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Guatemala / Prensa Latina
Maitte Marrero Canda
Controversial desde su nacimiento, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó el martes su mandato en medio de elogios y enconadas críticas por parte del Gobierno de Jimmy Morales.
‘Gracias Cicig, el pueblo no olvidará, la justicia se queda’ y ‘Gracias a Dios los echamos’ dan una idea de la polaridad de sentimientos que deja una institución que sacó a la luz, por primera vez y con evidencias contundentes, a las redes hasta entonces intocables de corrupción entre los sectores político y empresarial.
‘Las escandalosas revelaciones de negocios ilícitos desde las organizaciones del sector privado y funcionarios públicos -algunas de las cuales se sospechaban desde mucho antes? abrieron un boquete en el sistema blindado construido por quienes poseen la riqueza y quienes operan los poderes del Estado’, escribió este martes la columnista Carolina Vásquez en el diario Prensa Libre.
‘Este tsunami de denuncias, la mayoría de las cuales desembocaron en procesos judiciales y cárcel para un número inaudito de intocables, despertó la conciencia de la ciudadanía y sacudió una modorra de siglos’, recordó la autora.
A juicio de Vásquez, si la presencia de esta institución fue dolorosa para las organizaciones criminales enquistadas en la institucionalidad, su ausencia constituye la amenaza de un huracán categoría 5 para la precaria sostenibilidad de los entes en donde se apoya el débil sistema democrático y la vida social, económica y política de este país centroamericano.
‘La contradicción entre los intereses de grupo y los de todo un país quedan en evidencia al observar cómo las huestes defensoras del sistema de privilegios y saqueo de los recursos nacionales han reaccionado ante el cierre de operaciones de la Comisión, pero especialmente ante el fin de la misión del comisionado Iván Velásquez, quien representó para esas estructuras el mayor de los peligros’, argumentó.
En sus 12 años de existencia Cicig presentó más de 100 casos de corrupción, entre estos ‘La Línea’, por el cual están encarcelados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes enfrentan diversos procesos judiciales ante la magnitud de los desmanes cometidos.
Además, identificó alrededor de 60 estructuras criminales, logró más de 310 condenas e hizo 34 propuestas de reformas legales, un elemento clave para el fortalecimiento del Ministerio Público, a quien acompañó en los procesos y transmitió su experiencias y metodología.
La crónica (ya anunciada) de la salida de la Cicig comenzó el 31 de agosto de 2018, cuando Morales confirmó que no renovaría su mandato en mensaje al pueblo desde el Palacio Nacional, resguardado por la alta oficialidad del Ejército y la Policía en una demostración de fuerza que recordó a muchos los años del conflicto armado omterno.
Entonces acusó a Velásquez de ‘sembrar el terror judicial en Guatemala al inducir a una persecución penal selectiva y consejo ideológico evidente’.
Su contundente discurso ocurría casualmente tras una petición de la Cicig de retirarle su inmunidad por segunda vez para investigarlo por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito desde 2015.
Antes, se había tocado a su familia (hermano e hijo), el punto de partida para que diera marcha atrás a su promesa de campaña de dar un nuevo plazo a la institución independiente con el aval de Naciones Unidas.
De ahí que la frase inicial ‘Gracias a Dios los echamos’ sea fácil de identificar, más cuando el pasado domingo y la víspera la utilizó en dos de sus discursos cargados de odio, el primero en el Día del Cadete; y después, en la presentación del presupuesto de la nación para el 2020.
Pese a errores -ni los mismos defensores los niegan- y el enorme desafío que enfrentará el modelo de justicia, el legado de la Cicig es tan incuestionable como la existencia de las redes ilícitas de cooptación del Estado que desnudó y hoy festejan su partida a pesar de contar con el 72 por ciento de aprobación popular.
El informe final de labores, más viejos y nuevos casos en investigación que hereda el Ministerio Público, pondrán a prueba si Guatemala está lista para batallar sola contra ríos de impunidad.
