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Yaneth Estrada
@caricheop
El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó su Diagnóstico sobre el Estado de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción en El Salvador, de enero a diciembre de 2019.
Según los indicadores del índice de Estado de Derecho del The World Justice Project 2019, que evalúa entre otros factores la ausencia de corrupción y gobierno abierto en distintos países; El Salvador obtuvo un porcentaje de 0.40 de 1 en ausencia de corrupción, reflejando una disminución mínima respecto al 2018 (0.42 de 1). Además, esta ubica a El Salvador en la posición 91 de 126 países evaluados, y en cuanto a mediación de gobierno abierto, la puntuación bajo de 0.52 a 0.51 en relación al 2018.
En septiembre de 2019, Transparencia Internacional público su Informe Barométrico Global de Corrupción, que se basa en la opinión pública. En relación a la percepción de corrupción en El Salvador, el 14 % de la población que ha tenido contacto con determinados servicios públicos manifestó haber pagado un soborno, principalmente en los sectores de seguridad, educación y salud.
Asimismo, de acuerdo al Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) que publicó la edición 2018-2019 de su Encuesta Barométrica de las Américas, la cual incluye datos sobre la percepción y victimización de la corrupción, así como la libertad de expresión, los resultados reflejan que el 31.7 % de los salvadoreños percibe que todos los políticos están involucrados en corrupción; el 48.1 % considera que la corrupción está muy generalizada y el 11.7 % expresó que fue víctima de corrupción durante el último año, siendo esto un aumento en comparación a la medición anterior 2016 (9.8 %).
Las recomendaciones
Entre sus conclusiones más importantes, el consorcio enfatizó que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tiene el rol de ser el ente garante del acceso a la información pública, este derecho derivado de la Constitución debe respetarse y esto se logra -en parte- con una cultura de transparencia de parte de las instituciones públicas, en especial de sus autoridades.
También señala que la Corte de Cuentas de la República (CCR), como órgano fiscalizador de los fondos públicos, debe tener un papel más activo en el control de la ejecución de los presupuestos por parte de las instituciones, hacer de la Corte una institución clave en la detención temprana de posibles actos de corrupción.
Señalaron, además, que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia es la encargada del combate el enriquecimiento sin causa; por lo tanto es urgente que se apruebe una Ley de Probidad que regule los procedimientos idóneos a seguir para sancionar estos actos que estén acorde a la disposición constitucional e incluye el juicio civil por enriquecimiento sin causa.
Por otra parte, reconocieron como urgente que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley de Servicio Público, que garantiza el ingreso a la administración pública bajo procesos transparentes y meritocráticos e investigar supuestos caso de corrupción de expresidentes.
En materia de libertad de expresión fueron claros: esta debe ser respetada y el Estado salvadoreño debe garantizar que las opiniones públicas y de los medios no sean censurados, ya que la libertad expresión es uno de los pilares fundamentales en los que se cimienta la democracia. A la vez, instó a todas las instituciones a actuar con transparencia y a la ciudadanía a continuar ejerciendo su rol vigilante.
