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La Dirección General de Comercio plantea la apertura de nuevas salas de lectura en los Estados miembros para aumentar la burocracia necesaria en el acceso a los documentos de las negociaciones del tratado de libre comercio. Esta semana comienza la ronda 11ª de negociaciones entre la Comisión Europea y Estados Unidos en Miami – Los lobbies de empresas y corporaciones, especialmente del sector agroalimentario, de telecomunicaciones y farmacéutico, copan las reuniones con la Comisión Europea en torno al Tratado Transatlántico de Comecio e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos, según informe del Corporate Europe Observatory. – Con motivo de la semana Internacional contra los Tratados de Libre Comercio, el autor resalta los logros de las campañas contra los Tratados de Libre Comercio.
Por Pablo Elorduy y Ramón Plaza Yelo/www.diagonalperiódico.net
La negociación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea sigue siendoterritorio restringido a la ciudadanía de los Estados implicados. En un documento filtrado hoy, titulado TTIP: posibles pasos para facilitar el acceso de los Estados miembros de la UE a ciertos documentos clasificados del TTIP, la Dirección General de Comercio, dirigida por Cecilia Malmström, señala los límites para la consulta de algunos aspectos que se negocian con Estados Unidos.
El documento es una respuesta a la demanda de varios Estados miembros de mayor facilidad de acceso a los documentos de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP). En él, la Dirección General de Comercio responde a la demanda de esos Estados miembros, expresada en una reunión el 4 de septiembre, y señala que la única forma de acceder a esos documentos por parte de los Estados será a través de la puesta en marcha de nuevas salas de lectura «reading rooms» en las capitales de los Estados miembro. Esto supondrá un acceso más difícil y con más restricciones a los documentos, que hasta ahora se enviaban por correo a responsables de comercio desde el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros.
A partir de ahora, agentes de seguridad en cada país gestionarán el acceso a estas salas. Asimismo, el documento publicado por Diagonal añade cláusulas como la suspensión de las salas de lectura de los Estados en las que se produzcan eventuales filtraciones y la puesta en marcha de una investigación a cargo del Estado miembro. Además, los documentos estarán señalados con un membrete que indique a qué Estado pertenecen para evitar la divulgación de las distintas informaciones.
Actualmente la reading room (sala de lectura) del Parlamento Europeo ya ha mostrado las dificultades de acceso a documentos de las negociaciones. Los europarlamentarios sólo pueden acceder a ellas acompañados de personal de seguridad, sin dispositivos que permitan hacer fotografías o escaneados de las páginas.
Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, considera que estas restricciones «impiden a los miembros del Parlamento Europeo y de los Gobiernos de los Estados miembros iniciar un análisis detallado del acuerdo». Asimismo, según recuerda, hay tres tipos de documentos: los que llegan a los Estados, los que están en la sala de lectura y un tercer tipo que ni siquiera llega a la Reading Room.
Entre los documentos hurtados por completo al escrutinio de los miembros del Parlamento y a los Estados miembro están los contactos de los negociadores de la Comisión Europea con representantes de la industria y las actas de dichas reuniones, o la postura que la Comisión Europea ha mantenido en algunos de los aspectos más delicados de las negociaciones.
Según denuncia Ecologistas en Acción, entre la información censurada está una serie de pasajes de la reunión que miembros de la DG de Comercio mantuvo con representantes de la banca Goldman Sachs el 17 de diciembre de 2014. Kucharz explica asimismo que, ni el jefe negociador, Ignacio García-Bercero, ni los 36 funcionarios que negocian las diferentes áreas del TTIP, tienen que cumplir con las reglas de desglosar sus reuniones con el lobby industrial.
Vulneración del Tratado de Funcionamiento de la UE
El documento divulgado hoy responde al malestar de algunos Estados miembros tras el intento por parte de Malmström de restringir la información después del fin de la 10ª ronda de negociación en julio. La filtración de esta nota coincide con el comienzo de la ronda 11ª, que se abre este lunes en Miami (Florida).
Desde Ecologistas en Acción, se denuncia como una «farsa» el anuncio de Malmström de ofrecer transparencia en la negociación. Esta organización señala que la comisaria de Comercio miente cuando dice que el Parlamento Europeo tiene acceso a toda la documentación sobre las negociaciones: «Los documentos sobre el TTIP han sido escondidos de la opinión pública, como por ejemplo la demanda del Gobierno estadounidense para abrir el mercado de la educación universitaria en la UE».
Para Kucharz, la política de opacidad de la Comisión Europea es «inaceptable y antidemocrática». Esta organización compara el secretismo de las negociaciones con el «manejo de secretos de guerra y no a políticas comerciales que afectan cada uno de los aspectos de nuestras vidas cotidianas». Desde Ecologistas se recuerda que todos estos documentos deberían ser accesibles «según el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a cualquier ciudadano».
También según Ecologistas en Acción: «Las restricciones de acceso a los documentos de las negociaciones vulneran igualmente el fallo del Tribunal de Justicia del 3 de julio de 2014 (asunto C 350/12 P) que dice que los dictámenes jurídicos del Consejo relativos a los acuerdos internacionales no deben ser automáticamente ‘clasificados’ y eximidos de su publicación y que el Consejo ‘debe primero explicar cómo la desclasificación podría dañar concreta y efectivamente el interés [público]'».
Los lobbies copan las reuniones con la CE en torno al TTIP
Los lobbies de empresas y corporaciones, especialmente del sector agroalimentario, de telecomunicaciones y farmacéutico, copan las reuniones con la Comisión Europea en torno al Tratado Transatlántico de Comecio e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos, según informe del Corporate Europe Observatory.
En los dos primeros años de negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, la Comisión Europea ha tenido un total de 597 encuentros con grupos de presión, la gran mayoría de ellos formados por empresas y corporaciones.Sólo el 9% de las reuniones fueron con grupos de la sociedad civil, como colectivos ecologistas y organizaciones en torno a los derechos laborales, según se desprende de un informe de Corporate Europe Observatory (CEO). En las primeras fases de la negociación, de los 288 encuentros que tuvo la comisión, 250 fueron con el sector privado.
Entre las empresas y corporaciones que tuvieron reuniones sobre el TTIP con la Comisión Europea se cuentan gigantes de la alimentación, como Coca-Cola o Nestlé, financieras como HSBC o la farmacéutica Novartis. También algunas de las empresas españolas con más expansión, como Repsol o Telefónica.
Las empresas en torno a la alimentación y a la agricultura son las que están más presentes en las reuniones a puerta cerrada, seguidas de el sector de telecomunicaciones y el farmacéutico. Una de las polémicas en torno al tratado es que éste conllevará la entrada masiva de transgénicos en la Unión Europea, un tipo de producto que, hasta ahora en la Unión, no está permitido para alimentación humana.
Otro de los puntos más controvertidos es que el tratado permitiría, mediante la fórmula de la Cooperación Reguladora, que las empresas pongan obstáculos a la aprobación de determinadas leyes que puedas afectar a sus intereses. Un documento filtrado en abril por CEO señalaba que entre los puntos del tratado se contempla que las empresas puedan ejercer de observadores y árbitros para armonizar las leyes aprobadas en distintos países que puedan afectar al comercio e inversiones.
Durante el pasado curso, empresas del sector farmacéutico, financiero y de ingeniería han multiplicado las reuniones mantenidas con la Comisión Europea respecto al total de reuniones en torno al tratado de libre comercio. Sólo las reuniones del lobby farmacéutico suponen ya el 16,5% de las reuniones que el ente europeo tuvo en torno al TTIP en el curso 2013-2014, mientras que en el curso anterior, estas reuniones suponían el 2,45 del total.
Las empresas británicas, españolas, alemanas, francesas, suecas, danesas y holandesas copan la gran mayoría de las reuniones en torno al tratado, junto a las empresas de fuera de la Unión Europea. Por el contrario, las empresas de países del este de Europa son prácticamente invisibles en la negociación del tratado.
La negociaciones del tratado también han puesto sobre la mesa el gran poder de los lobbies en la Unión Europea y que muchos de ellos no están registrados como grupos de presión. En el departamento de comercio sobre el TTIP, uno de cada cinco grupos de presión no están incluidos en el registro.
La comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, ha seguido la dinámica de su antecesor y, en los primeros seis meses en el cargo, ha mantenido hasta cien reuniones con grupos de presión del sector privado, cinco veces más que las reuniones mantenidas con colectivos de la sociedad civil.
El TTIP pierde su valioso halo de discreción
De vez en cuando, es recomendable recordar las aportaciones de Naomi Klein en su obra La doctrina de shock, en la que especificaba un método de manipulación política que se resume en la disposición o el uso oportunista de numerosas situaciones de emergencia social para aturdir el criterio de la población y facilitar su adhesión al discurso y el sistema imperante. En este marco de prácticas de orientación de las actitudes colectivas, confluyen acontecimientos históricos como el establecimiento de dictaduras, la sucesión de guerras o la propia crisis económica que estamos viviendo. Con la misma lógica, la del bombardeo, se cierne sobre los pueblos la amenaza de los Tratados de Libre Comercio (TLCs), que llegan con múltiples formas a implementar un modelo al servicio de los intereses de las grandes corporaciones. Es el caso de acuerdos impulsados por Estados Unidos como el TTIP, el CETA y el TISA, que son negociados por la Comisión Europea (CE) a espaldas de la ciudadanía y en los que está involucrado el destino de la Unión Europea.
Pero esta vez, es posible que esta técnica de parálisis general no haya sido tan efectiva. Gracias a la labor de miles de activistas y al esfuerzo de 500 colectivos organizados en contra de este avance neoliberal, un foco de luz se ha posado sobre el TTIP y las argucias de los grandes lobbies de presión, así como la complicidad de muchos gobernantes y representantes que deberían defender el interés popular. El pasado miércoles, 7 de octubre, se organizó una acción europea y descentralizada, con sede en Bruselas, contra el acuerdo transatlántico en la que se presentaron más de 3.200.000 de firmas determinadas a frenar la imposición del TTIP, el CETA y el TISA, “suficientes para unir Gibraltar y Tallín con una cadena humana”. Así, con todo tipo de representaciones creativas de la protesta y una conciencia en expansión, se inauguró laSemana Internacional de Acción contra los TLCs, que ha cristalizado en numerosas movilizaciones por todo el territorio europeo, desde grandes capitales a pueblos con miles de habitantes (en Berlín, 250.000 ciudadanas salieron a la calle a protestar).
Sin embargo, la entrega de firmas fue simbólica ya que la CE rechazó la posibilidad de estudiar esta iniciativa ciudadana, pese a que el monto de rúbricas recogidas ha superado la cuota requerida en 23 países y ha triplicado el número estipulado para el trámite de la demanda.
La alianza de organizaciones opuestas a la implantación de los TLCs es variopinta: organismos sindicales, sociedades de consumidores, luchas campesinas, colectivos de pequeños comerciantes, grupos ecologistas y animalistas, partidos políticos y toda clase de asociaciones civiles en defensa de los servicios públicos y los derechos socioeconómicos. Sus causas están en peligro, y por ellas se movilizan.
El TTIP, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre EE UU y UE, y sus hermanos persiguen el único objetivo de evaporar las normativas reguladoras que supongan una merma en los beneficios potenciales de las compañías multinacionales o en sus posibilidades futuribles o presentes de negocio. La fatalidad, y no es casual, reside en que las normativas que se pretenden debilitar o erradicar son aquellas dedicadas a la protección social, laboral, medioambiental, alimentaria y sanitaria de la población. El propósito de armonizar los marcos legislativos de ambas potencias a la baja, según el referente más laxo en estándares de regulación, y de imponer a los sectores comerciales la competencia directa y sin ambages con las grandes empresas conllevaría la degradación del tejido económico, la calidad de vida y los principios democráticos que existen y que intentamos construir en suelo europeo.
Secreto a voces
Suponemos que, precisamente por ello, la CE ha intentado llevar con absoluta discreción el desarrollo de las negociaciones del tratado, hasta los eurodiputados tienen un acceso restringido a una pequeña parte de los textos y convenios finalizados en las reuniones. Asimismo, mientras que los encuentros formales entre las partes comenzaron en junio de 2013, no fue hasta enero de 2015 que se inició la desclasificación de un mínimo de documentos relativos a los contenidos que se están pactando para la elaboración del TTIP.
Pero cada vez son más los sectores sociales que se unen a la protesta y desenmascaran el órdago lanzado por las principales corporaciones empresariales de ambos lados del Atlántico. Cabe destacar que la agrupación austriaca de Pequeñas y Medianas Empresas, que ostenta una larga y fructífera trayectoria, hizo el mes pasado una llamada de resistencia frente al TTIP, conscientes de que no podrán aguantar el embate de la desigual competencia con las multinacionales. También tienen en cuenta, como no podía ser de otra manera, su importancia en la reproducción del tejido productivo y la creación de puestos de trabajo. De la misma forma, puede llegar a ser sorprendente que el Colegio de Médicos, una institución de tradición conservadora, haya expresado su inquietud ante estos tratados respecto al mantenimiento del carácter público de la sanidad y otros servicios.
En España, 59 municipios se han declarado ‘localidades libres del TTIP’, entre las que, recientemente, podemos contar la ciudad de Barcelona. Además, tres comunidades autónomas, Andalucía, Cantabria y Aragón, han expresado su rechazo más o menos absoluto al contenido regresivo de estos acuerdos comerciales mediante mociones institucionales. En Reino Unido, son 20 las iniciativas municipales aprobadas, y en otro países como Francia, Alemania o Austria se cuentan por cientos de ellas.
Es posible que por esta razón, nos lleguen noticias de que las negociaciones del tratado se encuentran en una relativa situación de impasse, con algunos flecos problemáticos, debido a los recelos expresados por algunos gobernantes europeos en torno a la desarticulación de los controles fitosanitarios (con el consecuente aumento de la inseguridad alimentaria), la desaparición del valor añadido otorgado por las denominaciones de origen o la escabrosa instauración del mecanismo ISDS.
Este último apartado recoge la maquiavélica creación de un tribunal de arbitraje al que los grandes inversores pueden acudir a defender sus intereses por encima del control democrático y jurídico de los estados soberanos y de la propia UE. Así es como las grandes corporaciones pretenden garantizar la obtención de pingües beneficios a través de las demandas que presentarían contra los gobiernos que, consideren, hayan legislado en contra de sus proyecciones de ganancias, aunque dicha medida, con toda su legitimidad, persiga mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Pero incluso en este caso, se dieron un tiro en el pie. La CE elaboró una consulta de carácter estadístico (con un alcance de 150.000 personas) sobre la claúsula ISDS del TTIP y la respuesta debió dejarlos planchados: el 97% de los encuestados manifestaron su oposición al mecanismo.
Como podemos ver, la conciencia sobre el peligro que esconden los TLCs está creciendo a un ritmo inesperado para los grandes poderes transatlánticos, las calles se llenan de activistas y los gobiernos titubean ante el tumulto popular. Pero no debemos cejar en nuestro empeño, a pesar de su poca visibilidad, el CETA (acuerdo con las autoridades canadienses) y el TISA (que involucra la liberalización y venta de los servicios públicos) son tan peligrosos como el TTIP. Toda persona que se sienta comprometida con la sociedad y la biodiversidad en su conjunto está invitada a dar un paso adelante y participar en la lucha contra los Tratados de Libre Comercio.
