Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Pobladores de El Mozote y sitios aledaños desarrollaron un acto cultural y conmemorativo para recordar la Masacre de El Mozote ocurrida en diciembre de 1981. Los pobladores esperan que los perpetradores sean condenados, tras la elevación del caso a la fase de plenaria.
En el Mozote, Morazán, pobladores desarrollaron un acto conmemorativo para ratificar la búsqueda de la justicia. La operación militar ejecutada por el Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador se realizó en diciembre de 1981 en la cual se exterminó a más de mil civiles, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.
Enma Vigil, una de las participantes e hija de una de las personas fallecidas en Arambala, Morazán, señaló que estos días, se recuerda la historia, la memoria y la impunidad.
“Cada año, la verdad es triste pero igual tenemos que estar recordando lo que pasó en 1981. Nos sentimos tristes y no quisiéramos que esto volviera a pasar porque la verdad nosotros estábamos pequeños, yo era la mayor de mis hermanos. “Necesitábamos a mi papá para seguir creciendo, pero lastimosamente la guerra nos quitó algo que jamás lo vamos a poder recuperar ni olvidar”.
“Recordar la Masacre de El Mozote no es abrir heridas, es reconocer una verdad negada”
Desde los cantones, realizaron una caminata hasta El Mozote para finalizar con el acto conmemorativo. La Asociación Promotora De Derechos Humanos El Mozote (APDHEM), quien organizó el evento señaló que recordar la Masacre de El Mozote no es abrir heridas, «es reconocer una verdad negada por décadas y reafirmar que las víctimas no han estado solas».
“Honramos la vida de quienes ya no están y la dignidad de quienes han sobrevivido, reconocemos el papel fundamental de las comunidades, de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, nacionales e internacionales. En este sentido, durante cuatro décadas se han sostenido las luchas con dignidad, cuidado y firmeza”.
“Un avance importante en un proceso largamente obstaculizado”
Nancy Guevara, secretaria de la APDHEM, señaló que la masacre se perpetró entre el 8 y 13 de diciembre de 1981 por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador. Las familias, comunidades y organizaciones acompañantes “han sostenido con valentía y perseverancia la lucha histórica por la verdad, la justicia y la reparación”.
Guevara destacó como un paso significativo hacia la justicia la reciente resolución del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, que ha elevado a plenaria el proceso judicial de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. “Esta decisión representa un avance importante en un proceso largamente obstaculizado y es el resultado directo del esfuerzo incansable de las víctimas y de quienes han acompañado su demanda legítima y de justicia”.
La APDHEM remarcó que el avance judicial “no es un favor ni una concesión”, sino “un cumplimiento de una obligación del Estado y una expresión del derecho de las víctimas a que los hechos sean esclarecidos, las responsabilidades establecidas y las garantías de la no repetición aseguradas”.
Como familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños reafirmaron que la justicia es una condición para la paz, no una amenaza para ella. “La memoria es una forma de resistencia frente al olvido y la negación y además la impunidad”.
“Aquí quedaron historias interrumpidas, sueños que no pudieron cumplirse”: procuradora de DDHH
La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, participó en el acto y celebró la decisión de la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera en elevar a la fase de plenaria el caso de la Masacre El Mozote. Todo esto, señaló, ha sido posible por la voz de Rufina Amaya, una de las sobrevivientes, quien fue una de las primeras en contar las masacres.
Rufina Amaya era oriunda del cantón Guacamaya, caserío El Mozote, en Meanguera, Morazán. Ella presenció cuando su esposo y sus cuatro hijos murieron a manos de soldados que irrumpieron en las casas del caserío para acabar con los pobladores.
La funcionaria sostuvo que el territorio de Morazán se “respira memoria”. “Aquí quedaron historias interrumpidas, sueños que no pudieron cumplirse, familias enteras asesinadas con una crueldad que el lenguaje apenas puede transmitir”.
«Hace 44 años, la barbarie intentó apagar comunidades enteras, borrar identidades e imponer silencio, pero ese silencio nunca triunfó y no lo hizo por ustedes, porque ustedes, con un amor inmenso y un coraje indescriptible, se negaron a permitir que la verdad fuera enterrada”, señaló Raquel Caballero de Guevara.
“Hoy honramos a cada niña, a cada niño, a cada mujer, a cada hombre, a cada persona adulta mayor asesinada en estos siete caseríos; pero honramos también con profunda admiración a quienes sobrevivieron y mantuvieron encendida la llama de la memoria. Y quiero decirlo con absoluta claridad: si hoy El Mozote es sinónimo de memoria viva, resistencia y verdad, es gracias a las mujeres, ellas han sostenido esta lucha desde el primer día. Fue una mujer que inició esto, Rufina Amaya, que con su voz quebrada, pero firme, rompió el pacto de silencio que rodeaba estos crímenes. Y después de ella hay otras voces esenciales que siguieron abriendo camino”, dijo Guevara frente a los pobladores.
La funcionaria sostuvo que desde la PDDH acompañan a las víctimas para la búsqueda de la verdad y de la justicia.
A inicios de la semana pasada se dio a conocer que el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños ha sido finalmente elevado a fase plenaria, según la resolución, notificada por la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, el 26 de noviembre de 2025.
búsqueda de la justicia. La operación militar ejecutada por el Batallón Atlácatl de la Fuerza
Armada de El Salvador se realizó en diciembre de 1981 en la cual se exterminó a más de mil civiles, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.
“Por primera vez en mucho tiempo, se abre la posibilidad concreta de que el alto mando de la Fuerza Armada y del Batallón Atlácatl de aquellos años, y quienes favorecieron la impunidad mediante la Ley de Amnistía General, enfrenten a la justicia. No es justicia plena aún, pero sí un avance significativo. Un verdadero hito en la justicia transicional de nuestro país”, enfatizó la procuradora.
A 44 años de la masacre, la Asociación Promotora de Derechos Humanos El Mozote reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas, exigir el proceso judicial, el avance con independencia y respeto y defender la memoria como un pilar para construir un país donde nunca más la violencia del Estado sea utilizada contra su propio pueblo.
La Asociación hizo un llamado para que esta nueva etapa procesal se conduzca “con la mayor agilidad, transparencia y responsabilidad para que finalmente se haga justicia real para las víctimas y sus familias”.
Estado en deuda
La procuradora de Derechos Humanos reconoció que el Estado salvadoreño sigue en “deuda profunda” con los pobladores de El Mozote. “Las medidas de reparación integral no son favores ni concesiones, son obligaciones jurídicas, éticas y humanas, derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y principalmente del derecho irrenunciable de las víctimas a la justicia”.
En ese contexto, hizo un llamado a varios ministerios del Gobierno central para que acelere la implementación de las medidas ordenadas. “No hay excusas válidas para estos retrasos, las personas que esperan no son expedientes; son madres, padres, hijas, hijos, hermanos y hermanas que llevan más de 40 años reclamando lo mínimo: verdad, justicia y reparación”.
Las masacres fueron cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío el Mozote, el cantón la Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, del departamento de Morazán.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base a los últimos listados de víctimas confeccionados por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, en base a testimonios de sobrevivientes y familiares, indican 1061 nombres de presuntas víctimas ejecutadas, de las cuales aproximadamente 54% eran niños y niñas, aproximadamente 18% eran mujeres adultas y aproximadamente 10% eran hombres y mujeres adultos mayores de 60 años.
Lo que ordenó la Corte al Estado salvadoreño
La Corte ordenó al Estado continuar con la plena puesta en funcionamiento del “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote” y adoptar las medidas necesarias para asegurar su permanencia en el tiempo y la asignación presupuestaria para su efectivo funcionamiento. Iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. Investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en impunidad.
Llevar a cabo un levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de inhumación o entierro a los cuales se deberá proteger para su preservación, a fin de que se inicien de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos y económicos adecuados, las exhumaciones, identificación y, en su caso, entrega de los restos de las personas ejecutadas a sus familiares. Implementar un programa de desarrollo a favor de las comunidades del caserío El Mozote. Garantizar las condiciones adecuadas a fin de que las víctimas desplazadas puedan retornar a sus comunidades de origen de manera permanente, si así lo desean, así como implementar un programa habitacional en las zonas afectadas por las masacres. Implementar un programa de atención y tratamiento integral de la salud física, psíquica y psicosocial con carácter permanente. Pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos.
Debe estar conectado para enviar un comentario.