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Barranca La Periquera, cantón Sisimitepet Pushtan, Nahuizalco, Sonsonate. Foto Diario Co Latino/Archivo

El río Sensunapán resguarda bienes naturales y ancestrales

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Sofía Marlene Morán nació en el cantón de Sisimitepet, municipio de Nahuizalco, Sonsonate, descendiente del pueblo Náhuat, ha vivido a los márgenes del río Sensunapán, así como lo hicieron en su momento sus abuelos y padres, y estableció un vínculo intangible de los bienes naturales y las comunidades indígenas con este afluente.

“Somos de las comunidades indígenas de Sonsonate y rechazamos el proyecto de la Pequeña Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II, de la empresa Sensunapán, que quiere construir en el cantón Sisimitepet Pushtan, en el lugar que se conoce como La Periquera, una represa, y allí viven cientos de estas aves, es una reserva biológica y es donde muchas comunidades residen”, dijo Morán.

El Comité para la Defensa de los Recursos Naturales de Nahuizalco, junto a miembros de la UNES, expresaron su negativa ante la pretensión de la empresa Sensunapán S.A de C.V. de construir una nueva represa. Un dique de veinte metros de altura, que afirmó Morán inundaría la cueva de La Periquera, al explicar que han tenido acceso a datos del proyecto. Obra que no solo afectaría a las aves, sino también garrobos, cuzucos, gatos de monte y serpientes, entre otros animales silvestres.

“La empresa no ha explicado que el tubo y canaleta que piensan construir para tomar el agua del río Sensunapán dejaría aproximadamente 4 kilómetros completamente secos. Somos testigos de lo que ocurre con este tipo de construcciones, lo hemos visto en la represa Nahuizalco I, la Planta Cucumacayan, en el mismo cantón Sisimitepet, allí está seco y somos testigos que toman toda el agua del río, pese a que la ley exige que dejen una parte liberada, pero no lo cumplen”, acotó.

El río Sensunapán tiene una longitud de 16 kilómetros, que inicia en el municipio de Juayúa y finaliza en Acajutla, para desembocar al océano Pacífico. Se considera el río más grande del departamento de Sonsonate y sus aguas son utilizadas en un 64 % para la agricultura y que por la contaminación por aguas negras o químicos provenientes de madurantes y herbicidas de monocultivos lo mantiene constantemente en “estrés hídrico”.

“A lo largo de la historia, este río nos ha abastecido y el vínculo patrimonial en la poza de Los Encuentros, la poza de El Jabío, lugares que han sido para pescar, bañarnos, lavar y abastecernos, que son cosas que desaparecerían por la construcción de la represa. La poza del Paso Hondo, que está entre los límites de Sonzacate, en donde la gente hace uso mayor del río porque no tienen servicio de agua potable en su casa, lo usan para sus necesidades básicas”, declaró.

Sobre la tala de árboles que se darían para la construcción de la obra, Morán consideró que estos constituyen un patrimonio natural por ser centenarios y diversos como los de jiote, voladores, tempisques, ojushtes, ceibas, amates y el tule para fabricación de artesanías, así como bejucos y plantas medicinales que conforman un legado natural.

Enrique Carías -de las comunidades indígenas- señala que el daño que ocasionaría la nueva represa podría ser irreversible para las comunidades, los bosques, los animales silvestres y río Sensunapán, por lo que apeló al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a cancelar esa obra en la zona.

“Es una situación difícil, estamos en invierno y hace un calor insoportable, aunque sea de noche -ya no podemos pensar en una orilla del río con brisa que corre en la ribera- ya no es así, hace un gran calor. Y la realidad del acceso al agua también es difícil, digamos en Sisimitepet Pushtan, el acceso al agua (cañería) es de cuatro horas cada dos días y, cuando no cae, recurrimos al río pero hay otras personas que no tienen agua en su casa y les toca usar el agua del río para todo y al represar el agua lo perdemos todo”, señaló Carías.

Luis González, abogado ambientalista de la UNES, que acompañan al Comité para la Defensa de los Recursos Naturales de Nahuizalco, indicó que se debe exigir a las autoridades tomar en cuenta las condiciones ecosistémicas de los lugares en donde desarrollan este tipo de obras extractivistas, las que comparten criterios con la minería metálica, aduciendo que no era igual hablar de explotación minera en Europa y El Salvador.

“En el tema de las represas no será igual hablar de Estados Unidos y El Salvador, porque en un país tan pequeño, tan degradado ambientalmente, tan deforestado y contaminado, una -pequeña hidroeléctrica- tendrá el impacto ambiental tan devastador como si fuera una hidroeléctrica en el primer mundo. En ese estudio la empresa miente en sus datos, para invisibilizar los impactos ambientales, sumado al cambio climático que afecta el país”, indicó.

Asimismo, descalificó el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa ante el MARN, en donde afirma que tomarán el agua para devolverla más limpia, lo que consideró una “falsedad” porque la rejilla del dique va a retener la biodiversidad y va a morir.

“Si hablamos de la bomba, no es que vayan a hacerlo filtrado; al contrario, al pasar por las turbinas para producir la energía hidroeléctrica, que se mezclará con aceites y otros químicos, contaminando el agua. Y entendamos, son cuatro kilómetros en donde el río no va a circular ese es otro impacto al río y la biodiversidad, que depende de esa agua como los animales y las plantas y seres humanos. Y porque las pequeñas represas entuban todo el caudal del río, este tipo de obras no son viables en el país”, acotó.

Salvador Recinos -técnico de la UNES- expresó la preocupación que una “cúpula empresarial” ha sido favorecida para realizar una consulta pública en el marco de una Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19, que impacta a los pueblos indígenas que por las disposiciones gubernamentales y falta de transporte público no han podido asistir a esas reuniones a expresar su rechazo a este tipo de obras.

“Consideramos que es grave lo que ha permitido el ministerio de Medio Ambiente a esta empresa; además, por la contaminación de los suelos con la caña de azúcar en la parte alta de la cuenca del río, las famosas quemas y la deforestación. Nosotros habíamos logrado instalar una Mesa de Diálogo, allá en noviembre del año pasado, e incluso participaban personeros del MARN, MAG, división Ambiental de la PNC, la PDDH y las organizaciones territoriales, teníamos realizadas tres reuniones para prestar atención a esta situación del río Sensunapán. Cuando el MARN, con la emergencia de COVID-19, como un golpe bajo aprobó a esa empresa iniciar el proceso de consulta pública, sin aviso previo, lo que evidencia los privilegios a esas cúpulas empresariales”, manifestó Recinos.

Para Sofía Morán y Enrique Carías -representantes de los pueblos indígenas- es importante que el Gobierno, a través del MARN y el ministerio de Cultura, retomen el mensaje y respeten a las comunidades indígenas y los bienes naturales. Así como, a la empresa hidroeléctrica que no ha infringido el concepto de una “consulta pública libre”.

“La empresa está induciendo a que la gente vote por la represa, pero hay mucha resistencia aún y esos talleres que han dado le quita la libertad de decidir a la gente, porque los están empujando. Y les pedimos que respeten lo que la comunidad quiere, porque una calle no es suficiente frente al impacto al medioambiente. Así es que si la comunidad dice no, es no”, agregó Morán.

Enrique Carías pidió al gobierno municipal unirse a la lucha que están realizando las comunidades para que la empresa hidroeléctrica cese el intento de la 8va represa en el río Sensunapán. Al ministro Fernando López, piden que respete la resolución de 2014, resolviendo a favor de las comunidades indígenas. Mientras, a Suecy Callejas, ministra de Cultura, le pidieron que se informe y visite el lugar. “Nosotros la invitamos a que vaya a Sisimitepet Pushtan y que bajemos al río, para que se dé cuenta de lo que estamos defendiendo y cambie su resolución que dio en 2019”, puntualizó Carías.

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