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Nelson de Jesús Quintanilla Gómez,
Sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Mención Gerencia y profesor
Universitario de la UES en la FMOtal, San Miguel.
El pasado viernes 13 de diciembre, después de una serie de discusiones y reclamos por parte del FMLN a los dictámenes complementarios a la aprobación del presupuesto del próximo año, la Asamblea Legislativa aprobó con 61 votos, el gasto de la nación para 2020 con emisión de deuda por $645.8 millones, para financiar las partidas que no logran ser cubiertas con ingresos corrientes del Estado, pero además perdonando la deuda de los evasores y la eliminación de trece programas sociales impulsados por gobiernos del FMLN que beneficiaban al pueblo.
El PGN alcanza la cifra de por $6,426.1 millones, y fue aprobado tal como fue presentado por el presidente de la República, Nayib Bukele a través del Ministerio de Hacienda.
El Gobierno había pedido $755 millones de financiamiento extra para el gasto, pero avalaron una Ley de Amnistía Fiscal transitoria para bajarlo en $110 millones. Esto por supuesto beneficia a los empresarios que no pagan sus impuestos; el FMLN no respaldo ninguna de esas propuestas porque son parte del “pacto oscuro” de las derechas para hacer valer sus intereses económicos y de clase.
La diputada Nidia Díaz, jefa de fracción del frente dijo “El FMLN hubiese votado en forma oportuna si se hubieran superado una serie de situaciones que afectarán a la población salvadoreña. Este presupuesto no trae muchas cosas y afectará a más de 4,000 personas y sus familias”.
El proyecto de PGN por el Ejecutivo el 30 de septiembre fue objeto de varias observaciones que diputados y analistas económicos, pues señalaron inconsistencias y hasta transferencias de dinero que podrían ser consideradas inconstitucionales. Esas transferencias de dinero son la trampa mentirosa del presidente para decir que ha eliminado los gastos reservados de presidencia.
Los diputados de la Comisión de Hacienda sesionaron desde el jueves 12, junto a la jefa del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes para concretar los acuerdos, mientras la plenaria seguía su curso.
En esta reunión los partidos de oposición hicieron varias observaciones al presupuesto, especialmente a los préstamos de $91 millones y otro de $109 millones para el plan Control Territorial, solicitados por el presidente Bukele. Sin embargo, el frente fue excluido de esas negociaciones por tener una posición coherente a favor de la clase trabajadora y no de los empresarios.
Las condiciones del préstamo por $91 millones serán a veinte años plazo, mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas, con los montos, las fechas y tasa de interés que el BCIE determine, según el decreto aprobado en la plenaria del viernes 13/12/19.
El FMLN, quien había hecho varias observaciones al presupuesto, votó en contra. “El pacto de la derecha y el Gobierno se consuma al aprobar un presupuesto ilegal, mentiroso, un retroceso en términos de transparencia. Han votado por una Ley de Salarios y el despido de miles de empleados, y dejan sin el sustento a sus familias”.
En las líneas de acción del PGN se contempla en su literal “m” Derechos Humanos en lo que se establece Fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos; revisar y adecuar las políticas públicas, planes y programas con el objeto de las acciones que se impulsen contengan el enfoque de derechos humanos y mantengan consistencia a lo largo del ciclo presupuestal; asegurando además que dichas acciones cuenten con financiamiento y recursos adecuados.
Se plantea que la elaboración de políticas, planes y programas especializados de reparación, recuperación, restitución y atención integral a las personas víctimas y sus familiares, con participación de las mismas y con enfoque de derechos humanos; esto en teoría está muy bien, pero en la práctica lo que se aprobó violenta derechos humanos y sobre todo laborales de muchos salvadoreños y salvadoreñas.
En el PGN aprobado no se asegura crecimiento de la producción ni mayor empleo, afectando indicadores sociales que en gobiernos anteriores del FMLN estuvieron garantizados; en la introducción al mensaje del proyecto de presupuesto 2020 solo se habla de prioridades en materia de salud, educación y seguridad, como si los demás aspectos sociales, la economía y el medio ambiente no fueran prioridades del gobierno de Bukele.
Según el presupuesto aprobado los mayores aumentos se darán en los ministerios de Defensa, Gobernación, Salud y Seguridad, que crecerían 26.79 %, 15.1 %, 12.4 % y 11.1 % respectivamente, para el resto de ministerios habrá reducciones, cero aumentos o incrementos poco significativos.
Por primera vez después de muchos años el gasto de defensa registra un aumento, en este caso de $26.6 millones. Dicho aumento supera los presupuestos totales de los ministerios de cultura ($22.6 millones) y medio ambiente ($15.1 millones). Pareciera que volvimos a los años de la guerra, el Ministerio de Defensa no tienen funciones de orden público salvo que la Asamblea se las otorgue temporalmente y para aspectos muy específicos, por tanto su aumento no tiene sentido ni tendría impactos positivos.
El presupuesto de la Universidad de El Salvador que en 2019 aumentó $13.1 millones de dólares (15.5 %), para 2020 se mantiene igual y el rubro de salarios aumenta en $2.3 lo que implica que el presupuesto de la UES queda estancado aun cuando el presidente Bukele en campaña dijo que aumentaría el presupuesto de la UES, es una bofetada a los nayilibers de la UES y un engaño más a la comunidad universitaria.
El presupuesto suprime y recorta programas sociales, y con ello se despide a muchos trabajadores del Estado lo que violenta derechos humanos y derechos laborales de una buena parte de la clase trabajadora y deja sin sustento a muchas familias salvadoreñas, quedaran sin pensión 3,833 mayores de 70 años en pobreza extrema, ya que el programa de Pensión Básica Universal se recorta en $2.3 millones.
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