiento ilícito y actos arbitrarios contra el Estado por un monto de $498 mil 374 dólares, según la acusación de la FGR.
Esta cifra corresponde al “monto estimado en el incremento del patrimonio no justificado de David Munguía Payés, y su familia”, de acuerdo con el “examen especial de auditoría, elaborado en el mes de octubre de 2021 por la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia”, en el proceso tramitado en la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.
En el Acta/No. 82 del 7 de octubre de 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró como “indicios de enriquecimiento ilícito” al menos cuatro inmuebles propiedad de Munguía Payés, considerados como “patrimonio no justificado”:
El primero de ellos era un “Inmueble de naturaleza rústica, en municipio de San Marcos, a nombre del señor David Victoriano Munguía Payés”, reconocido con 11 votos por los magistrados, en Corte Plena. El segundo se trataba de un “Inmueble de naturaleza rústica en el municipio de Tamanique, La Libertad, inscrito a nombre del investigado”, reconocido con 11 votos.
También se determinó la judicialización de un “Inmueble de naturaleza rústica, situado en el municipio de Tamanique, La Libertad, inscrito a nombre de David Victoriano Munguía Payés” y de un “Inmueble de naturaleza rústica, situado en municipio de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, el cual está inscrito a nombre del investigado en un 100% de propiedad.
El 27 de julio de 2021, “la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR había declarado haber extinguido $458 mil dólares” a Munguía Payés. En este operativo se incluyeron “a menos 2 inmuebles, ‘uno valorado en $300,000 y el segundo en $116,000’; es decir, un monto de $416,000 dólares, en adhesión a la incautación de una cuenta bancaria, que contenía $42 nuk 316 dólares con 3 centavos.
Defensa y alegatos
Según informó la FGR, la defensa de los acusados “alega doble persecución del delito, debido a que se encuentran dos procesos abiertos sobre estos mismos bienes: el Civil y el de Extinción de Dominio”. Sin embargo, las autoridades judiciales resolvieron que “cada ámbito persigue objetos distintos; además, hay cuentas bancarias diferentes en cada proceso”.
Además, la FGR señaló que en la demanda de responsabilidad civil se requiere a la esposa de Munguía Payés, Sandra Dinora de Munguía, y sus hijas, Sandra Beatriz y Blanca Patricia Munguía Molina, quienes comparten el mismo monto requerido por el enriquecimiento ilícito de $498,374.31. Los hechos tuvieron lugar “durante el período del 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011; es decir, durante los primeros tres años transcurridos de la administración del gobierno del ex-presidente nicaragüense, Carlos Mauricio Funes Cartagena”.
