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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Las siete horas de trabajo en un nicho improvisado por la familia Realegeño rindió frutos, la parte de una osamenta, ropa y dientes, confirman el enterramiento al que recurrieron para salvaguardar a sus familiares.
Era agosto de 1982, el conflicto armado arreciaba en la zona rural, la población civil era exterminada o huía para salvar sus vidas, bajo una política de represión del Estado salvadoreño. En el 2016 la Sala de lo Constitucional determinó que hay omisión en la investigación y tramitación del proceso penal, en esa ocasión la sala determinó que el juez de primera instancia de San Sebastián formaba parte de una obstaculización de justicia para las víctimas y familiares de estas.
El Centro para la Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec ha acompañado a las víctimas sobrevivientes y familiares en el proceso de reparación, verdad y justicia. Por lo que este centro ha demandado del Ministerio de Defensa informes sobre operativos realizados en San Vicente, sin obtener respuesta.
Algunos testigos recuerdan ese 21 y 22 de agosto cuando un combinado militar atacó a la población en el caserío Guayabillas, cantón San Jerónimo, municipio de Santa Clara, San Vicente.
Juana de Jesús recuerda cómo huyó junto a sus padres e hijos: “me salvé porque Dios estaba conmigo”, afirmó.
Ahora, de un proceso judicial que les ha costado más de tres décadas, esperan que el sistema les brinde la reparación moral y jurídica que demandan para continuar con sus vidas y dar una santa sepultura a sus seres queridos.
Silvana Turner afirmó que pese al daño de la osamenta por animales de carroña la presencia de una parte de una mandíbula y dientes podrían ser utilizados para fijar sexo y edad de la víctima.
Las experticias judiciales seguirán este 31 de octubre, así como algunas muestras de ADN de familiares serán cotejadas en pruebas de laboratorio para identificar a las víctimas. Las respuestas podrían estar listas para enero próximo.
