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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador realizó un conversatorio para socializar los puntos claves de la propuesta de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado que fue presentada ante la Asamblea Legislativa el año pasado; actualmente la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa estudia el tema.
Este anteproyecto de Ley de Justicia Transicional no es el primero que se presenta ante el Legislativo, ya que, desde años, las organizaciones han promulgado iniciativas para garantizar una reparación de las víctimas del conflicto armado, que estiman son alrededor de 75 mil, ya que no existe como tal una cifra oficial.
Según explicaron los representantes de la Mesa, la ley tiene por objeto establecer medidas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño relacionadas con el derecho a conocer la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas durante el contexto del conflicto armado de El Salvador.
Justamente, en el apartado del derecho a conocer la verdad, establecen este derecho no solo debe reflejársele a las víctimas, si no también, a la sociedad en general.
«La sociedad también tiene derecho a conocer la verdad íntegra y completa sobre los hechos ocurridos en el contexto armado, sus circunstancias específicas, cómo se desarrollaron y quiénes participaron en ellos», dice el anteproyecto de ley.
Irene Gómez, abogada de Justicia Transicional de Fundación Cristosal resaltó los 5 pilares fundamentales que una Ley de Justicia Transicional debe de garantizar: «la justicia, la verdad, la reparación las garantías de no repetición y la memoria histórica, así como darle la importancia debida para las víctimas del conflicto armado».
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos recibió desde octubre la propuesta de las organizaciones, pero fue apenas hace unas semanas que empezaron a tocar el tema. Pero de la manera que a ellos les conviene, expresó Irene Gómez.
La Comisión de Justicia de la Asamblea, controlada por Nuevas Ideas, actualmente no tiene un anteproyecto de ley que los diputados hayan elaborado, por lo que, la instancia legislativa escucha a las organizaciones previendo, para elaborar un marco normativo, pero la Mesa pide que se tome como base su anteproyecto de ley, ya que fue elaborado de la mano con las víctimas.
El próximo lunes, la Comisión de Justicia recibirá a la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández» y a la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos Durante el Conflicto Armado (Pro-Búsqueda). El representante de esta última organización, Eduardo García, sostuvo que irán a promover la Ley de Justicia Transicional presentada en octubre.
García agregó que plantearán los aportes que han realizado desde la creación de Pro-Búsqueda, específicamente con relación de los niños desaparecidos. Así como la exposición de otros marcos normativos que son complementarios con la Ley de Justicia Transicional, como una ley que permita un banco de ADN para reestablecer familias o para identificar osamentas de personas desaparecidas.
Además, según comentó García, buscan la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños durante el Conflicto Armado del El Salvador. También, un Decreto Ejecutivo para conformar una comisión revisora de archivos militares que pueda servir para analizar la información que existe y dar a conocer la verdad y devolverle el honor a la Fuerza Armada que perdió en el conflicto armado «y realmente llevar a este país a la reconciliación».
Según los datos que maneja Pro-Búsqueda son cerca de 3 mil niños las víctimas del conflicto armado. Las denuncias que ha acobijado dicha institución son 1,026 niños y niñas desaparecidos de los cuales, ya se resolvieron 463 casos. «El 85% de esos casos los hemos hallado con vida, por eso merece la pena escuchar a una asociación conformada por víctimas de desaparecidos», comentó García.
Esta Ley de Justicia Transicional establece un proceso penal contra los victimarios, y los que dieron la orden de ejecutar las masacre, pero también ASEGURÓ García que se podría abrir un espacio para la interlocución de las víctimas y responsables del hecho, si deciden perdonar o no, la pena, «esa potestad la debe tener la víctima», pero no debe haber un perdón absoluto, porque eso generaría una amnistía nuevamente, finalizó, Eduardo García.
