¿ES PAGABLE LA DEUDA EXTERNA SALVADOREÑA?

Por David Alfaro

¿Puede un país que crece a paso lento, golpeado por la pobreza y el desempleo, seguir pagando una deuda cada vez más alta sin asfixiar a su propia gente? Esa es la pregunta de fondo que no se puede seguir evadiendo.

Las cifras asustan. Con un PIB que ronda los 37 mil millones de dólares, la economía salvadoreña sobrevive gracias a las remesas, que en 2025 superaron los 10 mil millones de dólares (más de la cuarta parte de toda la producción nacional PIB).

Mientras tanto, la deuda pública total ya superó los 35 mil millones de dólares, dejando atrás los 34.9 mil millones que se registraban a junio de 2026. El verdadero problema no es solo la cifra en sí, sino el costo de financiarla y los recursos que le arrebata al país.

El dinero para pagar a los acreedores internacionales no sale de la nada. Cuando el presupuesto nacional prioriza el pago de intereses de la deuda, se desmantelan los fondos para hospitales, escuelas, vivienda e infraestructura básica. Al no alcanzar el dinero, el gobierno cae en la trampa de pedir nuevos préstamos solo para abonar a los anteriores, un círculo vicioso del que es casi imposible salir.

Históricamente, el FMI y la banca multilateral imponen recetas de ajuste económico para garantizar que los países paguen, sin importar el costo humano. Economistas como Joseph Stiglitz han cuestionado duramente este modelo por sus devastadores efectos sociales. El guion siempre es el mismo: cuando llegan los recortes fiscales, la factura la terminan pagando los trabajadores, la clase media y los sectores más vulnerables.

Por supuesto que un impago financiero trae consecuencias graves, como la pérdida de créditos, la fuga de capitales y el aumento de las tasas de interés. Pero cumplir con los prestamistas a cualquier costo tampoco puede convertirse en un dogma incuestionable.

Renegociar, reestructurar o auditar los compromisos internacionales son alternativas reales cuando la carga se vuelve insostenible. Lo que resulta inadmisible es normalizar que, para mantener contentos a los mercados, se tenga que empobrecer aún más a la población. Ninguna deuda es sostenible si para pagarla hay que hipotecar el futuro del país.