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Gloria Silvia Orellana
@DiarioColatino
A la pregunta ¿Cómo se organiza un Estado en la búsqueda de los desaparecidos, sin importar la índole de su desaparición?, las expertas en derechos humanos, Zayra Navas, Jefa de Estado de Derecho y Seguridad de CRISTOSAL, y Sofía Velasco Becerra, de CADHAC, México, respondieron de la obligación gubernamental en cuanto a leyes, políticas públicas y contar con mecanismo de búsqueda.
En el reciente Seminario Internacional “Memoria y Verdad: Búsqueda y Justicia ante las Desapariciones”, las organizaciones que integran al Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador: Alerta Raquel, ASDEHU, CRISTOSALl, DPLF, FESPAD, IDHUCA, ORMUSA Y SSPAS, concluyeron que las autoridades estatales no sólo deben trabajar en la creación de protocolos de activación de búsqueda e investigación, porque también es importante la reparación y atención de las víctimas.
Sofía Velasco Becerra, activista de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), organización de la sociedad civil nacida en 1993, que da apoyo social, psicológico y jurídico de manera gratuita a las peronas más vulnerables de la sociedad en el Estado de Nuevo León, México, explicó, que el ordenamiento de un Estado en la búsqueda es una situación compleja, y para que funcione debe ser inclusiva.
“Desde el principio de cuentas hay una responsabilidad del Estado, porque no procuró y no garantizó la seguridad de las personas, y nosotros debemos estar cuidados por parte de las autoriades y sus diferentes agentes estatales para evitar que esto suceda”, señaló.
“Si, esto no sucedió de garantizarnos seguridad y desapareció la persona, sea por el crimen organizado, por los policías u otros grupos,-quien sea- la responsabilidad es del Estado. Y si, en su primera tarea que es la prevención no la cumplió, entonces, lo qué sigue, es establecer medidas de prevención para que esto no vuelva a repetirse”, indicó Velasco.
Otro factor importante, agregó, es la “ciudadanía organizada”, como un medio para exigir a las autoridades el cumplimiento del respeto de los derechos humanos de la sociedad salvadoreña.
“En el caso de México, que ha sido todo un proceso que nos llevó varios años crear una Ley General contra las Desapariciones, se logró gracias al trabajo conjunto de las víctimas. De la exigencia organizada de las víctimas hacia la autoridad”, compartió. “Este será un trabajo colectivo y la autoridad también debe respetar a esa colectividad, a las organizaciones sociales que están exigiendo el cumplimiento de esos derechos. Porque, si no fue capaz de cumplir esa prevención contra la desaparición, entonces, debe de responder y permitir que la sociedad se organice y haga sus exigencias”, explicó Velasco.
Sobre la experiencia en México, en la creación de la Ley General contra las Desapariciones, la experta de CADHAC, indicó la riqueza del contenido porque salió de las experiencias de las víctimas, que fueron atendidas por un grupo técnico de abogados y abogadas que redactaron la iniciativa de ley, que posteriormente fue presentada ante el Congreso.
“Destaco que siempre hubo consenso con las víctimas y si las víctimas decían, que querían la inclusión de la atención psicológica u otro tipo de garantías, el grupo técnico retomaba las observaciones y las redactó. Esa ley fue avalada por las víctimas porque de no hacerlo no iba a funcionar. Porque era a ellas que iba dirigida y pues las víctimas debían estar de acuerdo con el contenido”, indicó Velasco.
En cuanto al caso de El Salvador, Velasco, expresó que luego de reunirse con las madres que buscan a sus hijos, lamentó la insensibilidad y retardo en la investigación institucional ante esta problemática compleja que impacta al grupo familiar de la persona desaparecida.
“Sin duda, es un paso indispensable que deben tomar las madres y familiares y organizarse, cuesta trabajo y en prinicipio es el arranque y si hay una ley de búsqueda y consensuada con las víctimas, se puede empezar el trabajo de prevención, exigencia, reparación del daño en concepto de reparación, claro desde la voz de las víctimas”, advirtió Velasco.
Mientras, Zayra Navas, Jefa de Estado de Derecho y Seguridad de CRISTOSAL, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) , los tratados internacionales y leyes internacionales en materia de protección a víctimas y personas desaparecidas, han establecido que el Estado debe contar con: legislación, políticas públicas y mecanismos para la búsqueda y juzgamiento.
“El Salvador avanzó de manera muy importante al reconocer el desaparecimiento forzado de personas, ya sea por agentes estatales o por entidades individuales cuando exista violencia.Y hay una disposición agregada al Código Penal, que reconoce la desaparición forzada por grupos criminales o pandillas”, afirmó.
“Hubo avances en 2018, aunque El Salvador no adoptó la política para la protección, reparación y atención a víctimas de la desapareción forzadas de personas por cualquier responsable, como agentes estatales en el caso de la guerra (80´s) , por agentes estatales como está ocurriendo con las detenciones de corta duración (por el estado de excepción), y grupos armados ilegales (pandillas)”, acotó Navas.
Igualmente, lamentó que pese a estos marcos normativos o mecanismos como las alertas como herramientas de búsqueda inmediata como la “Alerta Ángel Desaparecido”, que es la “Alerta Amber” que opera en todos los países del mundo, han ido perdiendo protagonismo en la búsqueda de personas desaparecidas, con el agravante que las autoridades fiscales y policiales ya no brindan información a los familiares que buscan el paradero de sus serese queridos. “Las organizaciones sociales que ven casos de la guerra han luchado por años para lograr una Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado y personas adultas desaparecidas. Y esto debería ser un sólo mecanismo, una sola instancia que aborde desaparciones de la guerra y las actuales. Obviamente, con sus modalidades y mecanismos diferentes”, argumentó.
Como Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador, Navas comentó que ante el contexto de la violencia social y de agentes estatales, se encuentran trabajando en la construcción de una propuesta de ley para la búsqueda de personas desaparecidas.
“A partir de que ya existe un protocolo de acción urgente de búsqueda, que si bien ha funcionado parcialmente y particularmente en San Salvador, es necesario que se reconozca la desaparición de personas con estas modalidades diferentes aunque la legislación penal ya contiene la desaparición de personas como un delito”, indicó Navas.
“Así como la desaparición de personas por terceros que no son agentes estatales están reconocidos como delito y la privación de libertad, pero la verdad es que no existe un mecanismo de búsqueda de personas, lo que tenemos es a la Fiscalía y PNC que reciben los casos de personas y el tratamiento que le dan es más enfocado a investigar el delito y menos para buscar a la persona desaparecidas”, observó.
Con esta propuesta de ley, manifestó Zayra Navas, el objetivo principal es la creación de mecanismos que se articulen entre sí. Uno para buscar de acuerdo a la condición que fueron desaparecidas las personas, que podrían ser pandillas, crimen organizado u agentes estatales. Y en segunda intancia, el funcioanamiento del sistema de justicia.
“Es una interrelación importante en todo esto, que las víctimas tengan participación en estos mecanismos y toma de decisión. Así como, crear un sistema de búsqueda y que las víctimas sean resarcidas, atendidas y se den primero auxilios psicológicos y que les garanticen sus derechos”, puntualizó Navas.
