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Oscar López
@OscarCoLatino
Resoluciones judiciales de casos emblemáticos, son el fundamento que la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) tomó para asegurar que las mismas responden más a “intereses pudientes que a la legalidad y los derechos de la población”.
Leonel Herrera, miembro de ASGOJU, manifestó: “queremos expresar algunas valoraciones sobre varias actuaciones de instancias del sistema judicial y de la Fiscalía General de la República que son cuestionables, reprobables y que confirman que tenemos en este país un sistema judicial y una Fiscalía más en función de intereses particulares”.
Las resoluciones a las que ASGOJU se refiere son: la que emitió el Juzgado 5º de Sentencia que absolvió a los familiares del expresidente Francisco Flores, la emitida por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que decidió no enviar a juicio civil a Luis Mario Rodríguez.
Asimismo, destacan los casos contra Narciso Ramírez, y el caso de la fábrica de baterías RECORD, en la que el sistema judicial decidió no acusar a los propietarios de la misma, entre ellos Miguel Lacayo, exministro de Economía del gobierno de Flores.
“El caso del expresidente Francisco Flores, que es un caso emblemático de corrupción, va camino a la impunidad, sobre todo porque el fiscal y el sistema judicial tampoco quieren procesar a los destinatarios de los fondos donados por Taiwán, es decir, las personas que aperturaron las cuentas bancarias o que fueron los receptores finales de esos fondos, el fiscal tampoco quiere aplicarle la Ley de Extinción de Dominio al COENA”, externó Herrera.
En el caso de Rodríguez, ASGOJU recordó que durante el gobierno de Elías Antonio Saca recibió (Rodríguez) sobresueldos pagados con dinero de la partida secreta de Casa Presidencial. “Su firma aparece en cheques de pagos irregulares de Casa Presidencial durante el gobierno de Saca pero extrañamente él no está siendo investigado junto con el expresidente y otros funcionarios”, dijo Herrera.
Por este tipo de sentencias, ASGOJU instó a las organizaciones progresistas, sectores democráticos y a la población a exigir la depuración del sistema judicial y también a que sean electos magistrados de la CSJ y fiscal general “honestos, independientes y comprometidos con la lucha contra la corrupción”.
