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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El régimen de excepción se presta para que personas inocentes sean detenidas y se les violente sus derechos, así lo catalogó la oposición y fue la razón principal para no brindar sus votos para una segunda prórroga a la herramienta estatal.
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, sostuvo que como oposición no se prestarán para que personas inocentes sigan pagando penas solamente “por una situación de cuota” que presuntamente tiene el Gobierno central para así completar una fase de comunicación y ocultar los millones que se le han aprobado al Plan Control Territorial.
El GOES, por su parte, no ha tenido una salida para combatir la delincuentica y se ha amparado en la herramienta de Estado para capturar hasta la fecha a más de 34 mil presuntos pandilleros, dicha acción facilitará su discurso el primero de junio.
El presidente de la República, Nayib Bukele, llegará el próximo miércoles 1 de junio a la Asamblea Legislativa para su rendición de cuentas de tercer año de gestión. Bukele ha tenido exactamente un año y un mes con todo a su favor, y ha impuesto el régimen de excepción para “combatir la delincuencia”.
Sin embargo, Francisco Lira sostuvo que la renta en los municipios “la siguen pagando”, además, según comentó, “el GOES conoce dónde viven los pandilleros, tienen contactos con ellos, ahí están los audios”, haciendo referencia a los audios que reveló el periódico digital El Faro entre pandilleros y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recalcó que “es evidente que hay una tregua entre el Gobierno y las pandillas, por tanto, consideró que el régimen de excepción tomada como una medida drástica, es una medida hipócrita, está bien que combatan el crimen, pero no terminan de explicar cómo es que falló el famoso Plan Control Territorial”.
La parlamentaria comentó que el régimen de excepción genera situaciones graves “que se veían incluso en el conflicto armado, no se le explica a la gente dónde están sus familiares, sabemos que hay gente inocente (detenida), el Estado es responsable de lo que les pase a las personas detenidas que son inocentes”.
Mientras que la voz oficial afirma que con el régimen de excepción los salvadoreños han dejado de pagar “la renta”, lo cual refleja indirectamente el fracaso del Plan Control Territorial.
“Estamos viendo grandes resultados por parte de este régimen de excepción en el combate a los grupos criminales que atentan contra la vida de inocentes”, detalló Francisco Villatoro, de Nuevas Ideas.
En ese contexto, la Fundación para la Aplicación del Derecho (Fespad) sostuvo que la solicitud para aprobar el primer régimen de excepción (27 de marzo) fue de “forma expedita y se suspendieron: el derecho de asociación y reunión, el derecho de defensa, la inviolabilidad de la correspondencia; y se amplió el tiempo de detención provisional.
“El régimen de excepción ha estado vigente por 60 días, el Gobierno ha presentado como éxito la captura de más de 30,000 personas; el aumento de los denominados enfrentamientos, y la incautación de dinero producto de la extorsión. Pero, al mismo tiempo, durante este período, se han realizado cientos de capturas arbitrarias; se ha incrementado el hacinamiento carcelario, y se ha registrado la muerte de más de una
docena de detenidos”, denunció la Fespad.
Esta organización social, pro derechos humanos, dijo que “ha quedado demostrado”, con la implementación del régimen de excepción, que el control absoluto de la institucionalidad del Estado, no ha permitido crear una política pública de seguridad para abordar las causas estructurales que generan las dinámicas de violencia en el país, entre ellas, la vinculada a las pandillas.
La Fespad Concluyó que el Plan Control Territorial “sigue siendo una herramienta publicitaria, y evidenciando que, tras él, las negociaciones con pandillas continúan vigentes”.
