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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Una propuesta de contenidos fundamentales para la elaboración de un reglamento general para la atención de Juntas de Agua, fue lo que presentó el Foro del Agua; en ese contexto, la diputada del FMLN, Dina Argueta, destacó la importancia de que las Juntas de Aguas organizadas se pronuncien sobre las limitantes que tendrán en los territorios sobre el derecho humano al agua luego de aprobarse la Ley de Recursos Hídricos y ante la falta de un reglamento, deciden proponer.
La parlamentaria comentó que será la población que se abastece a través de las Juntas de Agua, la que se verá afectada con la Ley de Recursos Hídricos, la cual entró en vigor el pasado 12 de julio, ya que, así como quedó aprobada, a las Juntas de Aguas se les trata como empresas.
Argueta sostuvo que en la ley no se incorporaron las demandas de las Juntas de Agua, quienes buscaban ser declaradas como “de interés social”, ya que llevan el vital líquido a las comunidades donde el Estado no es capaz de hacerlo.
“La labor que las Juntas de Aguas realizan en las comunidades no es lucrativa; más allá de que le cobran un servicio a la ciudadanía, (este) no tiene que ver con un lucro, sino un mantenimiento del mismo sistema es una forma de sobrevivencia y que ahora venga el Estado, a través de la Ley de Recursos Hídricos, les imponga un canon (impuesto) y las catalogue como empresa es injusto no solo para las estructuras de las juntas, sino para la población, porque la misma ley reconoce el derecho humano al agua”, destacó Argueta.
Respecto al tema del cobro, aún no se conoce la cantidad que las Juntas de Agua deberán realizar, ya que aún no está listo el reglamento. “Creo que este tema irá cobrando mayor fuerza porque son más de 2,300 Juntas de Aguas en el país, y que abastecen a 1.4 millones de personas, sobre todo a las más vulnerables”, comentó Dina Argueta, quien fue integrante de la comisión ad hoc que estudió el tema del agua.
El reglamento para echar andar la Ley de Recursos Hídricos debe elaborarse y aprobarse por la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) en un máximo de 180 días luego de la entrada en vigor de la ley.
“El reglamento (debe) desarrollar aquellos artículos que en la ley solamente quedaron mencionados, como en el tema de las juntas; en la ley no tiene más que una definición, así como el tema de las autorizaciones, (en la ley) no está desarrollado cuánto es lo que le van a cobrar”.
Las Juntas de Agua aglutinadas en el Foro del Agua han brindado insumos a las autoridades para que el reglamento no les vaya afectar, pero se enfrentan a una negativa por recibirles y escucharles.
