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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) señaló que la adopción de un esquema punitivo por parte del Ejecutivo, para atender la pandemia del COVID-19 ha impactado en los ciudadanos, registrándose desde el 21 de marzo hasta el 12 de mayo 1,337 casos de presuntas violaciones a derechos humanos, entre los que destacan algunos como posibles ejecuciones extrajudiciales.
El abogado Saúl Baños -director ejecutivo de FESPAD- manifestó que con la llegada del Gobierno en junio de 2019, inició un proceso de regresión en el cumplimiento de los derechos humanos de la población, expresada en acciones lesivas como despidos injustificados, irrespeto al debido proceso y el uso excesivo de la fuerza, sin embargo, con la llegada del covid en marzo de 2020 el proceso de regresividad fue más acelerado.
“Bajo la justificación de la atención a la pandemia, de marzo a septiembre, que fue el período donde se presentó el pico más alto, se dio un incontable número de acontecimientos constitutivos a violaciones de derechos humanos, la pandemia debe atenderse bajo el respeto de la Constitución y las leyes del país y no bajo un esquema punitivo, donde la principal característica fue la ausencia de un marco normativo válido, que le diera sustento a todas las restricciones impuestas a la ciudadanía. Estas situaciones es necesario sistematizarlas para que no se puedan repetir en el país”, sostuvo Baños, durante la presentación de los resultados de la investigación sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos.
Entre tanto, el director de Acceso a la Justicia de FESPAD, Héctor Carrillo explicó que la adopción de un esquema punitivo y securitizado impulsado desde el máximo liderazgo del órgano Ejecutivo, para la gestión de la pandemia condujo a violación del derecho a la libertad ambulatoria, tanto por la cuarentena domiciliar, como por los denominados “cercos sanitarios”, cerca de 2,200 salvadoreños fueron privados de libertad por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, como sanción por no cumplir con las normativas regulatorias de la cuarentena. Pese a que ciertas medidas eran necesarias para contener el avance de la enfermedad, estas requerían un marco normativo para evitar la arbitrariedad y dar legitimidad a la actuación de las instituciones.
“La excesiva duración de la cuarentena, la discrecionalidad del abuso de autoridad, la opacidad de medidas en centros de detención y la falta de definición de cómo abordar la pandemia, ha derivado en una inseguridad jurídica y en una erosión del Estado de Derecho, medidas como el distanciamiento social que son necesarias para hacer frente a la pandemia, no se han hecho conforme a los canales adecuados. No puede ser el carácter punitivo que esté por delante de la gestión de los asuntos públicos, el carácter punitivo si bien es una herramienta del Estado, de hecho es la última a la cual se debe acudir en una sociedad democrática”, afirmó Carrillo.
Asimismo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) constató tratos crueles e inhumanos en los centros de contención, donde se registraron 175 casos de COVID-19, estas personas bien pudieron adquirir el virus dentro de estos lugares, al no tener las mejores condiciones para hacer frente a la pandemia; mientras, la Sala de lo Constitucional mandó a la PNC y Fuerza Armada abstenerse de afectar la imagen, integridad y bienestar de las personas.
Como reflejo de la incapacidad de resolver las problemáticas desde la política, durante la gestión de la pandemia fue constante la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo, haciendo uso preferente y recurrente del veto presidencial y la generación de conflictos normativos interorgánicos, a ser resueltos por la Sala de lo Constitucional, en un número y frecuencia sin precedentes en la historia constitucional del país.
Además, se puso de manifiesto la falta de información sobre la situación de los privados de libertad en bartolinas y centros penitenciarios, considerando la vulnerabilidad de esta población y el riesgo que un contagio en ellos pueda tener en la salud pública en general.
A criterio de FESPAD, deben crearse y regularse los mecanismos que permitan, de manera flexible, establecer las prioridades de acción para el abordaje de la pandemia, las medidas y regulaciones sobre los derechos de las personas basadas en la ley, con claras funciones y límites para las autoridades, procurando la menor afectación posible de la ciudadanía, pero procurando su protección tanto en materia de salud, como en el derecho a su libertad individual y seguridad.
El estudio del “Impacto de la pandemia COVID-19 en los DDHH y la seguridad pública” fue un trabajo desarrollado por Christian Aid y FESPAD, a través del proyecto Construyendo Paz, el cual cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, y busca mejorar la condición de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de los Derechos Humanos en El Salvador.
