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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“No es solo que estén extrayendo el material pétreo (del lecho del río), sino que también dañan la cuenca y el agua deja de producirse porque se va acabando la humedad, entonces, perdemos el agua dulce y también contamina el agua que tomamos y comenzamos a enfermarnos”, explicó, Rosa Amelia Chávez, del municipio de San Juan Talpa, departamento de La Paz.
Las mujeres que integran el Foro del Agua El Salvador demandaron, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sumándose a las propuestas de la “Asamblea Feminista”, la garantía de los derechos de las mujeres, la protección y respeto de los bienes comunes, el agua y los territorios. Desde su pronunciamiento “MUJERES Defendiendo al Cuerpo Territorio, el agua y la Red de la Vida”.
“Somos las mujeres las que tenemos que cuidar a los niños y somos las mismas mujeres quienes tenemos que enfrentar estas situación. Hay mujeres que son madres solteras y es más pesada esta carga cuando tiene que buscar una remuneración, un ingreso para poder curar la salud de sus hijos y la suya propia o cuando se queda sin vivienda porque el río se llenó y arrastró lo poco que tenía, esa también es una vulnerabilidad que las mujeres enfrentamos”, expresó Rosa Chávez, integrante del Foro del Agua.
Karen Ramírez, coordinadora del Programa de Gestión de Riesgo de PROVIDA, que integran el Foro del Agua, afirmó que el contexto actual en el país, registra un “retroceso democrático” por parte del gobierno que lo agrava con el desmantelamiento del marco jurídico y la inexistente división de los poderes del Estado.
“Ahora, tenemos la amenaza de la derogación de leyes muy sensibles como la LEIV (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia) y la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, dijo.
“El Foro del Agua El Salvador reconoce el trabajo de las mujeres en la defensa de los territorios, bienes comunes y los invaluables aportes en la gestión comunitaria del agua; quienes han realizado una labor importante de incidencia, liderazgo, participación ciudadana y defensa de derechos humanos”, reafirmó.
Para Karen Ramírez, como plataforma de articulación de la lucha reivindicativa de los derechos humanos señaló que la “injusticia hídrica” genera también un “impacto negativo” aunque diferenciado en la vida de las mujeres, lo que genera la inequidad en el acceso, uso y goce del recurso hídrico.
“En El Salvador el agua corre hacia el poder económica, esto define la injusticia hídrica y es esta injusticia social que vuelve relevante en la vida de las mujeres, cuando en un primer mecanismo, se encuentra la estrategia de la especulación inmobiliria como Valle El Ángel, proyectos urbanísticos versus el abastecimiento de agua de la población”, expresó.
“El segundo mecanismo que causa la injusticia hídrica es que la agroindustria azucarera en la zona marino-costera sobre explota los ríos y acuíferos, sin pagar cuotas por el uso del agua, lo que afecta a la población y los ecosistemas”, subrayó Ramírez.
Sobre la violación sistemática de los derechos de las mujeres en el territorio, Dalia González, del Foro del Agua, indicó la preocupación que les genera la Ley de Recursos Hídricos, que consideraron “legaliza el despojo y acaparamiento del agua”, y que además no cuenta con la perspectiva de género, cuando es la población más afectada en este tipo de situaciones.
“Las mujeres y las niñas tenemos derecho al agua de calidad, disponible, accesible y asequible. Para eso se requiere de una ley con perspectiva de género para que termine con la injusticia hídrica en El Salvador”, señaló.
“Al contrario, la Ley de Recursos Hídricos acumula el agua en pocas manos, es decir, no nos resuelve la situación de injusticia hídrica. En consecuencia, somos las más afectadas porque las mujeres y niñas deberán invertir más tiempo en la búsqueda del agua en los territorios y esto se reduce a menos acceso a la educación, trabajo remunerado y la participación política”, agregó González.
Para el Foro del Agua El Salvador, esta realidad sobre el agua en el territorio solo genera mayor pobreza y aumenta las situaciones de vulnerabilidad de las niñas, adolescentes y mujeres, que se exponen a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones en su lucha por obtener este bien natural.
“Con el cobro del canon a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas, debido a la Ley del Recurso Hídrico, afectará mayormente a las comunidades vulnerables en donde las mujeres son las principales protagonistas como jefas de hogar y serán las más expuestas de no poder reunir el pago de una nueva cuota y es preocupante”, sentenció González.
Mientras, Ariela González, abogada de FESPAD, señaló que la contribución de las mujeres en la gestión pública y comunitaria del agua ha sido fundamental históricamente. No obstante, siendo las principales protagonistas y usuarias del agua por las labores culturalmente impuestas, se encuentran relegadas en los espacios de toma de decisión sobre el enfoque de derechos humanos.
“Según estudios, se ha concluido que el papel de las mujeres en la gestión del agua se traduce en mejoras más sustanciales en el liderazgo, transparencia y sostenibilidad de los suministros de agua, cuando los hombres y las mujeres participan de igual medida”, manifestó Ariela González.
En cuanto a un marco normativo de protección a las personas defensoras de derechos humanos, la abogada reiteró la propuesta de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que presentó un anteproyecto de Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que ha sido archivada por el partido oficialista Nuevas Ideas, en la Asamblea Legislativa.
“Han archivado un anteproyecto de ley, a pesar de las vulneraciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas ambientalistas que han ido al alza, y eso solo refleja una falta de voluntad política y un claro irrespeto a la labor de defensa de los derechos humanos”, reafirmó González.
