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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Consorcio por la Transparencia, presentó un “Diagnótico sobre el Estado de la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción en El Salvador 2023”, que demuestra un “declive democrático” al carecer de elementos como el acceso a la información, los mecanismos de rendición de cuentas, instituciones independientes y espacios para la participación de la ciudadanía.
El Consorcio por la Transparencia lo integran: Acción Ciudadana, FESPAD, CRISTOSAL, FUNDE, Asociación TRACODA, IDHUCA y el ICEFI, quienes presentaron el documento en la “Semana de la Transparencia 2023”, y se enmarca en el “Día Internacional contra la Corrupción” , que se celebra cada 9 de diciembre.
Con dicho diagnóstico el Consorcio por la Transparencia registró datos relevantes como las amenazas y vulneraciones al derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, que afecta directamente el combate de la corrupción y la promoción de la transparencia.
“Actualmente, no hay promoción de transparencia basada en estándares internacionales o buenas prácticas que podemos conocer de otros países ni hay un combate efectivo a la corrupción. A veces, parece parte de una pantomima para combatir la corrupción, pero depende de dónde ubico los casos o quién es la persona detrás de estos casos de corrupción”, manifestó Jessica Estrada, directora de Transparencia de FUNDE.
“En el diagnóstico hemos procurado incluir datos duros, que tienen las diferentes organizaciones o de índices que se elaboran a nivel internacional para dar cuenta de los avances o retrocesos que pueden registrarse en materia de transparencia y combate a la corrupción en el país”, agregó Estrada.
Sobre los indicadores internacionales: Percepción de la Corrupción, el Estado de Derechos y Estado de Derecho Libertad de Prensa, El Salvador, no mostró calificaciones aceptables a los estándares democráticos.
En el índice de la percepción de corrupción, que evaluó a 180 países, El Salvador obtuvo 33/100 puntos (0 significa mayor nivel de corrupción y 100 menor nivel). Además, El Salvador se encuentra en la posición 116 de 180, la posición más baja desde su ingreso en 1998. Y respecto a la situación de país, el informe señaló que la declaración del régimen de excepción conlleva medidas extraordinarias que concentran el poder y reducen la transparencia y rendición de cuentas.
“El Índice de Estado de Derecho del informe de World Justice Project (2023), evaluó a 140 países, entre ellos El Salvador, cuyo puntaje global fue de 0.45/1.00 (donde 1 significa el mayor puntaje y 0 el menor), este índice mide 8 factores entre los relevantes la ausencia de corrupción, gobierno abierto y libertades fundamentales”, agregó.
“Los resultados muestran que persisten retos importantes para la lucha contra la corrupción y el respeto de las libertades fundamentales, ya que los puntajes de país, están por debajo de los promedios regionales y globales”, acotó Estrada.
Libertad de Prensa
Sobre el Índice de Libertad de Prensa, la organización Reporteros sin Fronteras, informó de un “declive del país en el ámbito de la libertad de prensa y de expresión”, con un puntaje de 51.36, por lo que ha perdido 2.73 puntos al compararlo con el año 2022, cuando tenía 54.09 puntos porcentuales. Esto implicaría un descenso de 3 puestos en el ranking de países y bajaría al puesto 115 de los 180 países monitoreados.
Mientras, en los acontecimientos relevantes del 2023, Estrada se refirió a la expulsión de El Salvador de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) el pasado 28 de marzo, en donde la resolución para su expulsión se debió a que el país era “inactivo” luego de un revisión procedimental al no cumplir con los criterios mínimos de elegibilidad de OGP, durante dos años consecutivos.
Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó el examen al artículo IV, información que no se pudo conocer porque las “autoridades salvadoreñas” no habían dado su consentimiento para la publicación del informe ni del comunicado de prensa correspondiente que emite el FMI.
“Hay mucha información que no está disponible por eso mencionamos la importancia de un sistema de justicia efectivo para combatir la corrupción y recordar que este flagelo no es únicamente sancionar, lo primero es prevenir, luego, si identifican un caso de corrupción hay que investigar, luego la sanción y esperamos que algún día podamos hablar de la reparación de los daños causados por la corrupción”, sostuvo.
En esa línea, el Consorcio por la Transparencia abordó también el trabajo de las instituciones de fiscalización y control, en donde destaca el reporte de Acción Ciudadana, que en enero de 2023, dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó el acceso a información estadística relacionada con el “listado de funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial y el número de expedientes procesados por enriquecimiento ilícito”, a través de la Sección de Probidad.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) fue señalada por la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al comentar que la “entidad fiscalizadora superior no cumplió con los estándares internacionales de independencia”.
Similar comportamiento se atribuye al trabajo del Tribunal de Ética Gubernamental, que entre sus resoluciones el 6 de junio del presente año impuso una multa de 2 mil 433.58 a Carolina Recinos, Comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, y ex coordinadora del Consejo de Administración Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL, por no haberse excusado en el proceso de obtención de una beca de postgrado para su nuera.
“Tenemos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) , el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) que deberían tener un papel más activo a la hora de prevenir corrupción, pero los roles son pasivos. Y cuando registramos un caso de corrupción que sale a luz no resulta ejemplarizante para evitar que se sigan cometiendo casos de corrupción de similar naturaleza”, agregó Estrada.
Lourdes Molina, del ICEFI, consideró que actualmente existen importantes desafíos en materia de transparencia y combate a la corrupción, señalando en el ámbito de las finanzas públicas 3 aspectos puntuales. El primero, el Proyecto de Presupuesto, que compartió no ha sido publicado, pese a solicitarlo al Ministerio de Hacienda, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.
“El segundo elemento es el uso persistente del Fondo Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) este instrumento se caracteriza mucho por la discrecionalidad y la opacidad en el uso de recursos al permitir saltarse todas las compras y contrataciones y también permite hacer transferencias públicas entre instituciones sin que estas pasen por aprobación de la Asamblea Legislativa”, manifestó.
“El tercer elemento, es la ausencia de la publicación del Plan de Gobierno, esa es información de oficio que de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, la presidencia de la república tiene el mandato de publicar el plan quinquenal de desarrollo y después de 4 años y medio de la actual gestión no lo ha publicado”, reiteró Molina.
El Consorcio por la Transparencia, declaró que El Salvador “ha retrocedido en los principales índices relacionados a transparencia”, así lo expresó Abraham Abrego, en representación de CRISTOSAL, añadiendo que el país no respondía a estos estándares al no brindar información pública de obligación ponerla a disposición del público.
“Existe también un retroceso en la medida que hay una desnaturalización del uso de la reserva de información, cuando la población salvadoreña debería conocer, desde el Plan de Vacunación hasta otro asuntos públicos, pero están reservados”, indicó.
“A esto se suma el comportamiento de la institucionalidad salvadoreña, que tampoco rinde cuentas. No hay una práctica de fiscalización social, de explicar las decisiones públicas y de enfrentar el cuestionamiento de la población”, puntualizó Abrego.
