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Redacción Nacionales
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El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos señaló que el proceso de elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para el periodo 2025-2028, no ha garantizado la independencia, idoneidad ni compromiso real con la protección de los derechos de las grandes mayorías.
“Este proceso culminó una de sus últimas etapas, con entrevistas a cinco candidatos en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que parece reducirse a un formalismo, desde su inicio no promovió la diversidad de participaciones, como por ejemplo, personas con trayectoria en la defensa de derechos humanos, esto en medio de un escenario donde los controles institucionales son inexistentes”, indicó la entidad.
Asimismo, reiteró que el proceso de elección no se encuentra alineado a los Principios de París sobre instituciones nacionales de derechos humanos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1993, que establecen estándares para garantizar la independencia, imparcialidad y pluralismo de estas instituciones, entre los cuales está la independencia institucional, pluralismo, capacidad operativa, consulta con la sociedad civil.
Así como la cooperación internacional con organismos internacionales como la CIDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros mecanismos, respondiendo a sus recomendaciones y participando activamente en la promoción de estándares globales.
Tampoco se identifica un baremo o matriz de selección, para evaluar a los perfiles de las personas postulantes, la ausencia de participación ciudadana o control social por medio de diferentes mecanismos, plena transparencia en el proceso de selección, entre otros.
“La PDDH no ejercerá las funciones constitucionales establecidas en el artículo 194 de la Constitución y, por ende, no cumpliría con su mandato de contraloría en la gestión gubernamental, dado que El Salvador enfrenta un contexto marcado por las graves violaciones a los derechos humanos, persecución, criminalización y acoso a personas defensoras, periodistas, sindicalistas y toda voz crítica alterna al discurso oficial”, expresó el Equipo Regional de Monitoreo.
Consideró que dicho proceso es un mero requisito formal de elección, el cual no garantiza la defensa de los derechos humanos en El Salvador, el control institucional que debe garantizar la PDDH, y por ende continúa profundizando el deterioro democrático.
La PDDH es una institución clave para salvaguardar la dignidad humana y velar por los derechos humanos de las víctimas de abusos por parte del Estado, así como de otros sectores.
