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César Villalona
22 de diciembre de 2024
La Superintendencia del Sistema Financiero divulgó el “Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones de El Salvador”, donde se presentan el patrimonio, los flujos financieros y los compromisos actuales y futuros del fondo de pensiones.
Los aspectos más importantes del estudio son:
1. Al 31 de diciembre de 2024, el patrimonio total del fondo que administran las AFP era de 15,995.7 millones de dólares. Con respecto al PIB, bajó del 50% en 2020 al 45% en 2024. O sea, que la evolución del fondo de pensiones va peor que la evolución de la economía nacional. Y eso es mucho decir.
2. El retroceso en el patrimonio se debió a “cierto estancamiento en la evolución de las contribuciones y en los retornos financieros”. Las contribuciones no van bien, a pesar de que se aumentó en un punto porcentual la aportación patronal, porque el empleo va mal. Y los retornos financieros (cobros) van mal porque desde 2023 el Estado no paga nada de lo que debe.
3. Del dinero invertido por las AFP, “un 73% representó deuda previsional del Estado” que lo tomó prestado. Sin embargo, ese dato del estudio está desactualizado, pues entre enero y noviembre de este año el Estado tomó prestados otros $637.5 millones y no pagó nada por la deuda acumulada.
4. Los ingresos del sistema “se prevén estables en torno al 4%del PIB” hasta el año 2070, “en tanto se espera que los gastos se incrementen en la medida en que una mayor cantidad de aportantes al sistema se jubilen (…) desde el 3.7% del PIB en 2024 hasta el 8.4% del PIB en 2070”. Dicho de otro modo, los ingresos no irán bien y los gastos se dispararán.
5. Con respecto al antiguo sistema público (INPEP y Unidad de Pensiones del ISSS), que actualmente tienen 80,000 personas jubiladas y pagadas por el Estado, el “déficit del sistema es del 13.6% del PIB considerando el período 2024- 2070”. O sea, que seguirá provocando una sangría de recursos del Estado.
6. “La cuenta individual de la mayoría de los jubilados de 2024 se agotaría en los próximos dos años”, o sea, en 2026, lo cual generará una “presión considerable sobre la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) en un futuro próximo”. Incluso “se estima que hacia el 2029 los activos de la CGS se agotarían”. Todo eso significa que el sistema podría tronar en poco tiempo.
7. “Los flujos presentados en esta evaluación corresponden únicamente a la estimación de los ingresos y gastos previsionales. Por lo tanto, no consideran las cargas fiscales que se originarían por el pago de intereses y capital de la deuda previsional que iría surgiendo en el tiempo”. O sea, que el estudio no analizó el impacto en las finanzas públicas a partir de 2027, cuando el Estado comenzará a pagar por la deuda acumulada y tendrá que conseguir, solo en ese año, alrededor de $800 millones que no están en el presupuesto.
8. Finalmente, el estudio dice que “estas estimaciones sugieren que será necesario buscar modificaciones en el sistema y/o fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”. Eso significa subirle dos puntos porcentuales al IVA o reducir drásticamente el presupuesto.
Lo que viene a partir de 2027 es para apretarse los cinturones. Después de las elecciones habrá una cirugía sin anestesia y mucho circo sin pan.
