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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Representantes de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) denunciaron públicamente lo que calificaron como una cadena sistemática de despidos irregulares, arbitrariedades administrativas y violaciones a las garantías laborales en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.
Juan Carlos Hernández, representante de CONADESA, expuso la gravedad de las acciones emprendidas contra el personal. Hernández enfatizó que la forma en que se están ejecutando estas separaciones laborales deja en total estado de indefensión a empleados que cuentan con expedientes impecables y años de entrega a la salud pública nacional.
Entre los casos expuestos para ilustrar la dimensión del problema, el representante laboral destacó la situación de dos trabajadores quienes, tras haber dedicado más de 40 años de su vida profesional a la atención médica administrativa en los hospitales del Estado, fueron notificados de su despido de forma intempestiva y sin el menor reconocimiento a su antigüedad o a sus derechos adquiridos.
Notificaciones verbales y violaciones al debido proceso
Según los testimonios recolectados por los colectivos de trabajadores, las separaciones del cargo no se están realizando mediante resoluciones administrativas formales, debidamente motivadas y fundamentadas, sino a través de notificaciones estrictamente verbales.
Esta práctica, advirtieron los líderes gremiales, contraviene de manera directa las garantías procesales consagradas en la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) y la Ley de Servicio Civil. Al no entregar un documento oficial por escrito, la administración hospitalaria impide que el empleado despedido ejerza su derecho constitucional a la defensa, dejando a decenas de familias en un limbo de incertidumbre jurídica, laboral y económica.
Los voceros enfatizaron que la entrega de una resolución escrita no es un mero formalismo, sino un requisito legal indispensable que permite al trabajador conocer las causas exactas de su remoción e interponer los recursos de apelación correspondientes ante las instancias jurisdiccionales.
Cuestionamiento a la supresión de plazas y falta de estudios técnicos
Los representantes de CONADESA abordaron el argumento utilizado de forma recurrente por la administración para justificar las destituciones: la supuesta «supresión de plazas» o la innecesaridad de los puestos dentro de la estructura, en este caso, en el Hospital Bloom.
Las organizaciones de trabajadores rechazaron tajantemente este argumento y exigieron a las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) y a las direcciones hospitalarias la presentación inmediata de los estudios técnicos, financieros, administrativos y jurídicos que avalen legalmente dicha reestructuración.
Los dirigentes cuestionaron si la eliminación de estos puestos responde verdaderamente a un plan integral de optimización de los servicios de salud o si, por el contrario, se trata de una estrategia de recorte presupuestario encubierta bajo tecnicismos administrativos para despedir personal de forma discrecional.
Inacción de las instancias de control y presiones en las indemnizaciones
Los afectados denunciaron que, previo a la denuncia pública, acudieron a las instituciones estatales encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y los derechos humanos, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB). Sin embargo, los manifestantes expresaron su profunda preocupación ante la falta de respuestas efectivas y la aparente inacción del Ministerio de Trabajo para frenar los abusos denunciados. A juicio de los colectivos, la ausencia de una intervención decidida por parte de la autoridad laboral deja a los servidores públicos de la salud desprotegidos frente a las decisiones unilaterales de las jefaturas.
A este escenario se suma la denuncia sobre presiones ejercidas contra el personal despedido en relación con el pago de indemnizaciones. Los voceros gremiales señalaron que se han reportado entregas de compensaciones económicas incompletas o sujetas a condiciones. Al respecto, lanzaron un mensaje categórico a las autoridades: los recursos económicos no pueden ser utilizados como herramienta de coerción para forzar renuncias ni para silenciar los reclamos de estabilidad laboral.
Pliego de exigencias del sector salud
Bajo la consigna «Manos que curan no se despiden», hicieron público un pliego de peticiones dirigidas al Gobierno y a los organismos de fiscalización del Estado:
- Exigen un proceso de revisión exhaustivo y apegado a la ley para determinar el pago exacto de indemnizaciones, salarios caídos y demás prestaciones sociales adeudadas a cada trabajador afectado, sin condicionamientos de ningún tipo.
- Demandan la publicación e integración de las resoluciones administrativas escritas y los estudios técnicos de reestructuración que justificaron la supresión de las vacantes en el Hospital Bloom.
- Solicitan la restitución en sus puestos de trabajo de todos aquellos empleados cuya separación se haya ejecutado sin el debido proceso o sin sustento legal comprobable, entendiendo este acto como un principio de justicia.
- Emplazan a las instituciones de control a asumir un rol garante y a realizar inspecciones de campo para verificar las condiciones laborales del personal.
Un precedente para la institucionalidad del país
Los representantes de CONADESA concluyeron la conferencia de prensa reafirmando que mantendrán las acciones de protesta pacífica, la vigilancia permanente y el acompañamiento legal a cada uno de los afectados.
Asimismo, advirtieron que la inestabilidad en los centros hospitalarios no solo vulnera los derechos del personal técnico, administrativo y médico, sino que termina afectando de forma directa la calidad, oportunidad y continuidad de la atención que reciben los pacientes y la población más vulnerable que acude al sistema público de salud.
