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@elder_gomez_2
El Estado salvadoreño se ha lanzado a la persecución de las pandillas, ask responsables de miles de muertos e incontables extorsiones a comerciantes en los últimos años en este país centroamericano, medicine con una serie de medidas legales extraordinarias, clinic aprobadas este viernes por la Asamblea Legislativa.
El combate contra el hampa, que se ha enriquecido con actividades ilícitas, como las extorsiones, según las autoridades, contará en los próximos días con el despliegue de un Batallón de Reacción Especial, compuesto por mil hombres – 400 policías y 600 militares -, en la zona rural de El Salvador, donde se han refugiado los miembros de esos grupos delincuenciales.
Los tres Poderes del Estado – Ejecutivo, Legislativo y Judicial – han comenzado desde esta semana la batalla contra las pandillas que, según fuentes no oficiales, las integran unos 60 mil jóvenes, la mayoría de ellos provenientes de sectores populares de este país y deportados de los Estados Unidos.
Estado de Emergencia
El presidente Salvador Sánchez Cerén, el abanderado en la lucha contra la delincuencia, comenzó esta semana el ataque a esos grupo delictivos con la declaratoria del “Estado de Emergencia” en las cárceles donde están confinados los delincuentes más peligrosos.
El anuncio fue acompañado con el traslado a la prisión de Quezaltepeque, en el central departamento de La Libertad, exclusiva para pandilleros, de casi 300 de los más peligrosos delincuentes, y ha seguido en el transcurso de esta semana, con el cateo de dos importantes prisiones para “mareros” en el oriente y occidente salvadoreño.
La Iniciativa de Ley de Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en las prisiones declaradas en “Estado de Emergencia”, aprobadas este viernes por el parlamento, incluyen la suspensión de los plazos y términos de las audiencias judiciales de los reclusos por 30 días, así como las visitas a los internos.
También limitan o restringen los movimientos de presidiarios en el interior de las cárceles, permite el confinamiento de éstos en sus celdas y autoriza el encarcelamiento inmediato de personas particulares y empleados penitenciarios, que participen en el tráfico ilícito de objetos a las prisiones, como teléfonos móviles.
Derribo de torres telefónicas
Además, el punto medular del Decreto, es que permite desde este viernes que el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, autorice el derribo o desmantelamiento de antenas u otro equipo de las empresas telefónicas que rehusen bloquear la señal de la telefonía móvil a 500 metros a la redonda de las cárceles.
La disposición especial fue sancionada este mismo viernes por Sánchez Cerén, quien la calificó como “un paso firme en la ruta correcta por El Salvado Seguro”, programa antidelincuencial impulsado por el gobierno.
“Llamo a todo el país a unirnos en una cruzada contra la criminalidad”, escribió el mandatario en su cuenta de twitter, donde aparece una fotografía del gobernante en el momento que sanciona el Decreto legislativo.
Sin apoyo de la CSJ
Las empresas telefónicas se quedaron también esta semana sin el respaldo de la “todopoderosa” Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que las conminó a pagar millonarias multas, sino bloquean la señal de la telefonía móvil en las cárceles.
La Sala de lo Constitucional reaccionó así ante una demanda de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano, quien solicitaba al máximo tribunal que declarara ilegal el cobro de la multa a las compañías telefónicas que no bloqueen la señal en las cárceles.
“Hemos logrado doblegar en este momento a dos poderes: a los mareros y pandilleros, por una parte, porque hemos dejado cualquier interés que pudiera haber de no querer enfrentarlos como se debe, y el poder económico, en este caso, representado por las telefónicas”, exclamó el diputado Guillermo Gallegos.
Gallegos, sin identificar a las empresas telefónicas, reveló que “(hay) algunas de ellas que, obviando la Ley Antiextorsiones, no han querido bloquear hasta el día de hoy, los Centros Penales”.
Duro año
El Vicepresidente del país, Oscar Ortíz, por su parte, advirtió que el combate contra las pandillas en 2016, que se proliferaron a mediados de los ´90 en El Salvador, con el consentimiento de las autoridades, “será duro”.
“Duro porque nos va a tocar de lunes a domingo… (pero) no podemos permitir que el futuro de nuestro país sea hipotecado, este es el momento de actuar”, sentenció el funcionario.
“Estamos juntos con el gobierno, con el Ejecutivo, estamos prontos, listos y dispuestos a trabajar por la Seguridad, por la tranquilidad que conlleva, por supuesto, la prosperidad del país”, resaltó el presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad del parlamento, Antonio Almendariz.
Ramírez Landaverde, entre tanto, advirtió que las pandillas “no nos van hacer retroceder”.
“Hemos emprendido un camino que nos debe llevar hasta la victoria, es decir, hasta vencer a todos aquellos que se oponen al desarrollo y a la institucionalidad del país”, apuntó el funcionario.
