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@JoakinSalazar
Con el cierre definitivo del centro Penal de Cojutepeque, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, a través del Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, anunció una serie de medidas que buscan reformar integralmente el sistema penitenciario del país.
Ayer, el vicepresidente Ortiz encabezó un recorrido en el ex centro penal de Cojutepeque, el cual pasará a manos de la Policía Nacional Civil (PNC), preliminarmente, para albergar la delegación centro de la corporación. En su recorrido, Ortiz oficializó el cierre que inició con el traslado de los reos el pasado jueves.
“Este día, junto al gabinete de seguridad, después de 68 años de que este lugar se convirtiera en un centro penitenciario, aquí en la ciudad de Cojutepeque, ahora lo estamos oficialmente declarando clausurado; se cierra la puerta después de 68 años de ser un espacio para hacer el centro de detención de aquellos que por distintas razones tenían que estar ante la justicia, donde se convirtieron en privado de libertad”, dijo el Vicemandatario.
El Cierre definitivo del penal se da en el marco de las medidas extraordinarias que fueron ordenadas por el presidente y puestas en marcha bajo la ejecución del gabinete de seguridad e instituciones del Estado. “El cierre del penal forma parte del conjunto de acciones de las medidas que esperamos mantener hasta junio del otro año, a través de 4 propósitos: primero, controlar de manera total y completa el sistema penitenciario”, explicó.
Además revertir la acción de la estructura criminal, desarmar la estructura de la extorsión y tomar el control de aquellos sectores priorizados, que por años han sido afectados por la criminalidad; lugares que a juicio del vicemandatario, la PNC y la Fuerza Armada ha ido tomando el control, reduciendo los índices de violencia y homicidios que por hoy llegan a un promedio de 10 diarios en todo el país.
“Quiero informar que se inicia con al menos cinco acciones que vamos a desarrollar en los próximos meses y en el transcurso de este año en el sistema penitenciario, que actualmente tiene 34 mil 700 privados de libertad. Dentro de este sistema tenemos seis centros penales que están dentro del estándar de alta peligrosidad y donde hemos establecido medidas mucho más restrictivas y exigentes, medidas mucho más complejas, pero ahora que hemos comenzado, ya queremos anunciar que en el transcurso de este año habrá cambios”.
Entre las medidas a tomar en centros penales se encuentra la imposición de uniformes para todos los reclusos, que serán diferentes a través de la reclasificación de los más de 34 mil reos, entre baja, mediana y alta peligrosidad.
Asimismo, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, informó que 17 mil privados de libertad ingresarán al estándar de baja y mediana peligrosidad, por lo que podrán optar al brazalete penitenciario y medidas alternas a la detención; ante esto se informó que se lanzará en próximas fechas la licitación para la compra de los brazaletes.
Adicional a ello, con la construcción de los tres centros temporales de reclusión 10 mil privados de libertad se podrán a la orden de diversas instituciones de gobierno y municipalidades para realizar trabajos, que de acuerdo al decreto legislativo, podrán ganar un día menos de reclusión por cada dos trabajados en obras que beneficien a la población.
En cuanto al hacinamiento carcelario, el Vicepresidente Ortiz afirmó que antes de junio de 2017 se verán los primeros resultados. “Vamos a tener el complejo penitenciario de Izalco con espacio para cinco mil privado de libertad, ahora mismo estamos por recibir la fase 2 y fase 3. Con las medidas extraordinarias estamos en esta ruta de una profunda reforma, de un profundo cambio y de una profunda transformación de este sistema; así como está, no nos sirve para lo que queremos en los próximos 5 a 10 años”.
De igual forma, agregó “esperamos tener un sistema penitenciario moderno, seguro, que cumpla con estándares de carácter internacional y un sistema penitenciario que sea capaz de garantizar el correcto cumplimiento de las penas, la correcta rehabilitación de acuerdo a los estándares Internacionales y un sistema penitenciario que cada vez sea menos saturado. Esto es parte de nuestra política del plan El Salvador seguro y es parte de nuestra política integral de Seguridad Ciudadana”.
En cuanto a las instalaciones del ex penal de Cojutepeque, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública confirmó que las instalaciones están a nombre de esa cartera de Estado, por lo que dispondrá de ella para la sede policial de la ciudad, sin embargo, la pone a disposición de las autoridades de gobierno para lo que requieran. Además, para hoy se prevé una reunión con las operadoras de telefonía, para reactivar las señales que habían sido desconectas por el penal y las medidas extraordinarias ejecutadas.
“Por el momento, este es el único penal que tenemos considerado cerrar, pero dependerá del desarrollo de diferentes planes para considerar la cierre de otros centros penales; hay varios que quisiéramos cerrar: el centro penitenciario de San Miguel y el de Chalatenango. Más adelante se pudiera tomar esta medida, pero eso dependerá de que se cuente con más espacio y mayor infraestructura”, puntualizó Ramírez Landaverde.
