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Redacción Nacionales
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La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos “Pro Memoria Histórica de El Salvador”, rechazó tajantemente las reformas a la Ley Orgánica Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como la resolución de la Sala de lo Constitucional , impuesta por el gobierno, que da vía libre a la reelección del presidente Nayib Bukele.
“Estamos entrando con este gobierno a una destrucción completa del pueblo, muchas personas que son víctimas, están muriendo con la necesidad de tener una atención de salud y no la tienen. Y como organización, sabemos de muchas madres que siguen con sus hijos desaparecidos, y buscándolos, por eso estamos acompañándolas”, manifestó Milagro Alvarado.
“Por el momento que estamos viviendo, el gobierno quiere dejar toda la historia de las víctimas atrás y en impunidad. Y dejar solo sus leyes y solo sus estatutos ¿Y las víctimas dónde quedan todas?”, señaló Milagro Alvarado, del Comité de Madres y Familiares Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador (COMADRES).
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos “Pro Memoria Histórica de El Salvador” reiteró el repudio a las nuevas disposiciones impuestas por el actual gobierno, pues consideran es un atentado no solo contra la “independencia judicial”, sino para la ciudadanía en general, explicó David Ortiz, abogado de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD.
“Hay un procedimiento Ad Hoc a la carta, que amparándose en el discurso de depuración del órgano Judicial se está buscando quitar a jueces y juezas, por el tema de la edad, sin que exista un debido proceso, simplemente un juez de 60 años o con 30 años en la judicatura debe ser separado del cargo”. “Esto atenta contra derechos como la estabilidad o seguridad jurídica, derecho a audiencia entre otros, es un ataque a la independencia Judicial y así debe leerse, con estas últimas reformas”, sostuvo Ortiz.
Asimismo, desaprobó las recientes sentencias de la Sala de lo Constitucional, porque fue impuesta desde la Asamblea Legislativa por órdenes de la presidencia, expresó Ortiz.
“Anteriormente, si usted no estaba de acuerdo con una medida, como convocar a 20 mil militares para tarea de seguridad pública, se iba a una Sala de lo Constitucional. Y argumentaba que desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992) se dijo que el ejército debe tener un número limitado de elementos y que al ejército no le corresponden las tareas de seguridad pública y la decisión del presidente no era correcta”, explicó.
“Ahora, existe una Sala de lo Constitucional, que ha sido impuesta de manera inconstitucional por el oficialismo, porque usted no irá a pedir a la Sala de lo Constitucional del Gobierno, que revierta una medida del Gobierno. Y no irá a una puesta de conocimiento de un ilícito al Fiscal General que ha puesto este Gobierno”, añadió Ortiz.
Actualmente no existe la posibilidad de controlar las decisiones del Gobierno y que realizan sus funcionarios, que vulnera la lógica de pesos y contrapesos políticos de la administración pública.
“Los pesos y contrapesos permiten que la Asamblea Legislativa pueda controlar lo que hace el Ejecutivo o que la Corte de Cuentas pueda controlar cómo ejecutan el Presupuesto General de la Nación. Y que la Fiscalía puede iniciar un proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa cuando un funcionario tiene fuero y ha cometido un delito grave”, indicó.
Esta cooptación de la institucionalidad, consideró Ortiz, puede afectar directamente a la ciudadanía, a través de detenciones arbitrarias de la Policía (PNC), cuando en la Constitución de la república se establece que nadie puede ser privado de libertad, sin un debido proceso.
“Ahora, que se quiere cambiar casi un tercio del órgano Judicial, por una medida ad hoc, que juez o jueza va a garantizarle el debido proceso, ya vimos que la Policía Nacional Civil hace detenciones sin ningún fundamento legal (Caso Mario Gómez, por sus críticas al bitcoin)”, entre otros.
“La policía no puede detener en vías de investigación -tengamos claro-, que el monopolio de la investigación lo tiene la Fiscalía General de la República, y la PNC, es un órgano auxiliar, y solo la Fiscalía puede autorizar una investigación, y el escenario que tenemos en este momento es que existe un control casi total de la institucionalidad”, apuntó Ortiz.
Sobre el caso en específico de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en diciembre de 1981, Ovidio Mauricio González, coordinador de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, manifestó que la reforma a la Ley Orgánica Judicial, afecta a las víctimas del conflicto armado.
“Como dicen otros compañeros es un -Decreto vulgar-, discriminatorio y además, violenta los procedimientos que están establecidos en la Constitución y en otras leyes. ¿Cómo es posible que esté pidiendo reformas a la Constitución, que llega a más de 200 artículos, cuando por otro lado, violan esa misma Constitución? O sea, ni esos artículos reformados va a cumplir este gobierno”, afirmó González.
Entre los inconvenientes y el temor de las víctimas y sus representantes de las víctimas, es que, cuando el proceso pase a otra etapa, tendría la disyuntiva que si utilizan el Código Procesal Penal nuevo -este caso de El Mozote- pasaría a un Tribunal de Sentencia que son tres jueces que valoran las pruebas y realizarían el juicio, del que podrían salir afectados.
“Si aplican el Código de 1973, pues sería el mismo juez (Guzmán) quien elevaría a plenario y haría la vista pública, no tenemos claro eso, aunque el Juez Guzmán ha manifestado que pasaría a un Juzgado de Sentencia, luego de estas reformas a la carrera judicial”, afirmó González.
