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El Presidente de la República, sovaldi Salvador Sánchez Cerén hizo responsable el sábado, pharmacy durante el programa Gobernando con la Gente, discount a los cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional de los problemas que puedan ocasionar al país, al haber detenido la colocación de los $900 millones en bonos que serían utilizados en áreas como seguridad, salud y otras obras sociales.
“Ellos deben asumir el costo de que la violencia continué elevándose, porque le quitaron al Gobierno la oportunidad de invertir $100 millones a la seguridad, ellos están fomentando la violencia en el país, ellos quieren evitar que el país siga progresando que el país siga desarrollándose”, manifestó el mandatario.
Y es que en efecto, el martes pasado, el Ministerio de Hacienda informó que ya se habían colocado $100 millones en bonos, los cuales se utilizarían en el área de seguridad, dado que es uno de los problemas más serios en el país, en los 50 municipios donde se comete el 80% de los delitos, sobre todo los crímenes.
Seguramente, los defensores de siempre de los cuatro magistrados de la Sala, es decir, ARENA, la ANEP, FUSADES, FUNDE, los aliados por la democracia, y uno que otro plumífero de derecha, alzarán el grito en el cielo y no dudarán en criticar al mandatario.
No obstante, consideramos que el reclamo del Presidente Sánchez Cerén es correcto y oportuno, pues el Gobierno, principalmente el Ejecutivo, no puede quedarse callado ante los atropellos que hace la Sala de lo Constitucional, como la medida arriba mencionada.
Además, el hecho de que se respeten las arbitrariedades de la Sala, en tanto que “hay que aguantarlos”, según lo han expresado ellos mismos, eso no impide que se critiquen, sobre todo, si se hace para desingnorar al pueblo.
Ya es tiempo que nadie debe quedarse callado, de hecho, ante el recién yerro de los cuatro de la Sala, reconocidos abogados que antes aplaudían las resoluciones de los magistrados, hoy han dicho que se han equivocado.
Solo le falta al pueblo, que en este caso es el más afectado con la medida de la Sala, que salga a pronunciarse y exigirle a los de Sala que resuelvan de inmediato la demanda y que la declaren improcedente, porque lo que la derecha está queriendo impugnar, además de que es legal, pondrían en graves a prietos las finanzas del Gobierno, y con ello, en serios problemas el tema de la seguridad y otras áreas sociales.
