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Redacción Nacionales
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La ahora procuradora de derechos humanos de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, ha estado en el ojo del huracán tras ser elegida para dirigir de nuevo a la institución, pues su nombre es sinónimo de “nepotismo”; ya que aprovechó su cargo para beneficiar a sus hijastras cuando estuvo en su primer periodo en la PDDH. Además, tuvo conexiones comerciales con el ahora jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, tras contratar a su empresa de comunicaciones.
El 23 de octubre de 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) precedida por Raquel Caballero, contrató a la empresa “Plan B” por $5,300 para el ‘Servicio de consultoría estratégica de comunicaciones’. Plan B era una de las empresas de Christian Guevara. Las fuentes de la PDDH explicaron que el objetivo del contrato era publicar notas que favorecieran la imagen de Caballero de Guevara en el periódico digital “Última Hora”, según planteó El Faro en uno de sus reportajes.
Además, diversas cuentas en redes sociales han cuestionado la elección de la procuradora, ya que su esposo, Marco Antonio Guevara Arévalo, trabaja en la Asamblea Legislativa y se supone que es primo o tío de Christian Guevara, diputado de Nuevas Ideas, quien promovió a Caballero a ocupar la silla de la PDDH. Marco Antonio Guevara Arévalo sigue trabajando en la Asamblea Legislativa, se destaca en el Centro Cívico Legislativo (CCCL), según confirmaron fuentes a este periódico.
El esposo de la procuradora, Guevara Arévalo, fue sancionado en 2016 por $969.60 por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ya que trabajó como director de la “Global Legal Information Network” de la Asamblea Legislativa y transgredió la prohibición ética regulada en el artículo 6 letra e) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG). Dicha legislación establece que está prohibido realizar actividades privadas durante la jornada de trabajo, salvo las permitidas por la ley. Y es que Guevara Arévalo intervino como apoderado especial o específico en un proceso de Declaratoria Judicial de Pérdida de Autoridad Parental tramitado en el Juzgado Cuarto de Familia de San Salvador, y compareció personalmente a las audiencias instaladas por ese Juzgado para emitir la sentencia de dicho proceso, en días de 2014 y 2015; tal como consta en una documentación remitida por el Juzgado Cuarto de Familia de San Salvador, según planteó el TEG años atrás.
Raquel Caballero de Guevara fue titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos durante 2016-2019, luego de un acuerdo entre las fracciones de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Cuando Raquel Caballero estuvo en la PDDH una de sus acciones fue mejorar el salario de su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla. Lourdes Guevara tenía una plaza de “jurídico”, pero Raquel Caballero la cambió a “asistente técnico”, con ello, el salario subió de $1,200 a $1,800 mensuales. Además, en enero de 2017, la administración de Caballero contrató a Xiomara Juana Margarita Guevara de Zelaya, su otra hijastra, como “asistente II”, con un salario mensual de $1,300.
Sobre esto, el TEG falló que la exprocuradora violó el artículo 6, literal H, de la Ley de Ética Gubernamental, el cual prohíbe nombrar, contratar, promover o ascender a familiares. Todo esto, le provocó a Raquel Caballero que diputados de la anterior legislatura promovieron una solicitud de antejuicio; sin embargo, no se tuvo éxito. En enero de 2019, el Tribunal de Ética informó que le impuso una multa de $1,006.80; mientras que en octubre de 2019 confirmó otras dos multas por un monto de $3,600.
La funcionaria estará en la silla de la PDDH hasta el 15 de octubre de 2025.
