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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Diputados de GANA y el PCN acusaron este miércoles a algunas empresas telefónicas de estar entorpeciendo las medidas impulsadas por el Estado para cortarle a las pandillas la comunicación desde los centros penales.
“Se está dando un problema con las empresas telefónicas o algunas de ellas; está costando realmente vencer este poder que ellos manejan, there es bastante difícil. Pero ante la voluntad política y la voluntad del pueblo salvadoreño, creo que vamos a poder lograrlo”, manifestó.
Según el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, algunas de estas empresas se están actuando “de una manera perversa” de afectar las comunicaciones de miles de usuarios de telefonía en varias ciudades del país donde existen centros penales, con el único fin de generar molestia entre la población para que se desactive el bloqueo telefónico a los reclusorios.
“Tienen incomunicado a San Francisco Gotera, a Zacatecoluca, a Chalatenango, a efecto de querer crear una reacción contraria por parte de la población hacia las medidas que se han tomado”, afirmó anoche durante el programa Ocho en Punto de Canal 33.
Durante la transmisión del programa algunos televidentes llamaron al canal para denunciar que en Izalco una empresa ha cortado la señal de telefonía
Gallegos llamó al Gobierno a poner un “hasta aquí” a los abusos que, a su criterio, están cometiendo algunas de las empresas de telefonía contra la población.
En similares términos se expresó el legislado pecenista Antonio Almedáriz para quien no existen justificaciones técnicas para interrumpir la señal de telefonía más allá de los siete centros penales donde se ha decretado emergencia y se pretender cortar cualquier tipo de señal de comunicación.
“A mí me parece también que son tácticas a fin de echarle (poner) a los usuarios contra el Gobierno y seguir transmitiendo a los penales”, consideró Almendáriz, presidente de la comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa.
El parlamentario de GANA manifestó que su partido está en la total disposición de seguir aportando y acompañando al Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén en sus planes de combate a la delincuencia, pero que además exigirán cuentas claras al Ejecutivo especialmente sobre la administración de recursos otorgados para financiar la seguridad.
“Como GANA hemos solicitado y vamos a pedir en la siguiente reunión un informe detallado de lo que ha sido la recolección de fondos en materia del impuesto que se puso a las llamadas telefónicas, de noviembre a la fecha nosotros queremos saber exactamente qué es lo que se ha recogido, en qué se ha distribuido y si parte de ese dinero va ser usado en algunas de estas medidas que se están empleando”, señaló el parlamentario de derecha.
Almendáriz sugirió al Gobierno que, amparado en normas constitucionales, disponga de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública en zoas rurales y concentre a la Policía Nacional Civil en zonas urbanas, para despojar del control territorial a las pandillas.
“Nosotros sugerimos que se sustraiga la policía del campo y se traiga a las ciudades, que es donde es más idóneo, y que se emplee a la Fuerza Armada en el área rural”, señaló.
Por su parte, el diputado arenero Rodrigo Ávila manifestó que las medidas implementadas en los centros penales “no pueden ser milagrosas”, pero es un inicio encaminado a controlar el accionar de las pandillas desde su centro de operaciones.
Gallegos anuncio además que prepara una propuesta para la creación de los comités de defensa comunales, que ya funcionan en otros país; también elabora una iniciativa, con base al pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional que declaró terroristas a las pandillas, para que los integrantes de estos grupos sean condenados a 10 años de prisión solo por su pertenencia a estos grupos, afirmó.
