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La retardación de justicia afecta emocional y físicamente a familiares de las víctimas, dijo Ana Julia Escalante, directora de Pro Búsqueda, en el Encuentro del Día Nacional de la Niñez Desaparecida durante el Conflicto Armado. En donde madres y padres compartieron sus esperanzas de conocer la verdad por parte del Estado y recibir una reparación integral. FotoDiarioCoLatino/Karla Rodas.

Estado salvadoreño continúa en deuda con víctimas del conflicto armado

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Madre Sofía, defensora de derechos humanos, activista fundadora de CODEFAM, nacida en febrero de 1944, en el cantón San Pedro Agua Caliente, municipio de Verapaz, San Vicente, aún busca incansable a tres sobrinos y dos hermanos desaparecidos durante el conflicto armado.

En su recuento de esta búsqueda afirmó “Siempre que hablamos de las víctimas, confirmamos de inmediato la exclusión de las mismas en la vida nacional, porque ningún gobierno pasado y el actual le ha interesado nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la promesa que estos actos no se vuelvan a repetir”, sostuvo. Junto a un centenar de otras familias incompletas, han podido crear una “tejido humano” en su búsqueda que rayan las tres décadas han podido consolidarse colectivamente y como testigos vivos de la historia reciente de este país, reiteraron su exigencia de justicia para las víctimas sobrevivientes y para sus familiares desaparecidos o fallecidos.

“Algunos -dirán- que con una compensación de $50 dólares, que nos entregan es suficiente, pero no es cierto, ninguna cantidad va a compensar este dolor – jamás- y esa cantidad no cubre ni la mitad de los medicamentos que deben tomar las madres”, afirmó madre Sofía.

“Nosotros queremos saber dónde están nuestros desaparecidos, tampoco queremos venganza -ya se les dijo- pero eso si los perpetradores deben responsabilizarse por lo que hicieron. Las madres estamos muriendo sin haber obtenido la verdad, solo queremos que la procuren como acto de justicia”, sostuvo.

La madres Sofía también lamentó la situación de las “nuevos desaparecidos” por el régimen de excepción que cumplió su primer año, como mecanismo de control de seguridad ciudadana. “Como víctimas, sabemos identificar el dolor de estas nuevas madres y familias” al considerar que se están enfrentando a un sistema que ejerce presión a la población más vulnerable.

“Actualmente, cuanto inocente está pagando con cárcel cosas que no deben, esas nuevas víctimas del régimen de excepción son de miles, y se está apoderando de esta gente que no tiene nada que ver con el Crimen Organizado (pandillas)”, afirmó.

“Siempre los pobres -los descalzos- como decía Monseñor Romero, son los que pagan toda esta represión que golpea siempre a los pobres. Y no se diga del encarecimiento de los alimentos, la falta de acceso al agua, salud o educación y si queremos protestar nos reprimen.  Estamos en una situación en la que podremos dejar nada a las nuevas generaciones ni en derechos humanos ni en justicia”, acotó Madre Sofía.

La retardación de justicia afecta emocional y físicamente a sus familiares, explicó Ana Julia Escalante, directora de Pro Búsqueda, al señalar que son décadas sin recibir información por parte del Estado, para conocer el paradero de sus hijos e hijas que fueron arrebatados de sus hogares durante el conflicto armado.

“Esa niñez son ahora personas adultas, de las cuales algunas se encuentran adoptados y viven en otro país. Están los que lamentablemente murieron durante el conflicto armado, y sin importar estas circunstancias para los familiares es importante contar con esa verdad para proseguir con sus vidas y cerrar ciclos, porque la vinculación familiar es un proceso difícil que conlleva años”, acotó.

“Y las familias que todavía no saben y que no tienen ninguna respuesta, es un camino doloroso y conmemoran este día aferrados a ese recuerdo de la niña o el niño antes de desaparecer. Lo que decía, como jugaba y sus pláticas con sus madres, es un impacto muy fuerte la desaparición de un niño porque deja un vacío que difícilmente las familias pueden llenar y lo que vemos es que las familias han aprendido a sobrellevar esa situación pero necesita acompañamiento y atención por eso exigimos la verdad y la justicia para ellas”, reiteró Escalante.

En cuanto a la centralización en los procesos de reparación y justicia por parte del órgano Ejecutivo, la directora de Pro Búsqueda, hizo un llamado al gobierno, señalándole que estos procedimientos “deben ser integrales” en donde diferentes instituciones del Estado deberán articularse para realizar la reparación moral, psicológica y económica.

“Recordemos, que son proyectos de vida que fueron negados a esas personas por la desaparición siendo unos niños y niñas. Y que se deben seguir otros procesos como devolver su identidad. Y debe existir otro proceso psicológico de reparación para estos adultos y adultas que crecieron en hogares diferentes en el que nacieron o los que crecieron en hogares sin ninguna figura de familia”, manifestó.

“Se les cortó y arrebató de sus propias familias, por tanto, debe haber un proceso de reparación -en donde ellos y ellas- puedan emprender un nuevo proyecto de vida que satisfaga sus expectativas de vida. Así como de las personas reencontradas porque ahora son adultos y si tienen familia, esas carencias en su infancia van a repercutir en sus hijos e hijas”, puntualizó Escalante.

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