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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Representantes de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que el próximo martes 19 de julio, agentes del Estado salvadoreño rendirán un informe sobre las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (ONU) sobre sus acciones para cumplir con sus compromisos internacionales derivados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El Comité de Derechos Humanos es el órgano derivado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que está integrado por un grupo de expertos independientes, quienes escucharán y harán observaciones a la rendición de cuentas de El Salvador ante la comunidad internacional.
“Hay que dejar claro, realmente el examen que le harán al Estado salvadoreño desde el Comité de Derechos Humanos será sobre una serie de derechos vinculados a la esfera del derecho a la vida, a la integridad personal y derecho a la libertad”, explicó Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Asimismo, señaló, que del 7o . Informe periódico de El Salvador sobre el cumplimiento del PIDCP, en mayo de 2018, derivaron 16 recomendaciones en sus Observaciones Finales (CCPR/C/SLV/CO/7), y que de estas indicaciones le pidieron al Estado salvadoreño facilitar información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité de DDHH.
“Son 16 recomendaciones pero priorizaron 4 temas : emergencias obstétricas, justicia transicional ( graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado), ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas o involuntarias (todas las desapariciones ocurridas en el conflicto armado y en la actualidad), que pudieron ser cometidas por particulares presuntamente por grupos criminales”, refirió Rubio.
Y lo más importante, indicó Rubio, era la responsabilidad del Estado salvadoreño de investigar, resolver los casos y reparar a las víctimas, que aún permanecen en deuda.
Sobre la evaluación del Comité de DDHH, para el próximo 19 de julio, adelantó que serán evaluadas las recomendaciones que se realizaron el año 2018, administración de Sánchez Cerén y la actual administración de Nayib Bukele, que era una situación habitual “Porque los tiempos del Comité de Derechos Humanos de la ONU coinciden con los tiempos políticos y mandatos de El Salvador”, manifestó.
El Comité de Derechos Humanos, en el párrafo 16 de sus recomendaciones indica: La “urgencia” de legislar con respecto al aborto para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo o cuando llevar a término el embarazo podría ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada”.
“Para nosotros es importante recalcar que estas recomendaciones que realizó el Comité, el mismo que ha instado al Estado a modificar su legislación con respecto al aborto, quiero hacer énfasis que también el Comité, le indica al Estado a suspender de forma inmediata la criminalización de mujeres por el delito del aborto”, dijo Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
“En este contexto de retrocesos democráticos, en donde como sociedad civil organizada, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, que nos enfrentamos a una serie de ataques y estigmatizaciones. También, en materia de despenalización del aborto vemos grandes retrocesos con la instalación de la bancada oficialista (Nuevas Ideas) que mandaron al archivo importantes reformas de ley como Reforma Beatriz, que era una propuesta a la despenalización del aborto por cuatro causales”, relató García.
De la misma forma, Antonio Aguilar, abogado de CRISTOSAL, compartió que entre las recomendaciones sobre “graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado”, -el Comité- le sugirió al Estado salvadoreño dar recursos financieros y técnicos para realizar las investigaciones a estos casos que ocurrieron en el contexto del conflicto armado y la garantía al acceso a toda información vinculada a los archivos de la Fuerza Armada, que no fue cumplido y han generado más obstáculos a su acceso.
También, dijo, “En cuanto a garantizar la total protección, seguridad personal e independencia del Fiscal General, que incluye la total implementación de las medidas cautelares concedidas por la CIDH y tomar medidas necesarias para prevenir actos de intimidación contra funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil”.
Y en cuanto a la búsqueda de las personas desaparecidas, agregó Antonio Aguilar, “se deben proporcionar recursos adecuados para este fin, que incluye la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desparecidos durante el Conflicto Armado Interno. Y que se considere ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada”, manifestó.
En el mismo orden, el abogado Danilo Flores del IDHUCA abordó el párrafo 22 de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, sobre : Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas, destacando la petición al Estado salvadoreño de fortalecer el rol de la Policía Nacional Civil, en sus funciones de mantenimiento del orden público y asegurar la investigación de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de manera pronta y exhaustiva.
“Ante las preocupaciones del Comité de DDHH, el Estado no aporta datos a las recomendaciones del Comité solo ha hecho referencia al Plan Control Territorial, al que estaba comprometido con acciones para contener las presuntas violaciones por las cuales fue señalado El Salvador y con las ejecuciones extrajudiciales menciona únicamente resultados positivos, pero no aporta datos ni información concreta que revele esos avances”, sostuvo Flores.
Con el informe que las organizaciones de la sociedad civil, presentaron sobre diversas violaciones, Flores, agregó que el Estado está lejos de adoptar medidas que fortalezca el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, y por el contrario ha debilitado el rol de la Policía Nacional Civil y ha destinado mayores recursos para fortalecer la Fuerza Armada (FAES).
Y sobre el Plan Control Territorial se desconoce su contenido, que solo saben que tiene 7 fases y hasta la fecha solo se han conocido 4 , que plantea supuestamente a la PNC y FAES en tareas de seguridad pública, que está en contra de las recomendaciones que hizo el Comité de DDHH de la ONU, que se evidencia en un aumento presupuestario que pasó del año 2018 de 174 millones de dólares para la FAES a 256 millones de dólares.
“En términos generales nuestras organizaciones concluyen que la lógica y el Plan Control Territorial es contraria a las recomendaciones del Comité, porque dicha política no permite a la PNC, las acciones de mantenimiento del orden público. Hasta abril del 2022 teníamos registros de la participación de 8, 626 militares en tareas de seguridad pública”, acotó Flores.
En relación al papel del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, en el marco del Estado de Excepción, que lleva tres meses y que ha generado más de 45 mil detenidos, 50 personas muertas en los centros de detención y posibles casos de tortura en los centros penales, Héctor Carrillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia de FESPAD, destacó la importancia de estos exámenes a los Estados.
“El Estado de El Salvador es lo que el artículo 1 de la Constitución de la República dice o es simplemente una estructura de poder organizada que hace lo que se le antoje dentro de un determinado territorio, esa es la pregunta que se debe atender al llamado de los organismos internacionales, como el Comité DDHH, que pregunta si está cumpliendo con su rol que es la seguridad jurídica, el bien común y la justicia”, expresó.
Con el rol de la PDHH, advirtió, “No ha sido capaz de detener las múltiples violaciones de derechos humanos que hemos conocido a través de medios de comunicación y las denuncias de la ciudadanía y organizaciones sociales, esto nos debe servir de reflexión a la sociedad y al procurador que la institución no está funcionando”. Para Carrillo, el llamado es para el procurador (Tobar) que se reunió con altos funcionarios del gobierno a aprovechar los vínculos para tratar la situación que vive el país en el marco del Estado de Excepción y buscar la forma de detener cualquier acción violatoria contra el pueblo salvadoreño.
