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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Empleados cesados de las cinco secretarías suprimidas por Nayib Bukele, Presidente de la República, acudieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a presentar, junto a representantes de varias organizaciones sindicales, una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión del Ejecutivo de despedirlos injustamente.
Las organizaciones sindicales sostuvieron que el decreto en el que el mandatario salvadoreño, ordena la supresión de plazas contiene fraudes de ley, ya que el reglamento interno del Ejecutivo, tiene como finalidad la organización de este ente estatal, pero no así la eliminación de puestos de trabajo.
“Calificamos estos despidos como arbitrarios y están violentando el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores, por ello solicitamos a la Sala de lo Constitucional que los funcionarios se abstengan de ejecutar los despidos”, dijo Idalia Zúniga, representante de la Federación Social Sindical Salvadoreña (FSS). Los sindicalistas aconsejaron a la Asamblea Legislativa, abstenerse de conocer el expediente legislativo donde se estudia la supresión de las plazas de la Presidencia de la República, y pidieron a la Sala de lo Constitucional, dictar medidas cautelares para restablecer los derechos de los trabajadores afectados por los despidos masivos.
Francisco García, secretario General de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS), externó que con la orden de supresión de plazas, el Presidente Bukele, no solo está violentando los derechos de los trabajadores; sino también, usurpando funciones de otros órganos de Estado. “Él, como presidente, puede ordenar lo que se le antoje, siempre y cuando respete el marco jurídico y este determina que el encargado establecer el número de plazas para el ejercicio fiscal es la Asamblea Legislativa; por lo tanto, él no puede, a través del reglamento interno y el Consejo de Ministros, suprimir las plazas”, afirmó García.
El secretario General de CONPHAS, externó también que las medidas cautelares solicitadas tienen como finalidad evitar que en la Asamblea Legislativa, se tome acuerdo respecto a la petición presidencial de supresión de plazas.
En el decreto enviado por el presidente de la República, hacia el órgano Legislativo figuran recortes al presupuesto de la Presidencia, producto de la supresión de las secretarías de Transparencia, Inclusión Social, Gobernabilidad, Vulnerabilidad y Técnica, y con ellas el despido de 698 empleados públicos.
