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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Me siento triste porque tengo 75 años y padezco de la azúcar (diabetes), a veces, pienso que voy a morir sin ver la justicia para mi familia y todos los sobrevivientes de las masacres y que están en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresó María del Rosario López Sánchez, sobreviviente de la masacre del caserío La Joya, sitio aledaño a la Masacre de El Mozote.
“Han muerto varios sobrevivientes de mi caserío (La Joya) como Cristóbal Sánchez, José de los Angeles Mejía y Gonzalo Mejía, hay otros que no me acuerdo de sus nombres en este momento, y no pudieron tener la justicia que buscaban. Hasta para entrar al centro del Adulto Mayor es difícil, por el camino, también pedimos un puente porque hasta ahogados ha habido, pero no nos han escuchados”, señaló.
Ese 11 de diciembre de 1981, un dispositivo militar que encabezaba el BIRI Atlacatl llegó al caserío La Joya, en donde masacraron a 387 personas entre niñez y adultos mayores. De ese centenar de víctimas 24, eran familiares de María del Rosario López Sánchez.
López Sánchez reiteró su petición de justicia para los perpetradores y responsables de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños: La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Los Toriles, Cerro Los Ortiz y Ranchería, en el municipio de Meanguera, Morazán.
“Así como el pueblo lo eligió para ser el gobernador (Nayib Bukele) -y sé que va a un segundo período- le pido en nombre de mi comunidad y de la Asociación de El Mozote, que se ponga la mano en conciencia y vuelva a ver al pueblo que lo ha elegido y cumpla la sentencia”, agregó López.
El 8 de marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte IDH, el caso de la Masacre de El Mozote contra la República de El Salvador, que en su informe de fondo la CIDH, concluyó que el “Estado salvadoreño era responsable internacionalmente por la violación de diversos derechos”.
Y fue el 25 de octubre de 2012, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia con respecto a la masacre de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, haciéndolo responsable por la violación a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas, en consecuencia le ordenó implementar una serie de medidas de reparación. Las que consideran las víctimas sobrevivientes y las organizaciones pro derechos humanos que las acompañan Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), aún está lejos de resarcir los daños.
Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, afirmó que a 10 años de la sentencia de la Corte IDH, que condenó al Estado de El Salvador, y le ordenó aplicar justicia y resarcir a las víctimas dando a conocer la verdad y garantizando la no repetición de este tipo de hechos, pero aún no hay total reparación.
“Al revisar la sentencia nos encontramos con varios plazos que la Corte IDH estableció para algunas de las actividades que eran cinco años, la sentencia se emitió en el año 2012, ya pasaron más de 10 años y no habido justicia. Y en días recientes nos hemos dado cuenta que tratan de llevar de forma más lenta el proceso (judicial) a manera de ir obstaculizando”, sostuvo.
“La jueza puso como una diligencia judicial, la declaración de 20 testigos, algunos fueron solicitados y otros los señaló ella, pero bajo las normas del Código de 1973, entonces, en esas normas no están los principios actuales del proceso penal, la oralidad del juicio, la participación de las víctimas, la participación de los imputados, o sea, hacerles preguntas directas”, acotó González.
Al aplicar el Código de 1973, señaló que también este elemento era una forma de obstaculizar el proceso y viola parámetros del derecho penal actual, mencionando que el cambio del Juez Jorge Guzmán en el caso de El Mozote y sitios aledaños, por la Jueza Mirtala Portillo de Cruz, ha sido un retraso grave en la aplicación de pronta y cumplida justicia.
“La remoción del juez Guzmán, mediante un decreto inconstitucional en donde se quitó a jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio, sin valoraciones. Porque ni la Corte Suprema de Justicia ni la Sala de lo Constitucional han querido decir ¿Cuáles fueron las evaluaciones de estos nuevos jueces?”, aludió.
“Este es un caso importante y es un proceso bastante voluminoso de más de 100 piezas y cada pieza contiene 200 folios, ¿Cómo lo puede manejar al dedillo?, no creo que lo pueda hacer todavía y señala para colmo diligencias desde el Código de 1973, que está obsoleto que establece maneras inquisitivas de hacer justicia y no buscar la cientificidad en la investigación”, sostuvo González.
Sobre la justicia, afirmó la Corte IDH en su sentencia, esta se encuentra vinculada a la verdad y es el principal elemento para abordar la reparación moral, señalando que incluso la impunidad prolongada que amplió las afectaciones en la búsqueda de esa verdad y justicia, señaló que son materiales, físicas, morales y proyectos de vida como individuos y comunidad.
Gisela De León, directora del Centro por la Justicia y por el Derecho Internacional (CEJIL), reconoció que acompañar el litigio junto a Tutela Legal “MJH” , por las víctimas de El Mozote y lugares aledaños, fue un “honor acompañarlos en la búsqueda de justicia” en todos estos años.
“Creo que la sentencia de la Corte IDH es histórica y no solamente para El Salvador, sino para la región, porque se refiere a una de las más graves violaciones que han ocurrido en el continente el caso de El Mozote y sitios aledaños, es una de las masacres con mayor número de víctimas que afectó a más de mil personas y afectó a distintas localidades”, reseñó De León.
Al llamar la atención que también, es una de las sentencias emblemáticas porque se refiere a uno de los principales problemas que obstaculizan la justicia de las víctimas en la región, como las leyes de amnistía y en particular la de El Salvador, que era incompatible con las obligaciones del Estado a partir de la Convención Americana (OEA).
“Creo que la sentencia es muy importante porque reconoce la verdad, que se le había negado a las víctimas por años. En el caso de El Mozote y lugares aledaños se trató por años de mantener una versión por parte del gobierno, que la masacre no había ocurrido y la sentencia vino a reconocer la veracidad de esos hechos y reconoce la gravedad de los hechos”, acotó.
“A 10 años de la sentencia yo diría que el balance es que, el Estado de El Salvador sigue teniendo muchas deudas pendientes porque la sentencia tiene alrededor de 12 reparaciones para las víctimas y para evitar la repetición de estos hechos, pero hasta ahora solo 3 se han cumplido y una de ellas, la más importante fue dejar sin efecto la Ley de Amnistía, que permitió abrir el proceso de justicia”, acotó De León.
No obstante, muchas medidas continúan siendo materia pendiente, acotó De León, como la de investigar los hechos que forma parte de las razones por la que abrieron el caso las víctimas para obtener justicia desde el Sistema Interamericano, pero han pasado 10 años sin que se cumpla este medida ordenada por la Corte IDH.
“Yo quiero reconocer los esfuerzos que hizo el Juez Guzmán, que estuvo a cargo de la causa y que realizó varias diligencias para documentar los hechos, hasta ordenar la inspección en diferentes guarniciones militares para obtener información pero se le negó el acceso”, reseñó.
“La Corte IDH, por estos hechos y una serie de obstáculos que se han enfrentado en las investigaciones emitió dos resoluciones en los últimos años en el 2020 y 2021, identificando la negativa del acceso a los archivos militares argumentando poner peligro la seguridad nacional, pero la Corte reconoció que eran de hace 40 años y no ponía en riesgo la seguridad nacional e identificó también, la falta de recursos para investigar la magnitud de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños. Y desde un año del nombramiento de la nueva juez, ya no hemos visto avances sustanciales del caso”, argumentó De León.
