¿Es necesario el régimen de excepción en un país seguro?

Por: Luis Rafael Moreira Flores

En el marco de la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES), se llevó a cabo la ponencia titulada: “¿Es necesario el régimen de excepción en un país tan seguro? Del país de las pandillas al paraíso de las reservas”, impartida por Luis Enrique Amaya, consultor internacional en políticas de seguridad.

Durante la disertación, Amaya abordó la evolución del fenómeno de la inseguridad en el país a través de la tasa de homicidios, enfatizando que gran parte del análisis actual se fundamenta en investigaciones comparativas del Triángulo Norte realizadas en años anteriores, dado que en el país ha cesado la producción de este tipo de estudios académicos e independientes.

La tendencia histórica de los homicidios y la narrativa frente a los datos

Uno de los puntos centrales expuestos por el especialista fue el comportamiento histórico de la violencia letal en El Salvador. Según Amaya, es imprescindible reconocer que durante la gestión de Mauricio Funes se registró una leve y temporal baja en la tasa de homicidios debido a la tregua entre pandillas. Posteriormente, con la llegada del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, la ruptura de dichos acuerdos derivó en una confrontación directa y frontal, cuyo punto crítico se reflejó en el año 2015, periodo que hasta la fecha se utiliza como parámetro estadístico de la crisis de violencia.

Amaya destacó que para cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, las cifras de homicidios ya se encontraban en niveles similares a los registrados durante el periodo de la tregua (gestión de Funes). Este comportamiento demuestra que la tendencia a la baja comenzó a gestarse desde 2015 -durante la administración de Sánchez Cerén, quien combatió a las estructuras delictivas sin recurrir a un régimen de excepción- y se estabilizó hacia 2019.

Frente a la narrativa oficial que atribuye el éxito de la seguridad de manera exclusiva al Régimen de Excepción iniciado en 2022 y a las denominadas «7 etapas» del Plan Control Territorial (que incluyen conceptos como extracción, integración, control entre otras), el ponente señaló que estas fases quedan en el plano discursivo debido a la falta de acceso a información pública que permita auditarlas. Asimismo, recordó intentos pasados de gestión como el Plan El Salvador Seguro, el cual contemplaba 124 acciones y la intervención de alrededor de 32 instituciones, ejemplificando que, en la teoría de la administración pública, a mayor dispersión de objetivos, menor es la probabilidad de ejecución efectiva.

Origen, estructura y caracterización sociodemográfica de las pandillas

En el desglose del fenómeno de las maras y pandillas, el especialista diferenció los orígenes del fenómeno en Los Ángeles, Estados Unidos -donde influyeron estructuras como la Mexican Mafia, Los Areos, La Familia Mejicana y la Familia Negra– respecto al desarrollo que tuvieron en El Salvador, donde operaron inicialmente como grupos más rudimentarios.

En cuanto a la estructura organizativa, Amaya detalló las diferencias organizativas entre las dos principales agrupaciones:

• Mara Salvatrucha (MS-13): Presentaba una estructura jerárquica y territorial definida, compuesta por la Ranfla Nacional (con liderazgos tanto en prisión como en libertad que mantenían coordinación), los Programas (agrupaciones por proximidad territorial) y las Clicas.
• Pandilla Barrio 18: No contaba con una coordinación nacional unificada debido a la división interna entre las facciones Revolucionarios y Sureños. Se organizaban territorialmente mediante Tribus y operaban localmente a través de Canchas.

La jerarquía interna de la MS-13 ascendía desde las funciones operativas de base (paro, observación/poste, chequeo) hasta llegar a los homies o homeboys (alcanzado tras el proceso de «brincado»), culminando en los corredores de clica, corredores de programa y la Ranfla. Aclaró que el concepto de «colaborador» no responde a una categoría propia de la pandilla, ya que muchas personas eran coaccionadas a brindar información o recursos. Asimismo, sus investigaciones señalaron que el término «palabrero» no constituía un nivel jerárquico único.

En el ámbito sociodemográfico, el ponente presentó los resultados de una encuesta aplicada a casi 1,200 integrantes de pandillas:

• Nivel educativo: El pandillero promedio entrevistado cursó hasta el séptimo grado. El 77% no completó el noveno grado (35.25% cursó primaria; 41.6% tercer ciclo y 23.2% alcanzó bachillerato o nivel universitario).
• Condición laboral e ingresos: Entre los que poseían un empleo formal, el 52% trabajaba en construcción o labores manuales y el 26% en negocios propios. El 71.3% percibía ingresos de hasta $250 mensuales.
• Edad de ingreso y reclutamiento: El 60% se incorporó a la estructura antes de cumplir los 16 años (un 40.4% de hombres y 31.6% de mujeres ingresó entre los 13 y 15 años). El reclutamiento forzoso representó el 20% en términos generales (28.2% en la MS-13 y 11.2% en la Barrio 18).
• Paternidad y motivación: El 87.7% de las mujeres y el 52.9% de los hombres ya tenían hijos. Las principales razones manifestadas para ingresar entre 1996 y 2016 se mantuvieron constantes: la búsqueda de «vacil» (materialidad/ocio), la amistad y el escape de problemas familiares.

Con relación al impacto psicológico y social, un 59.2% afirmó haber ganado autoestima al ingresar, un 53.1% dinero y bienes, y un 51.9% respeto social. No obstante, la valoración de la vida dentro de la pandilla decaía marcadamente con la edad: mientras que para el 74.8% de los jóvenes de 13 a 17 años era «muy importante», el porcentaje descendía al 26.3% en los mayores de 36 años.

Diagnóstico actual y percepción ciudadana

Como reflexión general, Amaya sostuvo que en el contexto presente “existen pandilleros, pero ya no existen las pandillas”, debido a que las estructuras organizativas se encuentran desarticuladas con la mayoría de sus miembros encarcelados. Explicó que el resultado actual responde a una sinergia y concentración de poderes del Estado, sumado al aprovechamiento de más de 20 años de bases de datos de inteligencia policial e institucional acumuladas durante las administraciones de ARENA y el FMLN. A su juicio, la estrategia gubernamental real se ha sintetizado en dos fases dinámicas: negociación y encarcelación.

Para contextualizar el sentir de la población, se citaron los datos de la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) sobre la evaluación ciudadana:

• Principales logros: El 77.4% considera que la seguridad es lo mejor que ocurre en el país, seguido de la reducción de la violencia y encarcelamiento de pandillas (3.7%).
• Principales problemas: La economía encabeza las preocupaciones con un 37.3%, el alto costo de la vida con un 15.3% y el desempleo con un 12.4%.
• Evaluación de instituciones y régimen: El Ministerio de Justicia, Educación y Defensa obtienen las notas más altas, mientras que la gestión presidencial recibe una calificación de 8.24.
• Representación política: Al preguntar a quién representan los diputados, el 32% respondió que al presidente Bukele, el 22.6% a la población y un 20.5% a sí mismos.

Finalmente, el ponente reflexionó sobre los anuncios gubernamentales respecto a la liberación de un porcentaje de personas catalogadas como «colaboradores», señalando que la falta de parámetros numéricos precisos deja en la incertidumbre el alcance de estas medidas. Concluyó enfatizando que la potestad legal y constitucional sobre la liberación de prisioneros corresponde al Órgano Judicial y no al Órgano Ejecutivo.