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@JoakinSalazar
Pese a las inconsistencias denunciadas por la Defensa Técnica del ex secretario privado de la presidencia durante el último gobierno de ARENA, Elmer Charlaix y su esposa enfrentan audiencia preparatoria, por el delito de enriquecimiento ilícito ante la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, que se instaló desde el miércoles.
La audiencia continúa este jueves, luego que los magistrados declararan no ha lugar la petición de improponibilidad solicitada por los abogados de la defensa, ante un doble juzgamiento.
Elmer Roberto Charlaix Urquilla y su esposa María Arline Rivas de Charlaix, ambos procesados por Enriquecimiento Ilícito, presentarán las pruebas pertinentes para justificar el supuesto enriquecimiento ilícito de $18 millones de dólares, de su patrimonio, luego de ejercer como funcionario.
La defensa denunció ante los magistrados de la Cámara, que a Charlaix se le estaba juzgado dos veces, en un caso penal, ante el Juzgado Cuarto de Instrucción, junto al ex presidente Elías Antonio Saca y el proceso civil, por enriquecimiento ilícito. Medida que fue subsanada por la Cámara durante el primer día de la audiencia.
La Fiscalía General de la República argumentó que son casos similares, sin embargo, la audiencia debía continuar como producto del proceso que enfrenta, que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia, luego de establecer posible enriquecimiento ilícito, con en informe de la Sección de Probidad.
Y es que Charlaix fue secretario privado del ex presidente de la República Elías Antonio Saca González, en el período 2004-2009 y ha sido demandado por enriquecimiento ilícito por más de 18.5 millones de dólares, fondos que no pudo justificar ante Probidad.
En esta audiencia preparatoria, las partes, tanto Fiscalía como Defensa, tienen la oportunidad de ofrecer pruebas, que serán evaluadas por los magistrados de la Cámara, para determinar cuales son admitidas y cuales son rechazadas.
Tras la audiencia Preparatoria se realiza la audiencia Probatoria donde se decide si los procesados son responsables de enriquecimiento ilícito o inocentes.
En caso de ser encontrados responsables del ilícito, el procesado debe devolver al Estado los fondos que hayan sido obtenidos ilícitamente y queda inhabilitado durante diez años para buscar o ejercer cualquier cargo público.
