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El Equipo Gestor de la Ley de Probidad, decease integrado por diferentes organizaciones de la sociedad civil de derecha, check interpusieron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de inconstitucionalidad en contra de la recién aprobada Ley de Probidad.
En la demanda, el grupo gestor exige que se derogue la Ley, más una medida cautelar para que no se aplique; de esta manera volver a la ley anterior, la cual cuenta con más de 50 años de vigencia.
El equipo argumenta que la Ley posee deficiencias dado que su contenido, que supuestamente deja “sin dientes” las acciones legales e inhabilitando el proceso civil contra las personas que estarían siendo procesadas por enriquecimiento ilícito.
Ley atenta contra el artículo 240 de la Carta Magna, porque se elimina el juicio civil que procede contra ex funcionarios y funcionarios que estén procesados por enriquecimiento ilícito, dicen los demandantes, con lo que se obligaría a “restituir al Estado o al municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente”, fueron los señalamientos del equipo demandante.
Para los representantes del equipo Gestor, se tienen suficientes argumentos jurídicos “sólidos” para esperar una respuesta favorable de la Sala, y que se declare inconstitucional dicha ley.
Además, solicitaron una medida cautelar para que se deje sin efecto la Ley de probidad, que entra en vigencia la próxima semana.
Roberto Rubio, representante de FUNDE, lamentó que la Ley fuera sancionada con tanta celeridad y opinó que el aval de la ley por parte de Casa Presidencial ha dado un mensaje negativo.
Aunque ya se ha mencionado que los procesos de investigación de los ex presidentes no se detendrían, Rubio aseguró que “se detienen, porque primero le quita la facultad a la sección de probidad que está haciendo las cosas(…) ni siquiera le dan facultad a lo civil, sino que simplemente le da avisos”.
“Obviamente, es un retroceso(…) nos vamos a conformar con regresar a la anterior y vamos a seguir luchando para que se apruebe una ley de probidad”, fueron los señalamientos del Equipo.
En Diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó con 47 votos, la Ley de Probidad, la cual establece procedimientos para determinar el patrimonio de los empleados y funcionarios de gobierno que manejen fondos públicos, así como estipular sanciones administrativas a quienes la incumplan.
