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Por Leonel Herrera*
El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmó la semana pasada que el sistema judicial del país “funciona”. El funcionario declaró en una entrevista de televisión que 7,000 personas detenidas durante el régimen de excepción ya fueron puestas en libertad; y “esto quiere decir que el sistema de justicia está funcionando”, afirmó.
El movimiento ciudadano SUMAR le contestó en sus redes sociales que un “sistema de justicia que funciona investiga, respeta la presunción de inocencia y no captura arbitrariamente a 7 mil personas inocentes”; y le refutó que “urgen verdaderas políticas de seguridad que persigan a los criminales y protejan a los inocentes”.
(https://twitter.com/SUMARxES/status/1694414189303878118?s=20)
Coincido con SUMAR. Desde el punto de vista del debido proceso penal, no es funcional un sistema judicial (fiscalía, tribunales y sistema penitenciario) que actúa abusivamente, violenta derechos humanos y suspende garantías constitucionales. Ciertamente, un sistema que funciona no habría detenido sin razón a las 7 mil personas que Villatoro dice han sido liberadas, ni a las otras 13 mil que -según el Socorro Jurídico Humanitario- siguen detenidas y también son inocentes.
Si el sistema funcionara habrían sido detenidos únicamente los miembros de pandillas y sus colaboradores, los cabecillas habrían sido extraditados y el gobierno no habría negociado con las maras. Si el sistema funcionara ya habrían sido destituidos e investigados Osiris Luna, Carlos Marroquín y el propio ministro Villatoro por los pactos gubernamentales con las pandillas revelados por el periodismo investigativo.
Si el sistema judicial funcionara también estarían procesados los funcionarios señalados de corrupción: Francisco Alabí, Pablo Anliker y todos los que estaban investigando la extinta CICIES y la Fiscalía General de la República antes de la llegada de su actual titular Rodolfo Delgado.
Si el sistema de justicia funcionara, los criminalizados no serían los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, sino los funcionarios que pretenden reactivar la minería metálica en el país violentando la ley que la prohíbe en forma definitiva y poniendo en peligro el agua, el medioambiente y la vida gravemente amenazadas por la más contaminante de las industrias extractivas.
También serían objeto de investigación los fiscales que los acusan sin pruebas, las juezas que los metieron a la cárcel y todos los demás involucrados en esta farsa jurídica contra los heroicos defensores ambientales de Cabañas.
Por cierto, al momento de escribir esta columna, los líderes comunitarios aún no ha sido excarcelados, a pesar de la orden del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque que, el pasado 23 de agosto, les concedió arresto domiciliar, en la audiencia especial de revisión de medidas ordenada por la Cámara Penal de Cojutepeque.
Dicho tribunal resolvió que los ambientalistas reciban atención médica urgente en el Hospital Nacional Rosales y luego continúen la detención en sus casas. Sin embargo, la Dirección General de Centros Penales está dilatando injustificadamente el proceso. Esto sería otra confirmación de que, desde la perspectiva de los derechos de las personas inocentes, el sistema no funciona.
Periodista y activista social.
